La ofensiva fiscal de Podemos y PSOE apunta ahora a las herencias

Resuelta la cuestión de la aportación de los grandes patrimonios al bienestar común con la creación del controvertido gravamen especial a las grandes fortunas, al menos en tanto el Tribunal Constitucional no diga lo contrario, PSOE y Podemos, los dos partidos que conforman la coalición de gobierno, han aprovechado la campaña de las autonómicas y municipales para señalar a los impuestos sobre las herencias y las donaciones entre familiares (impuestos de Sucesiones y Donaciones) como los próximos objetivos de su ofensiva fiscal contra los ricos.

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El PSOE plantea lo que denomina como una simplificación del impuesto, que básicamente persigue su armonización entre comunidades autónomas, para impedir estrategias fiscales que aligeren la carga fiscal como la de la Comunidad de Madrid, y también el establecimiento de cautelas legales para impedir que el patrimonio personal se acumule en sociedades, lo que pone en el punto de mira uno de los elementos básicos del impuesto: la bonificación del 95% en las transmisiones por causa de muerte de las acciones de una empresa familiar.

Podemos va más allá y plantea la supresión de todas las bonificaciones y deducciones del impuesto en el caso de las rentas más altas con el objetivo de «tratar de equiparar la fiscalidad sobre el capital con la del trabajo, que ya soportan suficientes cargas», asegura Txema Guijarro, portavoz económico de la formación.

El fondo de ambas propuestas es similar: aumentar la aportación fiscal de las herencias a los ingresos de las Administraciones Públicas.

Según los datos que se recogen en el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral de 2023 que anualmente publica el Registro de Asesores Fiscales (REAF), los ingresos anuales que obtienen las haciendas autonómicas por los impuestos de Sucesiones y Donaciones rondan los 2.500 millones de euros (aunque en 2021 la pandemia los elevó a 3.500 millones), lo que no llega a suponer ni el 2% de sus ingresos tributarios totales.

Las cifras muestran que su relevancia real en los ingresos autonómicos y, por tanto, su potencial para mejorar la redistribución de la riqueza es más bien limitado, pero no son muchos los expertos que abogan por su supresión.

«Al contrario de lo que ocurre con el Impuesto de Patrimonio, los impuestos sobre las herencias existen en casi todos los países desarrollados y tiene sentido mantenerlos», asegura Valentí Pich, presidente del Consejo General del Colegio de Economistas. «Eso no quiere decir que esté bien diseñado. Se ha quedado obsoleto. Debería ser más simple, con un mínimo exento más elevado y un tipo más bajo para evitar comprometer el ahorro de los particulares o la capitalización de las empresas».

«Nació con una función redistributiva, pero a día de hoy la ha perdido», asegura el catedrático de Derecho Financiero y Tributario y responsable del Comité de Expertos de Aedaf en materia de IRPF, José Pedreira. «Las mayores patrimonios no lo pagan y acaba aplicándose sobre familias que han acumulado dos o tres millones de euros con los ahorros de toda una vida y cuyos herederos acaban teniendo que pagar a Hacienda más de un 30% de lo heredado».

Pedreira cuestiona abiertamente que se haya llegado a un punto en que haya herederos que tengan que renunciar a sus herencias o perder parte de su patrimonio por la operativa del Impuesto de Sucesiones y advierte de que la estrategia de armonizar el gravamen para subirlo que se plantea desde la izquierda puede acabar con contribuyentes saliendo en dirección a otros países.

La mayoría de los gobiernos autonómicos han decidido ir por otra parte. Según el REAF, la tendencia generalizada en los últimos años ha sido a bajar los impuestos hasta reducirlos a una cantidad simbólica en las herencias entre padres e hijos o con los cónyuges, lo que sucede en una docena de comunidades autónomas con la excepción de Aragón, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Algunas ya han abierto el camino para bajar las cargas también en las herencias a familiares más lejanos o personas ajenas a la familia. El PP, por su parte, aboga por avanzar en ese camino: eliminando de cargas fiscales las herencias a familiares directos.

La tendencia pone sobre la mesa otro riesgo: el de desfiscalización o vaciamiento del impuesto. «El de Sucesiones es uno de los impuestos más justos que existen porque grava una ganancia patrimonial que viene caída del cielo», sostiene Jesús Rodríguez Márquez, director de Práctica Tributaria de Ideo Legal y exdirector de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales. También es partidario de reformar el impuesto, bajando los tipos y tocando la bonificación a la empresa familiar. «Si su objetivo es impedir que se descapitalice la compañía, tal vez debería estar modulado y que la bonificación fuera menor cuanto mayor sea el valor de la compañía porque en empresas muy grandes el riesgo de descapitalización desaparece».

«Su diseño actual va en contra del desarrollo económico», advierte Joan Torres, presidente de la Federación Española de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales. «En la actualidad se hereda con 65 o 70 años, tal vez sería bueno plantearse desfiscalizar las herencias para favorecer el emprendimiento de los nietos», concluye.