ajuste de cuentas

Espionaje tributario y gobierno de consultoras

La imputación de Montoro revela dos de los tumores del Estado español

21/07/2025 a las 05:35h.

La la imputación de Cristóbal Montoro por la presunta utilización de Hacienda para favorecer intereses privados –incluyendo cambios legislativos y acoso a adversarios incómodos– no es un simple desliz ético, sino la confirmación de una práctica sistemática: poner al Señor de los Impuestos ... al servicio de las redes de poder. Ese abuso revela cómo la tutela política ha corrompido a los altos funcionarios del Estado. Montoro, ya en la línea de fuego judicial, habría convertido la Agencia Tributaria en su herramienta personal de espionaje: filtraciones selectivas, seguimiento a periodistas, presión a adversarios. Un instrumento no sólo de recaudación, sino de represión al servicio del poder. Este uso partidista del Fisco no sólo corrompe la institución: daña la democracia. Cuando los mecanismos técnicos de control y sanción se hacen eco de intereses políticos, la función represiva sustituye a la recaudadora. El resultado es un Estado que deja de ser árbitro y se convierte en botín de las disputas de poder.

Pero esta grave anomalía deviene en este caso en algo aún más siniestro: la captura del Gobierno por los despachos o consultoras. Hablamos de una plutocracia corporativa –esa que los politólogos llaman 'gobierno paralelo'– donde las 'Big Four' y decenas de consultoras medianas gobiernan 'de facto'. La imputación de Montoro y el evidente interés de esas firmas en cambios normativos a medida dejan al descubierto la otra red: un lobby sofisticado que dirige leyes, nombramientos y asignación de contratos públicos.

No es el fenómeno de la captura del regulador (la CNMC o el Banco de España, por ejemplo), sino la captura del Gobierno en pleno. Más allá de memorandos y presentaciones, las consultoras modelan políticas enteras: diseñan regulaciones, redactan leyes, y hasta dictan qué competencias deben tener las agencias públicas. Cuando el Gobierno delega su capacidad analítica y de iniciativa legislativa en estas empresas se quiebra la soberanía que a Rajoy tanto le importaba preservar frente al rescate.

El escándalo desnuda una deformación institucional doble. Por un lado, una Agencia Tributaria convertida en brazo represor. Por otro, un Gobierno capturado por intereses corporativos. Se trata de una dominación cruzada: política cooptada por grupos de presión, y burocracia instrumentalizada como fuerza de intimidación. España no necesita tecnócratas vendiendo informes en la clandestinidad. Tampoco Montoros capaces de utilizar los datos como arma. La reconstrucción democrática exige reformas estructurales: penalizar la politización de la actividad regulatoria, blindar la neutralidad técnica de la Administración, y acotar el peso de las consultoras en la elaboración de leyes y presupuestos. Si no actuamos, corremos el riesgo de entregar nuestras instituciones a una oligarquía funcionarial que nos agradece los privilegios que le hemos reconocido (inamovilidad, trato y recompensas) usando los datos para amedrentar a los que todavía se atreven a cuestionarlos. jmuller@abc.es