Hacienda eleva su oferta de subida de sueldo a los funcionarios hasta el 9,5% en tres años

La última propuesta trasladada a la mesa por parte del Gobierno recoge concretamente tres subidas variables sobre las cifras avanzadas ayer para el trienio: 0,5% más según el avance del IPC y otro 0,5% según el crecimiento del PIB para 2023 que se añadiría al 2,5% de subida base. Y también se ofrece un 0,5% si persiste la escalada de precios en 2024 que se añadiría al 2% de subida base, según apuntan a ABC fuentes cercanas a la negociación con el Ejecutivo.

Esta nueva oferta mejora levemente, aunque con carácter variable, la ya presentada en la mesa de negociación durante en la tarde del miércoles, que recogía una subida del 1,5% con carácter retroactivo a 1 de enero de este año -y que se suma al 2% ya aplicado en el arranque de año por la subida fijada en Presupuestos-, además de un 2,5% para 2023 y otro 2% para 2024.

De este modo, de sustanciarse esta nueva oferta, la subida de 2022 llegaría hasta el 3,5% sumando el pago único que se realizará antes de final de año del 1,5%, mientras que de cumplirse las condiciones para los dos pluses del 0,5% el aumento salarial 2023 alcanzaría también el 3,5%. Y si estas condiciones también permiten aplicar el 0,5% extra en 2024 se llegaría a una subida del 2,5%.

Concretamente, los pluses para 2023 se activan si el IPC medio acumulado de 2022 y 2023 supera el 6% y si el PIB rebasa el 5,9% el próximo año. Mientras que el plus de 2024 se activaría si el IPC medio acumulado entre 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.

Con todo, los funcionarios asumen una pérdida de poder adquisitivo considerable para este año, cuando el IPC se situará de media entre el 8% y el 9%, a pesar de la moderación en la escalada de precios experimentada en el mes de septiembre del 9% después de tres meses con tasas superiores al 10%. Solo para este año, se prevé un caída de poder de compra de 4,5 puntos porcentuales para los trabajadores de la Administración.

Sin embargo, desde el sindicato CSIF trasladaron a última hora de la tarde su descontento con esta última propuesta del Gobierno, asegurando que «es insuficiente» y que seguirán con las conversaciones el próximo lunes, tal y como apuntaba el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Larra, al término de la reunión.

De este modo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, roza un acuerdo -el pacto se cerrará previsiblemente en las próximas horas en la mesa general de la Función Pública- con los representantes de los más de 2 millones de funcionarios y más de 3 millones de empleados con nóminas dependientes de la Administración, no sin dejar algunos pelos en la gatera. Mediante, una manifestación masiva que ha puesto frente al espejo al Ejecutivo, acusado de haber «dado la espalda a sus empleados públicos y los trabajadores».

La gran protesta contó con 70.000 manifestantes según los datos del sindicato y entre 15.000 y 17.000 personas según la Delegación de Gobierno de Madrid. Pero sea cual fuere la concurrencia exacta, el despliegue de los trabajadores públicos hizo mover ficha al Ejecutivo, que días antes de la manifestación convocó la mesa de negociación preceptiva antes de la aprobación de los Presupuestos Generales.

De hecho, el acuerdo de subida salarial a los funcionarios encaja otra de la piezas que quedaban para dar luz verde al proyecto de ley de las Cuentas del Estado para el próximo año, que el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados en pocos días, y que también incluye el paquete de medidas fiscales anunciado por la titular de Hacienda también en la jornada de hoy.

Con todo, el coste aproximado de la revalorización que podría llegar hasta el 9,5% en el próximo trienio rebasará los 14.250 millones de euros. El 1,5% extra que se abonará en pago único antes de final de año tendrá un coste directo de 2.250 millones de euros, a lo que se suman los 3.000 millones ya desplegados por la subida del 2% aplicada en enero de 2022. Ya la subida del 2,5% ascendería a 3.750 millones de euros, mientras que el 2% de alza previsto para 2024 supondría un desembolso para las arcas públicas de 3.000 millones. Además cada medio punto variable que se podría añadir a las subidas de 2023 y 2024 tendría un coste de 750 millones de euros.

El Gobierno también sustancia en este acuerdo una rebaja de la jornada laboral a 35 horas semanales, además mejoras para la promoción interna y para el acceso de personal laboral externo. El compromiso también recoge el desarrollo de la ley de Función Pública y mejores condiciones para el teletrabajo.

Por otro lado, los agentes sociales involucrados en la negociación salarial para los funcionarios consideran relevante el posible acuerdo, más aún en un contexto en el que la negociación colectiva avanza con relativa lentitud, y con niveles de subidas salariales del 2,6% de media. Aseguraban este miércoles los líderes de UGT y de CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, que este pacto podría servir como referencia para el marco de revalorizaciones en el sector privado en el marco del AENC.

Con el lado de lo público ya encauzado, los sindicatos han avivado las protestas contra los empresarios asegurando que se está observando «falta de voluntad» para elevar los sueldos en las mesas de negociación colectiva. De hecho, aseguran que para sentarse a negociar de nuevo con la CEOE, los sindicatos reclaman ahora que la horquilla de subida para los próximos años parta del 4,5%.

Ligada a esta propuesta, la Mesa del Congreso aprobó ayer su Presupuesto para 2023, que incluye la previsión de subir el sueldo de los diputados un 3,5%, un incremento acorde a la oferta del Gobierno para los empleados públicos. La decisión se ha adoptado con el apoyo de los representantes del PSOE y la diputada de Unidas Podemos, mientras que han votado en contra los de PP y Vox.