Andalucía y Cataluña plantan al Gobierno por el déficit

Canarias y Asturias han sido las únicas que han votado en contra, mientras que Andalucía se levantado de la reunión por considerar inasumible su objetivo y Cataluña no ha asistido por estimar que no iba a haber negociación. Esto supone una mayoría "aplastante" para Montoro, quien ha dicho no estar preocupado por las negativas de esta tarde, ya que una cosa es la posición política y otra el cumplimiento de la ley. Al respecto, ha añadido que a las dos comunidades les interesa cumplir con los objetivos porque así se gana reputación y credibilidad, como al resto del conjunto de España. "Son posiciones políticas puras y duras", ha reiterado el ministro, quien ha descartado que esté preocupado por ese rechazo.

"Es equívoco lanzar el mensaje de responsabilizar siempre a alguien, en este caso al Gobierno central, de los males propios, en vez de asumir las consecuencias de la propia gestión", ha señalado Montoro, quien considera que Cataluña y Andalucía "están fallando a lo esencial del momento crítico que vive España".

Montoro ha presidido esta tarde la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha fijado los objetivos individuales de cada autonomía en materia de déficit y deuda para los próximos años, un encuentro que ha estado marcado por el plante de Cataluña y Andalucía.

La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha abandonado la reunión apenas una hora después del comienzo de la misma, a la que no ha asistido la Generalitat de Cataluña al entender que se quiere imponer a las autonomías las decisiones sin diálogo.

La consejera andaluza se ha mostrado perpleja por la información que le había transmitido el grupo de trabajo del Consejo porque plantea para la comunidad "unos objetivos de deuda que son, si cabe, más restrictivos que el de déficit y obligarían a tener un superávit de dos puntos por encima de PIB". Aguayo ha añadido que las cumplir con las condiciones de Gobierno central sería el equiparable a tener que devolver en un año el anticipo de los proveedores. Además, ha mostrado su absoluta disconformidad porque "es un objetivo de déficit desproporcionado cuya única intención es doblegar la voluntad de los andaluces".

La consejera ha adelantado que su Ejecutivo presentará recurso de inconstitucionalidad de manera inmediata contra las medidas tomadas en la reunión. "Andalucía siempre ha estado comprometida con la sostenibilidad fiscal, e incluso tuvo superávit en los años de bonanza, pero la sostenibilidad debe basarse siempre en unos criterios de justicia" que, según Aguayo, no se están cumpliendo en estos momentos. Ya en la anterior reunión del Consejo, celebrada el pasado 12 de julio, Andalucía votó en contra de los objetivos de déficit marcados por el Gobierno para los próximos tres años.

Montoro ha rechazado que se haya "agraviado" a Andalucía y ha destacado que la metodología es igual para todas las comunidades. Esta se basa en el cierre de 2011 de la deuda viva de todas las comunidades autónomas, al que se suma el objetivo de déficit para cada uno de los ejercicios, así como las liquidaciones negativas de los adelantos recibidos por las regiones en 2008 y 2009, ha explicado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien ha precisado que esta comunidad podrá endeudarse este año hasta 17.340 millones, el 12,07 % de su PIB; y en 2013 en 19.249 millones, el 13,2%.

Cataluña, por su parte, ha plantado al Gobierno central y no ha acudido ningún representante de la Generalitat a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha indicado que el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, se ha dirigido por carta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, pidiéndole una "rectificación" en sus políticas. Según Homs, si las instituciones europeas han modificado su postura ante la deuda del Estado durante las últimas semanas, lo mismo debe hacer el Gobierno porque la situación financiera de las autonomías es insostenible.

El de hoy ha sido el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado desde que tres cumunidades -Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña- manifestasen su intención de recurrir al fondo de liquidez autonómica. La Comunidad Valencia fue la primera en pedir la adhesión al mecanismo para hacer frente a los vencimientos de 2012 y atender el pago de otros proveedores, para lo cual solicitará 3.500 millones de euros. En el caso de Murcia, la ayuda será de 300 millones. La Generalitat catalana ha sido la última en confirmar que pedirá asistencia financiera, aunque sin concretar el monto de la misma. A la entrada de la reunión de hoy, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, ha dicho que están "estudiando el fondo de liquidez autonómico", las condiciones en que está constituido, aunque ha asegurado que no han tomado la decisión de adherirse al mismo a fecha de hoy y ya verán "en el futuro".

La constitución del fondo de liquidez autonómica fue anunciado por el Gobierno en la última reunión del CPFF. El pasado 13 de julio el Consejo de Ministros dio el visto bueno a dicho fondo, que dispondrá de un máximo de 18.000 millones de euros. De ellos, un tercio procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con cargo a ingresos futuros. Las entidades financieras aportarán 8.000 millones a través de préstamos y el Tesoro sumará los otros 4.000 millones. La gestión de las ayudas correrá por cuenta del Ministerio de Hacienda y del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

A cambio de las ayudas, las comunidades receptoras deberán cumplir unos estrictos requisitos presupuestarios y financieros, deberán presentar un plan de ajuste e informar puntualmente de la ejecución presupuestaria.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se produce un día después de que los 'barones' territoriales del PP dieran su respaldo a la agenda de reformas del Gobierno central y se comprometiesen unánimemente a cumplir el objetivo de déficit, cifrado en el 1,5% para este año. Además, acordaron remitir a los grupos políticos de las distintas comunidades una propuesta para eliminar los órganos institucionales no estatutarios que tengan su correspondencia a nivel nacional con el fin de evitar duplicidades y gastos innecesarios.