Díaz pelea por salvar su agenda social con apoyo de Sánchez pero sin respaldo parlamentario

En sus horas más bajas y con una imagen muy desgastada, Díaz ha exigido a Pedro Sánchez que el PSOE apoye su agenda social, que busca reactivar para ganar enteros ante la opinión pública. En su 'mochila' no hay cosas de poco calado, además de la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas sin reducción de sueldo y el registro horario, sus planes son volver a reactivar un encarecimiento del despido, el blindaje del SMI con alzas automáticas, iguales o superiores al salario medio neto, y acabar con los falsos becarios. Un conjunto de iniciativas que darían forma a una segunda reforma laboral, aunque en esta ocasión no contaría con el apoyo de los empresarios, contrarios a todos los cambios que quiere poner en marcha la vicepresidenta segunda.

Pero las intenciones de Yolanda Díaz son sólo deseos, teniendo en cuenta que sigue sin tener el respaldo mínimo necesario para que su agenda de reformas salga adelante. En la ronda de contactos con los grupos parlamentario que ayer mantuvo en la Cámara Baja, salvo con Vox, para buscar apoyos, Junts volvió a dar portazo a la reducción de la semana laboral, como lo ha venido haciendo desde que la ministra anuncio la reforma y como quedó reflejado en la enmienda a la totalidad que han presentado en el Congreso, como también lo han hecho el PP y Vox.

Desde un principio Junts avisó que aquel acuerdo, duramente criticado por la CEOE, no pasaría el filtro del Congreso si los cambios no eran negociados y ese recorte se redirige hacia la negociación colectiva, tal y como han reclamado los empresarios. «La viabilidad de las pymes se puede ver gravemente perjudicada por esta imposición rígida de la reducción de jornada y en lugar de fomentar la creación de ocupación puede acabar traduciéndose en la destrucción de puestos de trabajo especialmente en sectores como el de servicios o el agroalimentario, por citar algunos», decía la enmienda a la totalidad. Son los mismos argumentos que ayer escuchó la ministra y que coinciden con los de CEOE. La organización que dirige Antonio Garamendi ha trabajado activamente con los grupos parlamentarios para frenar una medida que entiende caería como un rayo en las empresas, muy castigadas ya por los costes y la subida de cotizaciones.

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Las relaciones entre el Gobierno y las empresas están al rojo vivo. Los choques por una política laboral dura han sido mayúsculos, pero toda situación es susceptible de empeorar y los cambios normativos que pretende ahora sacar adelante la líder de Sumar anticipan un choque con el mundo empresarial como los vividos con las subidas del salario mínimo, la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales o la devolución del control de los despidos colectivos a la Inspección.

Estos cambios impuestos le han valido a la titular de Trabajo duras críticas de los organismos internacionales. El FMI ha sido el último que ha afeado su política laboral por «sus efectos adversos», con el SMI y con el recorte de jornada en el punto de mira, una reforma que ya cuestionó hace un año. Entonces, dudó de que el ajuste de la semana laboral genere empleo y se decantó por acompañar esta reducción de las horas de trabajo de una bajada de los sueldos, lo contrario de lo que defiende el Gobierno.

Antes del FMI fue la OIT, organismo que incluyó a España en la lista de los 24 países que no respetan algunos de sus convenios internacionales. En concreto, el 144, que obliga a los países miembros a garantizar el diálogo tripartito y las «consultas efectivas» del Gobierno a empresarios y sindicatos en asuntos laborales relacionados con la OIT. El pronunciamiento vino precedido de las denuncias que, los agentes sociales realizaron en 2022 ante el organismo por la vulneración de las «consultas efectivas» por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La OCDE también ha sido clara: «El Gobierno debe construir la regulación del tiempo de trabajo sobre la base de un fuerte involucramiento de los agentes sociales. Esto debería ayudar a entender mejor hasta qué punto una jornada laboral más corta puede generar efectos suficientes sobre la productividad para compensar el incremento de los costes laborales de las empresas y/o la bajada de sueldo de los trabajadores, y hasta qué punto cualquier efecto sobre la productividad depende de cómo se organice la jornada y la actividad de la empresa».