Hacienda fija una subida de sueldo a funcionarios del 9,5% en tres años en los Presupuestos Generales sin acuerdo con sindicatos

Concretamente, la oferta que trasladó el Ministerio de Hacienda a la mesa de negociación recoge tanto la oferta de subida salarial, similar a la realizada a finales de la pasada semana, como la mejora de las condiciones laborales que venían reclamando los sindicatos. Los representantes del colectivo y entre las que se encuentran una rebaja de la jornada laboral a 35 horas semanales, además mejoras para la promoción interna y para el acceso de personal laboral externo. El compromiso también recoge el desarrollo de la ley de Función Pública, mejores condiciones para el teletrabajo.

Pese a haber conseguido el Ejecutivo un acuerdo de mínimos con UGT y CC.OO., desde uno de los principales sindicatos del colectivo CSIF consideran la oferta insuficiente y advierten de que podrían no suscribir el pacto que se llevará al Presupuestos si no se establece un mayor incremento de los salarios que sirva para contener el rejonazo de poder adquisitivo que está asestando la escalada de precios.

La senda que finalmente se fijará quedó prácticamente perfilada en la última oferta que recogía una revalorización que podría llegar hasta el 9,5% entre 2022 y 2024. El ministerio capitaneado por María Jesús Montero ofreció la semana pasada una subida extra para este mismo año del 1,5% con carácter retroactivo a 1 de enero para completar el aumento del 2% ya efectuado a principios de año. Con lo que la subida total para 2022 alcanzaría el 3,5%.

Para 2023 se estipulaba una revalorización base del 2,5% y dos pluses del 0,5% en función del avance del IPC y del PIB. En suma, se llegaría el próximo año a un subida del 3,5%. Mientras que para 2024 la subida prevista parte de un 2%, con otro extra de 0,5% si persiste la espiral del precios durante los dos próximos años, llegando al 2,5%.

Concretamente, los pluses para 2023 se activan si el IPC medio acumulado de 2022 y 2023 supera el 6% y si el PIB rebasa el 5,9% el próximo año. Mientras que el plus de 2024 se activaría si el IPC medio acumulado entre 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.

Con todo, la negociación fugaz que el Ejecutivo ha articulados con los agentes sociales representativos de la Función Pública ha erosionado el crédito de los responsables de Hacienda con los empleados públicos. El equipo de Montero ha aplicado la ley de hechos consumados en escasas tres reuniones donde la estrechez de los plazos ha atenazado la capacidad de negociación de CSIF, UGT y CC.OO., que vienen reclamando desde antes de verano el inicio de las conversaciones sobre la revalorización salarial.

La manifestación convocada por CSIF contra las políticas del Gobierno contó con cerca de 70.000 manifestantes. Y ha sido precisamente este despliegue de los trabajadores públicos lo que hizo mover ficha al Ejecutivo, que días antes de la manifestación convocó la mesa de negociación preceptiva antes de la aprobación de los Presupuestos Generales.

Pese a la revalorización anunciada, los funcionarios asumirán una pérdida de poder adquisitivo considerable para este año, cuando el IPC se situará de media entre el 8% y el 9%, a pesar de la moderación en la escalada de precios experimentada en el mes de septiembre del 9% tras meses con tasas superiores al 10%. Solo para este año, se prevé un caída de poder de compra de 4,5 puntos porcentuales para los trabajadores de la Administración.

Así, tras la reunión que finalizó con un acuerdo de mínimos en la mañana del lunes, será la mesa general de la Función Pública la que de el plácet oficial a la senda de revalorizaciones que se deberá incluir en el proyecto de ley de las Cuentas Públicas, que el Ejecutivo prevé llevar al Congreso en los próximos días, y resto de mejoras de condiciones laborales pactadas con la Administración.

En este sentido, uno de los dos sindicatos que sí ha suscrito el acuerdo con el Ministerio de Hacienda, CC.OO., señala en una nota de prensa que ha dado el visto bueno a la oferta de subida salarial presentada en el día de hoy en la mesa general, si bien aseguran que lo hacen «aun siendo insuficiente», pese a que contempla un acuerdo plurianual con una subida del 9'8% acumulado -teniendo en cuenta el efecto compuesto de las subidas estipuladas- y un conjunto de avances en materias importantísimas demandadas por el sindicato.

Además de los incrementos retributivos, este acuerdo suscrito entre el Gobierno y CC.OO. y UGT contempla el desarrollo y actualización del EBEP (Estatuto Marco y Ley de Función Pública de la AGE), el cambio normativo en materia de igualdad, la derogación de los recortes impuestos en 2012, que contempla, entre otros, la recuperación de derechos sindicales, el derecho a la negociación colectiva, así como el reconocimiento de los acuerdos y convenios colectivos, el 100% de IT sin condicionamiento,

También se compromete el Gobierno a la eliminación de restricciones para la implantación de la jornada de 35 horas para todas las Administraciones Públicas, así como la plena aplicación de la clasificación profesional, la negociación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en lo que respecta a la modernización y digitalización de las Administraciones Públicas, la mejora en el empleo público, el acceso, promoción y movilidad, el desarrollo en el ámbito de la Administración General del Estado del teletrabajo, la recuperación de la jubilación anticipada parcial del EBEP, así como la flexibilización de la tasa de reposición para recuperar empleo público.