Teresa Ribera presenta un ambicioso plan energético que no concreta las principales medidas

Entre las 73 medidas que recoge este plan a lo largo de 144 páginas se pueden destacar, por ejemplo, el refuerzo del bono social eléctrico y del térmico. En este caso, como en la mayoría de las propuestas, no se explica cómo se hará.

También se quiere dotar de «más transparencia» a las facturas de luz y de gas. En el caso del recibo de electricidad, «se incluirá información sobre el consumo medio de los clientes que compartan el mismo código postal».

Este periódico ha publicado que la factura de la luz se ha convertido en un acto de fe para los consumidores, ya que oculta el precio del kilovatio (kWh) que paga.

Se introducirá mayor flexibilidad en las potencias contratadas, tanto en electricidad como en gas, ya que la regulación actual solo permite un cambio cada 12 meses.

Asimismo, se limitará la penalización máxima que pueden imponer las comercializadoras de energía a los clientes por la rescisión de los contratos, normalmente con duración anual. También se podrá rescindir los servicios adicionales contratados además del suministro energético.

Sobre la angustiosa y reiterada petición de los consumidores domésticos de gas que viven en comunidades de vecinos con calefacción central que, como no pueden acogerse a la tarifa regulada (TUR), pagan el triple que el resto de consumidores, el plan solo explica que «habrá un mecanismo de protección» para los 1,6 millones de clientes afectados. «El Estado adoptará las medidas presupuestarias necesarias para su financiación», apunta el documento.

Transición Ecológica quiere fomentar la instalación «voluntaria» de contadores individuales de gas. «Se articularán mecanismos en el sector de instalación de esos contadores que permitan su financiación de modo que los costes sean sufragados a cargo de los ahorros generados».

Esta medida persigue también la instalación de contadores inteligentes de gas como ya existen en el mercado eléctrico donde se sustituyeron todos los contadores analógicos, de forma obligatoria, a cargo de las compañías eléctricas.

Otra de las medidas interesantes es que «se desplegarán incentivos fiscales» para la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables. Tampoco se dan detalles.

Una de las pocas medidas que se concretan se refiere a la reducción del consumo del alumbrado exterior en los municipios, «facilitándose préstamos de hasta el cien por cien de la inversión a un interés del 0%».

Por último, se impulsará el despliegue «acelerado» del autoconsumo en edificios e instalaciones públicas.

Por otra parte, Ribera dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en agosto, el mes con la electricidad más cara de nuestra historia, los ciudadanos «pagaron un 33% menos» de lo que hubieran abonado sin las medidas puestas en marcha por el Gobierno, como la rebaja del IVA y el mecanismo de la 'excepción ibérica'. Sobre este último, que limita el coste del gas que se utiliza para producir electricidad, destacó que «ha generado un ahorro de 2.837 millones de euros».

Teresa Ribera también se atrevió a aventurar que «la factura de la luz de los consumidores en el primer semestre es similar a la correspondiente al mismo periodo de 2021, antes de la escalada de precios».

Cabe recordar que la ministra se ha visto obligada a retrasar en dos ocasiones la presentación de este plan, para el que tuvo 30 reuniones con partidos políticos, asociaciones sectoriales, organizaciones de consumidores y empresas, debido, en primer lugar, a la celebración del Consejo Europeo de Energía y, la semana pasada, por la aprobación de los Presupuestos.