Montero obliga a los altos funcionarios de Hacienda a dejar registro de sus contactos con empresas a raíz del 'caso Montoro'

Lo hará dentro de un nuevo protocolo interno de actuación en el que el Ministerio está trabajando, según ha revelado este martes la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y han confirmado a ABC fuentes de Hacienda, y que se aplicará a todos los niveles técnicos de esa dirección general, formada en su mayoría por altos funcionarios del Ministerio. No aplicará sin embargo a los niveles de dirección política del Ministerio, los secretarios de Estado y el titular del mismo, que quedarán al margen de este ejercicio de transparencia.

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Fuentes del Ministerio aseguran que el objetivo del protocolo será «reforzar la transparencia y garantizar que quede constancia de cualquier reunión que se produzca con empresas«, una dinámica habitual en una dirección general que tiene una relación directa con los contribuyentes, ya que es entre otras cosas al que le corresponde resolver las dudas de estos sobre la aplicación del sistema tributario y evacuar las consultas vinculantes que se les presentan cuando hay dudas razonables sobre la aplicación de una determinada norma tributaria por parte de los contribuyentes.

El 'caso Montoro' ha puesto sin embargo en el punto de mira los estándares de actuación de la Dirección General de Tributos, al despertar sospechas sobre si esa relación directa con los contribuyentes puede llegar a amparar o habilitar comportamientos que escondan tratos de favor hacia un determinado contribuyente o sector.

De hecho, las únicas medidas firmes que ha adoptado el Ministerio de Hacienda desde que estalló el caso apuntan en esa dirección, ya que ha decretado el cese del que ha sido durante los últimos 20 años con ejecutivos socialistas y populares subdirector general de Tributos Locales del Ministerio, Óscar del Amo, que tuvo que informar por sus atribuciones el cambio regulatorio que ha puesto en cuestión el 'caso Montoro', y el relevo del que fuera director general de Tributos en esa época, Diego Martín-Abril, en el Consejo de Defensa del Contribuyente.

Las sospechas despertadas por el caso Montoro han provocado una parálisis de la relación entre Hacienda y las empresas, cotidiana y permanente en un marco fiscal que se caracteriza por la inseguridad jurídica y la inestabilidad, según confirmó ayer Aedaf.

La asociación quiere impulsar una reflexión sobre el actual marco de regulación de las consultas tributarias, el principal cauce que tienen los contribuyentes para trasladar a Hacienda sus dudas en la aplicación de los impuestos, dos décadas después de su última modificación. Este martes ha presentado un documento en el que aboga por reducir los plazos de respuesta, que la ley establece en seis meses pero que en muchas ocasiones se dilatan mucho más allá; que se establezca un sistema semiautomático para resolver las más sencillas; y que se instaure el silencio positivo en algunas cuestiones.

«Era necesaria una reflexión sobre este asunto que está generando gran inseguridad a los contribuyentes», ha asegurado Ignacio Arráez, portavoz de Aedaf. La asociación propone segmentar las consultas para responder de forma rápida las más simples y emplear más tiempo en el análisis de las más complejas, garantizando también seguridad jurídica de forma que los cambios de criterio de Hacienda no se apliquen con carácter retroactivo o que los tribunales no puedan alterar una liquidación fiscal cuando se cuestione un criterio asentado por una consulta tributaria.