Las exigencias de Podemos y la inflación enredan la negociación de los Presupuestos de 2023

El mensaje que se traslada tanto desde el área socialista del Gobierno como desde Unidas Podemos es de confianza respecto a las perspectivas de acuerdo en los Presupuestos de 2023, pero desde la formación morada se advierte: «Es la última oportunidad para cumplir con el acuerdo de Gobierno que se firmó en 2019. Y quedan muchas cosas por hacer».

El tradicional diálogo/pulso político entre Hacienda y Podemos, que ha servido de prólogo a todos los acuerdos presupuestarios de la legislatura de la coalición progresista, no es el único obstáculo que tendrán que sortear las cuentas públicas de 2023 antes de llegar al Congreso. La escalada de los precios de la energía y la espiral inflacionista que han traído consigo amenazan con tensar las costuras de los presupuestos por mucho que el Ejecutivo se haya reservado para su último año antes de las elecciones el techo de gasto más generoso de la historia presupuestaria de España.

El Gobierno dispondrá el año que viene de 198.211 millones de euros para gastar, de los que, sobre el papel, algo más de 25.000 millones corresponderán a inversiones con fondos europeos y cerca de 20.000 millones a transferencias a la Seguridad Social para sufragar la histórica actualización de nóminas a la que obligará la desviación del IPC respecto a la subida del 2,5% de este año.

Esa, al menos, era la previsión cuando se aprobó el techo de gasto el pasado mes de julio. Entonces, el Gobierno aún confiaba en que el IPC remitiría en la segunda mitad del año, un escenario que se antoja cada vez más inviable. El panorama hoy es el de un IPC que lleva tres meses por encima del 10% y con la expectativa de una moderación leve de aquí a final de año.

Una de las incógnitas del proyecto de Presupuestos de 2023 es si Hacienda mantendrá la transferencia de 20.000 millones a la Seguridad Social sobre la que se construyó el techo de gasto o la incrementará a la luz de la persistencia del IPC, restando dinero a otras políticas.

El Ministerio sí tiene claro que no incluirá en el proyecto presupuestario el gasto extra o la reducción de ingresos que se derive de una eventual prórroga de las medidas de alivio para combatir el impacto de la crecida de los precios. Ni la rebaja al 5% del tipo de IVA de los recibos de la luz y del gas, ni la suspensión temporal de los impuestos sobre la electricidad, ni la bonificación de 20 céntimos al precio del carburante, ni el resto de medidas de gasto aprobadas para aliviar la posición de los más vulnerables tendrán reflejo en el borrador de los Presupuestos de 2023 al estar previsto el fin de su vigencia el 31 de diciembre. «Los presupuestos se diseñan a partir de la legislación en vigor, lo cual no impide en ningún caso que esas medidas se puedan prorrogar en su momento», argumentan fuentes del Ministerio de Hacienda.

Este punto de partida saca del proyecto un puñado de medidas que solo en los primeros seis meses del año tuvieron un coste de 4.000 millones de euros para las arcas públicas y cuya factura se disparará por encima de esa cantidad con la entrada en vigor del IVA del 5% al a luz y el gas, las últimas medidas del Gobierno Sánchez.

Desde Podemos no piensan lo mismo. Una de las líneas fuerza que la formación morada ha definido para la negociación presupuestaria es la conversión en permanentes de una parte de esas medidas que a día de hoy tienen fecha de caducidad.

La prioridad es el mantenimiento de los bonos descuento para el transporte público, la iniciativa que la formación morada ha erigido en bandera de su forma de hacer política. Podemos aspira a incluir las subvenciones públicas necesarias para garantizar en todo el territorio una tarifa de diez euros en los bonos mensuales de utilización del transporte público en las cuentas de 2023, ya que la ven no solo como una forma de estimular su utilización sino también como un camino para avanzar hacia una movilidad más sostenible.

El inventario de medidas de gasto que pretenden incluir en los presupuestos es mucho más extenso: un cheque bebé universal o 'renta de crianza' de 100 euros para todas las madres, cuyo coste presupuestario ha estimado en 400 millones; la extensión de cuatro a seis meses del permiso de maternidad y paternidad; la subida del Iprem, el índice de rentas al que se vinculan un gran número de ayudas sociales; la aceleración de las inversiones para elevar el peso de las renovables en el mix energético; o el compromiso de impulsar el esfuerzo público en ámbitos como la dependencia, la sanidad o la educación, con 10.000 millones de inversiones extra.

Podemos no oculta que su intención es forzar al PSOE «a virar a la izquierda» y eso, en su opinión, pasa por incrementar las políticas de gasto, «la prueba del algodón del carácter progresista del Gobierno», en palabras de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. «En la medida en que se continúe con el desarrolo de políticas que incidan en el bienestar de la gente no habrá problemas para sacar adelante los Presupuestos ni para que estos tengan el apoyo parlamentario necesario», augura Txema Guijarro, portavoz de Economía de UP en el Congreso, en relación a la complicada aritmética parlamentaria que se necesita para que las cuentas lleguen a término.

«El objetivo es consolidar la recuperación económica y mantener la prioridad social, pero también hacerlo de forma responsable y reduciendo el déficit», aseguran fuentes del Ministerio de Hacienda. La invasión rusa de Ucrania y sus devastadores efectos sobre las economías europeas han proporcionado al Gobierno de Pedro Sánchez un año más sin un objetivo concreto de déficit al que sujetarse, pero la Comisión Europea ya ha advertido al Ejecutivo de que esta medida de alivio no significará una barra libre de gasto público. Bruselas exigirá en 2023 avances tangibles no sólo en la reducción del déficit nominal sino también en la del déficit estructural, que como los analistas preveían se ha disparado por la consolidación de medidas temporales adoptadas para paliar el impacto de la pandemia.

El Gobierno ha podido mantener con holgura sus compromisos de gasto, e incluso aumentarlos, durante 2021 y 2022 por el caudal de ingresos fiscales que le ha generado tanto la creación de empleo como la inflación, pero el viento parece cambiar. Desde el 20 de junio se han perdido dos terceras partes de las 900.000 nuevas afiliaciones de que presumía el Gobierno antes del verano y según analistas como Gregorio Izquierdo, del Instituto de Estudios Económicos, una de las características de los episodios inflacionistas es que generan ingresos fiscales extra los primeros meses pero luego caen a medida que la inflación maniata la actividad económica, como ya se ha empezado a apreciar.

Podemos, sin embargo, no solo no renuncia a abordar nuevas subidas fiscales sino que ve esta negociación presupuestaria como la última oportunidad para forzar los cambios que plantea en el sistema fiscal. Fuentes de la formación aseguran que volverán a insistir en una reforma del Impuesto de Patrimonio que obligue a pagar el tributo en la Comunidad de Madrid, en subir el IRPF a las rentas altas y en elevar las cargas fiscales de las grandes empresas, además de introducir nuevas fuentes de ingresos con gravámenes sobre los vehículo de alta gama, los yates o los viajes en avión.

Desde Hacienda moderan la ambición de Podemos. «La prioridad ahora es consolidar la recuperación y no es el momento de una gran reforma fiscal...lo cual no impide que se puedan aprobar algunas medidas».