El oasis burocrático

En un mensaje reciente en el blog Marginal Revolutions, del economista Tyler Cowen, su colega Alex Tabarrok analizaba un patrón común en las economías emergentes o en desarrollo: los salarios del sector público son mucho más altos que los del sector privado. Esto genera un drenaje de talento hacia empleos estatales más rentables y seguros, a costa del dinamismo empresarial y de la productividad general de la economía. Tabarrok cita casos como India, Grecia o Brasil. El caso español no aparece en su análisis. Y sin embargo, debería.

Aunque España presume de ser la cuarta economía del euro, hay aspectos en los que sólo somos un país BRIC y no me refiero a nuestra vida política, como sugirió Trump. Nuestra economía presenta una brecha salarial entre lo público y lo privado que recuerda más a estructuras clientelares y poco eficientes típicas de países menos desarrollados. Según datos del Banco de España, los empleados públicos ganan de media un 24% más que los privados, frente a una media del 8% en la eurozona. El INE confirma que el salario medio bruto mensual en el sector público supera los 2.800 euros, mientras que en el privado ronda los 1.950 euros. La diferencia se agrava entre las mujeres y los trabajadores de baja cualificación: hasta un 29% más por igual nivel formativo.

Esta situación incentiva un trasvase de capital humano hacia la Administración, no por vocación de servicio, sino por pura racionalidad económica. El resultado es una competencia desleal entre sectores: el talento se aleja de la iniciativa privada, con sus riesgos y menor retribución, y se refugia en oposiciones y plazas fijas. Se empobrece así el tejido productivo, se reduce el espíritu emprendedor y se cronifica una economía de bajo valor añadido.

Esta distorsión también tiene efectos fiscales: mantener una administración sobredimensionada y mejor pagada que el sector productivo genera tensiones presupuestarias que dificultan la inversión en educación, tecnología o transición ecológica. Además, erosiona la percepción de equidad entre trabajadores y fomenta un clima de frustración en quienes no pueden acceder al oasis del empleo público.

No se trata de recortar sueldos ni de despreciar al funcionariado. Pero una economía sana y avanzada no puede permitirse una brecha salarial que premia la estabilidad burocrática y penaliza la innovación. España necesita alinear sus incentivos laborales con su aspiración de modernidad. Mientras mantenga una estructura salarial típica de un país en desarrollo, seguirá arrastrando ineficiencias propias de ese estadio. jmuller@abc.es