El Gobierno quiere crear escuelas de opositores para seleccionar a los altos funcionarios

Este lunes, el ministro ha presentado junto a la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, el nuevo 'Consenso para una Administración Abierta', un documento que comprende la reforma integral de la AGE. Dentro de esta propuesta, iniciada con un documento marco en marzo de 2024, destaca el nuevo modelo de acceso a las plazas públicas para los aspirantes que opten a las ofertas de funcionarios superiores. A pesar de haber expuesto el funcionamiento del proceso, aún no ha trascendido cuando entrará en funcionamiento.

Según la nueva propuesta del Gobierno, los aspirantes deberán realizar dos exámenes: el primero será para acceder a una de las escuelas o institutos de la Administración General del Estado (AGE), en la que recibirán una formación con rango de posgrado, obligatoria, de dos años. El segundo examen, una vez finalizada la formación, será para acceder a la plaza, pero debido a la sobrepoblación de aspirantes que habrá en los institutos de la AGE, no todos podrán acceder a una plaza.

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Este nuevo proceso de selección aplicará a los grupos de funcionarios A1 y A2, a los que únicamente se puede acceder en posesión de un grado universitario. Este grupo incluye a todos los afectados por la Oferta Pública de Empleo: inspectores y técnicos de Hacienda, arquitectos, abogados del estado, técnicos comerciales, etc. Sin embargo, la reforma no aplica a jueces, notarios, fiscales o registradores, puesto que son cuerpos propios que cuentan con sus propias formas de acceso a la carrera.

Del mismo modo, el ministerio ha indicado que la propuesta aún se encuentra en una fase muy preliminar. Por ello, han indicado que será «negociada con los sindicatos«, así como que cumplirá todos los estándares europeos. También han adelantado que existirá un mecanismo para establecer una coordinación entre estos procesos y el sistema de becas del ministerio de Educación.

Por tanto, esta nueva reforma incluye dos exámenes: el primero, para acceder a la formación impartida por la Administración, y el segundo, ya habiendo finalizado el posgrado, para acceder a la propia plaza pública. Según han explicado, todos aquellos aspirantes que no hayan sido seleccionados, es decir, que no accedan a la plaza tras haber completado la formación, recibirán un título equivalente a un posgrado universitario, aunque no han terminado de concretar si se creará una suerte de bolsa de aspirantes para que puedan volver a intentar ingresar, sin volver a tener que superar el curso.

Por contrario, para los grupos de funcionariado C1 y C2, como Administrativos del Estado, policías nacionales o funcionarios de Correos, el proceso será diferente. La formación no se impartirá antes de haber accedido a la plaza, sino después, es decir, una vez ya se esté en el puesto de trabajo. Para los grupos restantes de funcionarios el sistema de oposiciones actual se mantendrá intacto.

Según las palabras de la secretaria de Estado, este modelo de selección garantizará el máximo rigor por parte de la Administración, así como la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes. Cuando esta formación finaliza, la Administración puede entonces seleccionar a los mejores aspirantes, mientras que los no seleccionados reciben un título de posgrado para, en palabras del ministerio, «minimizar el coste de oportunidad» que supone ingresar en el proceso.

Del mismo modo, otra de las medidas que ha presentado el ministerio consiste en «aprovechar la tecnología para eliminar la obligatoriedad de la cita previa en la Administración», una medida que ya había planteado su predecesor en el cargo, el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Sin embargo, han admitido que para llevar a la realidad esta medida será necesaria una reforma legal, por lo que aún es necesario avanzar mucho para lograrlo. Sin embargo, el ministerio ha reconocido su intención de seguir adelante con esta reforma.

Por otra parte, han introducido el sistema 'SimplexES', que trata de simplificar, en alusión a su nombre, a través de la Inteligencia Artificial, la burocracia existente en los trámites relativos a la Administración General del Estado. Al igual que ya sucede al presentar la declaración de la renta, el ministerio pretende incorporar a todos los trámites de la Administración un mecanismo de «precumplimentación de formularios». Es decir, que el trámite ya venga hecho, en palabra del ministro, «en un 80%», y el ciudadano solamente deba validar o modificar el borrador correspondiente.

En otro orden, el departamento ha presentado también una estrategia para crear «oficinas todo en uno» por parte de la Administración, es decir, habilitar la posibilidad de que se puedan realizar varios trámites diferentes en una misma oficina. De esta manera, en palabras del ministro, «podría tramitarse un empadronamiento en Correos«, reduciendo las distintas sucursales de la AGE a las que los ciudadanos deban acudir para realizar sus trámites.

Por último, el ministro ha dejado en duda si finalmente se eliminará la tasa de reposición, tal y como rezaba uno de los compromisos adoptados por el Ministerio hace tan solo un año. Su predecesor en el cargo, Escrivá, se comprometió a eliminar este mecanismo, creado tras la crisis de 2008 para contener el gasto en la Administración, en el año 2025, coincidiendo con los inexistentes, pero proyectados en aquel momento, Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Respondiendo a las cuestiones acerca de la permanencia de la tasa, López y Mapelli han aclarado que dicho debate está «superado». «El plan presentado hoy es una superación del modelo de la tasa de reposición, porque era un mero cálculo cuantitativo«, ha declarado el ministro. De esta forma, ha declarado que, en caso de ser exitosos a la hora de implementar esta reforma integral de la Administración, se dejará atrás el viejo modelo, incluida la tasa de reposición, sustituyéndolo por un sistema de carácter cualitativo.