El Gobierno destinará 2.000 millones para abaratar las facturas de las calefacciones centrales

La idea que maneja Transición Ecológica es crear una tarifa regulada específica para ese colectivo «para que paguen menos de la mitad en la factura de lo que pagarían con las actuales condiciones de mercado», según Sánchez.

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagensen, se reunió ayer por la tarde con representantes de los Colegios de Administradores de Fincas. El presidente de su Consejo General, Pablo Abascal, calificó el encuentro de «positivo», aunque «aún no se ha concretado nada». Añadió que «nos han pedido sugerencias» para trabajar juntos en el aspecto técnico.

Actualmente hay tres tarifas reguladas de gas: la TUR 1, para consumos de hasta 5.000 kWh/año (agua caliente, sin calefacción), la TUR 2, entre 5.000 y 15.000 kWh/año (con calefacción) y la TUR 3, entre 15.000 y 50.000 kWh/año (calefacción y gran consumo).

La previsión que se baraja es que se cree otra TUR, que estará en vigor hasta finales de 2023, pero que no esté limitada a un consumo determinado, ya que se quedarían fuera las comunidades con calefacción central y con muchos vecinos.

En cualquier caso, la medida debería estar definida antes del 1 de noviembre, fecha en la que se suelen encender estas calefacciones.

Pablo Abascal afirmó también a ABC que la creación de esta nueva tarifa, «que ya solicitamos en septiembre de 2021», va a suponer un problema para las comunidades de vecinos que están firmando estos días contratos en el mercado libre a precios bastante más caros. Con la desventaja de que una ruptura de estos contratos conllevaría unas elevadas penalizaciones.

Pedro Sánchez también especificó ayer las mejoras en los bonos sociales de electricidad y térmico. «Habrá nuevos descuentos del 40% en la factura eléctrica para 1,5 millones de hogares trabajadores con bajos ingresos».

Explicó que el actual bono social de electricidad, al que están acogidos 1,3 millones de hogares, elevará el descuento que se aplica sobre la tarifa regulada de luz para los consumidores vulnerables: del 60% al 65%. También se eleva el descuento para los consumidores vulnerables severos, del 70% al 80%. Asimismo, se incrementa un 15% la cantidad de energía con derecho a esos descuentos.

En cuanto al bono social térmico, que se una ayuda que se concede dependiendo de la zona geográfica (más cálida o más fría), crece desde la horquilla de 35 a 350 euros al año hasta la horquilla de 40 a 375 euros al año.

La asociación de consumidores Facua valoró ayer positivamente los cambios que se pretenden introducir al bono social, pero insiste en «la necesidad de agilizar protocolos e invertir en una campaña institucional de información para conseguir llegar a un mayor número de usuarios».

En este sentido, aunque Facua considera «positiva» la apuesta del Gobierno por un avance, considera que «aún se necesita ir más allá y recuerda que la cifra de usuarios que se benefician del bono social aún queda muy lejos de la prometida por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se puso en marcha la medida: cinco millones de beneficiarios.

Así, la asociación incide en la necesidad de «crear una campaña institucional de comunicación para lograr que los usuarios conozcan el bono social y la forma de solicitarlo. Además, esta información debe partir de la propia administración y las asociaciones de consumidores, evitando que sean únicamente las empresas eléctricas quienes la suministren, para garantizar que se hace de forma correcta».

Facua reclama también un «cambio regulatorio de calado» en el proceso de solicitud del bono social, que agilice los trámites y protocolos que deben seguir los usuarios. La asociación señala que las compañías eléctricas, en muchos casos, «ponen excesivas trabas a los consumidores y dilatan innecesariamente los tiempos para conseguir el bono».

Pedro Sánchez apuntó durante su intervención en el Congreso que el Gobierno ha ahorrado 35.000 millones, casi el 3% del PIB, a los consumidores de energía desde junio de 2021, con medidas como la reducción de impuestos y la 'excepción ibérica, por la que se fija un tope al gas natural para la generación de electricidad.

Repitió las palabras de Teresa Ribera del pasado martes: «Las facturas de la luz de los hogares son un 33% más bajas de lo que serían sin las medidas aprobadas y los consumidores vulnerables pagan lo mismo que antes de la guerra en Ucrania», aseguró.

Asimismo, las facturas eléctricas de las pymes son un 23% más bajas que sin esas medidas, y las de la industria entre un 18% y un 20%.

Además, las facturas de gas de los hogares con TUR para agua caliente y calefacción son un 50% más bajas de lo que serían sin las medidas, mientras que la bombona de butano tiene el precio congelado y la gasolina y el diésel tienen un descuento de 20 céntimos por litro.

El presidente del Gobierno hizo mención al plan de ahorro energético aprobado a principios del mes de agosto (apagar las luces de edificios, escaparates, bajar el aire acondicionado, etc), «que ha permitido ahorrar hasta la fecha un 4,6% de la electricidad consumida respecto al año anterior».

Por otra parte, la aplicación de la 'excepción ibérica' en el mercado español y portugués desde el pasado 15 de junio ha provocado una importante diferencia en los precios medios de la electricidad con el resto de la Unión Europea.

Hoy, por ejemplo, en España y Portugal será de 204,20 euros el MWh, lo que supone un 21,5% menos que en Francia (260,5 euros), Alemania (260,6 euros) e Italia (263,6 euros). El precio medio más elevado se registra hoy en Grecia, con 266 euros el MWh.

El precio de 204,20 euros en España es el resultado de sumar los 134,33 euros de la subasta del mercado mayorista y los 69,87 euros de la compensación a las gasistas por la aplicación del mecanismo de la 'excepción ibérica'.