La Administración tendrá que hacer fijos por ley a casi 800.000 temporales este año

Cuando en el año 2018 Pedro Sánchez llegó a La Moncloa prometió una cruzada contra la temporalidad en el empleo. Este fue el espíritu también de la reforma laboral que entró en vigor hace ya dos años, un objetivo que a golpe de legislación ha tenido que cumplir el sector privado mientras el sector público seguía engordando tanto el número de interinos como el personal laboral, hasta el punto de que casi 1,1 millones de trabajadores prestan hoy servicio al Estado sin puesto fijo y encadenando contratos eventuales durante décadas, incluso durante toda su vida laboral.

Pedro Sánchez y su titular de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometieron a «corregir las disfunciones del mercado laboral que nos hacen profundamente desiguales»; la ministra llegó incluso a plantear en las negociaciones de la reforma laboral fijar una temporalidad del 15% en las empresas privadas... En el sector privado la estabilidad se ha abierto paso, pero cuando se mira la estadística del sector público ocurre todo lo contrario.

Mientras las empresas han tenido que dar un giro de 180 grados en su modo de contratar por obligación legal, el Estado ha sumado 286.000 puestos temporales en los últimos cinco años, desde que gobierna el PSOE con sus socios. Cuando Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018 se encontró un país con 777.100 eventuales y en estos momentos las cifra ha crecido en casi 285.800. Ello pese a la reforma laboral y también pese a los sucesivos toques de atención a España que han llegado de la Justicia europea, el último la pasada semana.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) propinó un duro varapalo a España al considerar que el Estado está aplicando mal el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en el largo caso de los interinos. En sus conclusiones, el alto tribunal de Luxemburgo, respondiendo a preguntas prejudiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reitera que España está abusando de la temporalidad, y también explica que las medidas adoptadas para la estabilización del empleo no se ajustan a la normativa europea (Ley 20/2021). Ante esta situación, la salida que encuentra es instar a España a convertir los interinos de larga duración en indefinidos fijos. Esto implica conceder la fijeza por la que los interinos llevan años peleando y que los distintos gobiernos y tribunales españoles no han concedido.

Ya en 2016 tres sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ponían patas arriba el sistema de interinidad que utilizan las administraciones públicas en España para cubrir muchas plazas. Los fallos europeos llegaron a varias conclusiones: la administración española está abusando de las contrataciones temporales, la ley española debe incluir más elementos disuasorios para evitar esta temporalidad, y los funcionarios interinos que encadenen fraudulentamente este tipo de contratos podrán ser considerados trabajadores indefinidos no fijos. Los hechos han demostrado que no ha sido así y que la escalada de precariedad en el empleo no ha cesado, pese leve parón de los dos últimos años.

Desde que entrara en vigor la reforma laboral, la estabilidad, muy apoyada en los contratos indefinidos fijos discontinuos y a media jornada, ha ido relegando a las fórmulas temporales, ancladas, sin embargo, en una economía muy marcada por la estacionalidad del turismo y la hostelería. La excepción ha sido el sector público, que registra más del doble de temporalidad que el sector privado y está a la cabeza de Europa. De los 3,5 millones de trabajadores públicos que hay en España, casi 1,1 millones son temporales, según los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2023, que también refleja que desde la entrada en vigor de la reforma laboral apenas 13.300 personas han dejado de tener un contrato precario en las administraciones públicas.

Mientras, en el sector privado la tasa de temporalidad está en los niveles más bajos en más de tres décadas. Los últimos datos de Estadística la sitúan en el 14,7%. En el caso de la Administración, la reforma laboral no ha ayudado a rebajar la precariedad sencillamente porque no se ha aplicado. Y el problema es que muchos de estos contratos temporales que realizan se asocian a actividades altamente marcadas por la estacionalidad, como ocurre en la enseñanza y en la sanidad.

CSIF, el sindicato mayoritario de funcionarios, lleva años alzando la voz para denunciar la elevada precariedad pública y recuerda que los procesos de estabilización que están en marcha deben estar concluidos a 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad no deberá superar el citado 8% para dar cumplimiento a las exigencias europeas.

La central que dirige Miguel Borra asegura que la reciente sentencia del tribunal de Justicia europeo «pone en evidencia el abuso de la temporalidad que han realizado las administraciones españolas a lo largo de los últimos decenios». Y también avisa: «Vamos a reclamar que se endurezcan las medidas contra las administraciones que no cumplan y denunciaremos aquellas que abusen de la precariedad en el empleo».