Los funcionarios serán evaluados y su sueldo irá ligado a lograr objetivos

En esencia, los cambios propuestos persiguen mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos y subir a la Administración al carro de los cambios tecnológicos. Para lograrlo el ministro propone ideas revolucionarias, como acometer 'planes de reestructuración' en determinaciones sectores si así lo demandan los retos tecnológicos y las necesidades del servicio, flexibilidad laboral, evaluación del desempeño de los funcionarios, ascensos ligados a los méritos del trabajador y sueldos vinculados a los objetivos alcanzados «para una dirección pública profesional».

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El grueso de las modificaciones están recogidas en un borrador de orden, en la que se explica que los planes de reestructuración se acometerán «cuando un cambio tecnológico, una modificación en la prestación de los servicios, la aparición de los nuevos perfiles competenciales u otras circunstancias comprometan de manera significativa la prestación eficaz de los servicios o el cumplimiento de los objetivos estratégicos en un sector que afecte a la competencia de uno o varios departamentos ministeriales u organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes».

Estos planes se aprobarán en la negociación colectiva, teniendo en cuenta los límites presupuestarios, «las directrices de la política de personal y los criterios y orientaciones de la planificación general de los recursos humanos», y «dentro de las limitaciones o incentivos a la movilidad que se determinen».

La flexibilidad en el trabajo se pondrá en marcha «previo análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como de los perfiles de cualificación de estos, se podrán adoptar, entre otras, medidas basadas en la modificación de los puestos de trabajo, la movilidad del personal, la formación y la incorporación de efectivos de nuevo ingreso».

Escrivá busca la modificación de los empleos y la movilidad de los funcionarios y al respecto la orden detalla que se «impulsará un reparto equilibrado» del personal para «adecuar el capital humano a las necesidades de la organización». La idea es paliar problemas de falta de efectivos en unos departamentos y exceso en otros.

En este vuelco previsto para los recursos humanos jugará un papel clave la evaluación del desempeño de los funcionarios. «Es un elemento clave -dice- que cierra el sistema de planificación, asegurando que los objetivos estratégicos definidos en los planes de actuación en cada ámbito se cumplen de manera efectiva y dotando de información basada en evidencias a la planificación estratégica de recursos humanos».

La evaluación del desempeño no será un aspecto menor para los más de tres millones de empleados públicos, teniendo en cuenta que de este procedimiento dependerán factores como el sueldo o los ascensos del trabajador. Será, por tanto, un proceso individualizado, anual y obligatorio, y la encargada de desarrollar esta evaluación será la negociación con los sindicatos. La Ley de la Función Pública detalló que los resultados de este 'examen' a la plantilla tendrá efectos en la progresión en la carrera profesional y afectará a los criterios para la provisión de puestos de trabajo. Y como apartado más delicado determinará la «continuidad en el puesto de trabajo».

La reforma de la Administración propuesta por el ministro está recogida también en el documento 'Consenso para una administración abierta', en el que se apuesta por la creación de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, que estará adscrita al Ministerio de Economía y que complementará su actuación con la posterior evaluación de la Airef. Entre los objetivos está elaborar un 'mapa de rendición de cuentas' con el que quiere dar voz a los ciudadanos para que trasladen a la Administración «sus demandas, necesidades y experiencias».

El ministro Escrivá quiere incluir en los cambios que ha diseñado para la Administración un «impulso de la dirección pública profesional, mediante sistemas de selección de carácter meritocrático». Y estos nuevos sistemas de selección se acompañará de unas «retribuciones vinculadas netamente a los objetivos alcanzados».

El titular de Transformación Digital y la Función Pública ha justificado los cambios que llegan para los empleados públicos en la necesidad de que la Administración sea «más moderna e innovadora, con una estructura adaptada a los cambios tecnológicos y a las crecientes demandas de servicios públicos más accesibles, más eficientes y que garanticen mejor los derechos de la ciudadanía».

Según explicó José Luis Escrivá, los cambios que llegan incluirán también una «innovadora vía de acceso a las profesiones tecnológicas de la función pública inspirada en el MIR de los médicos», así como acotar los plazos de incorporación a la Administración, de forma que la ejecución de las ofertas de empleo público no se demoren más de 12 meses. Y en la hoja de ruta figura la supresión de la tasa de reposición el próximo año, que promueve un crecimiento vegetativo de las plantillas, y su sustitución por otro mecanismo plurianual.

Es objetivo aplicar en la Administración las reglas de jubilación que rigen en el sector privado. El responsable de Función Pública quiere abrir en los próximos meses negociaciones con los sindicatos para que los empleados públicos puedan también jubilarse de manera parcial, anticipada y puedan trabajar más allá de la edad legal de retiro, lo que se conoce como jubilación demorada.