El Gobierno impone de tapadillo un control parcial de los alquileres

Porque la medida se complementa con una limitación de las subidas acometidas en la revisión anual de los contratos al 2% -en lugar del IPC-, iniciativa que se aprobó ya este año y se extenderá durante 2023. Como resultado, si un casero quiere subir el alquiler a su inquilino solo podrá acometer la mencionada subida del 2% en la revisión anual. Y si quiere buscar otro inquilino u otro precio al finalizar el contrato no podrá, porque gracias a la acción de Unidas Podemos estará obligado a ampliar seis meses más el contrato cuando este llegue a su fin si vence antes de julio.

La única salida será romper de forma unilateral el contrato, y esta medida no se puede acometer sin causas justificadas. Esta será la realidad del mercado del alquiler a partir del próximo 1 de enero tras el decreto de medidas aprobado ayer por el Gobierno.

El lunes, el Ministerio de Transportes aseguraba tajantemente que la única medida respecto a la vivienda que incluiría el decreto sería la limitación del 2%, pactada hace meses con Bildu para asegurar el apoyo de los independentistas a los Presupuestos.

Pero el ministerio tuvo que desmentirse a sí mismo pocas horas después. Porque la presión de Unidas Podemos, materializada en Yolanda Díaz, hizo efecto y el PSOE aceptó finalmente incluir en el decreto de ayudas una extensión automática de seis meses de los contratos a punto de vencer hasta el próximo 30 de junio. La congelación de las hipotecas variables, también reclamada por Díaz, quedó finalmente fuera del decreto.

Es un triunfo para la formación morada. Unidas Podemos lleva años intentando imponer controles a los precios del alquiler e incluso coló la medida (con muchos matices, eso sí) en la ley de vivienda. Pero el anteproyecto lleva meses paralizado en el Congreso por la falta de entendimiento con el PSOE, e incluso ya se pone en duda que el Ejecutivo sea capaz de aprobarlo durante la presente legislatura.

Con las medidas incluidas en este decreto, sin embargo, Unidas Podemos logra en parte su objetivo, ya que los alquileres quedan limitados al 2%. Las ayudas, eso sí, no afectan a los inquilinos que firmen un nuevo contrato en los próximos meses. Y este es precisamente el cabo suelto que los propietarios pretenden aprovechar para obtener un alquiler elevado.

Ayer, la decisión del Gobierno incendió a inmobiliarias y asociaciones de propietarios. Algunas de ellas esperaban sacar del Gobierno una compensación por el límite del 2% -iniciativa que impulsó Calviño- y, en lugar de eso, se encontraron con una nueva política intervencionista.

«Esta medida ampara a inquilinos, que, sin estar en situaciones de vulnerabilidad ya estaban dando muestras de impagos, de retrasos o de otros incumplimientos contractuales, y que, en situaciones normales, ningún propietario prorrogaría los contratos», destacó ayer el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo. Según sus cálculos, los caseros ya han perdido unos 1.800 millones por la limitación del 2% en las revisiones anuales.

«La avalancha de medidas intervencionistas en el mercado del alquiler de los últimos meses ha provocado una gran inseguridad jurídica en el sector, haciendo que se reduzca la oferta y suban los precios. El Gobierno continúa adoptando medidas ineficaces, que acaban perjudicando principalmente a las familias vulnerables», destacó por su parte María Andreu, directora general de la asociación de propietarios Asval. La organización ya tiene en marcha un proceso con sus socios para reclamar indemnizaciones millonarias al Estado por la limitación de las subidas anuales al 2%.