Europa vuelve a fallar que la indemnización por despido en España no es «suficientemente elevada» ni «disuasoria»

El organismo europeo ha hecho público este viernes la resolución con la apoya las tesis del sindicato que dirige Unai Sordo y en la que fundamenta que nuestro país viola el artículo 24.b de la Carta Social Europea en lo que respecta a la compensación por despido improcedente, a la readmisión del trabajador en la empresa y a la compensación de los temporales contratados en fraude de ley, cuestiones todas ellas que fueron denunciadas por CC.OO.

Para el organismo, la indemnización máxima de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades no garantiza una compensación adecuada ni suficientemente disuasoria para el empleador. Advierte de que puede «incentivar los despidos improcedentes» al permitir a los empresarios calcular el coste con antelación.

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El comité no sólo se centra en el despido, también hace hincapié en que las leyes en España no están permitiendo a los distintos tribunales entregar compensaciones adicionales para los trabajadores despedidos, lo que, a su juicio, limita la reparación del daño real. También alude a la imposibilidad de que los tribunales ordenen la readmisión del trabajador, dado que corresponde a la empresa en caso de despido improcedente.

El pronunciamiento del organismo europeo no es, sin embargo, vinculante para España, pero la titular de Trabajo está decida a utilizarlo como excusa para dar el giro a la legislación del despido que no pudo hacer en la reforma laboral de 2021 por las fuertes reticencias de los socios del PSOE y el rechazo rotundo de las organizaciones empresariales.

Para adaptar la regulación a la normativa comunitaria, que ya se conoció a grandes rasgos hace unos meses, Díaz ha venido reiterando que tiene intención de introducir un mecanismo para que la indemnización en un despido improcedente y, por tanto, no justificado, atienda a las circunstancias personales del trabajador despedido de manera individualizada. Como avanzó este diario ese 'despido a la carta' tendrá en cuenta los factores personales que rodean al afectado, como podrían ser la edad, el número de hijos, la duración del contrato o la situación socioeconómica. La idea de la ministra es con ello suprimir el tope máximo de las 24 mensualidades.

Como ya ha informado ABC, la vicepresidenta segunda ha cerrado filas con el presidente del Gobierno en uno de los momentos más delicados desde que está en La Moncloa, con variados frentes abiertos por supuestos casos de corrupción y las encuestas de intención de voto en contra. Pero la también ministra de Trabajo quiere sacar sus réditos a este peaje, que esta semana le acarreó un disgusto en el Congreso, donde fue acusada de «cómplice» por el principal partido de la oposición. A cambio del apoyo ha reclamado a Sánchez que apoye su agenda social, en la que el encarecimiento del despido es uno de los protagonistas.