El documental que Hacienda no quiere que veas

La obra es la historia de Agapito García Sánchez (Noblejas, 1942), caracterizado por Hacienda como el mayor moroso de España y que figuraba en el primer lugar de la lista diseñada y publicada por el ministro Cristóbal Montoro en 2015. Pero Moreno convierte la historia en un bumerán, porque nos descubre un órgano del Estado que abusa de sus prerrogativas, tal como lo señalaron 35 catedráticos expertos en Derecho Tributario en la llamada 'Declaración de Granada': «La Administración Tributaria española no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos«.

Ese documento apenas ocupó titulares en una prensa desbordada entonces con la aprobación de los Presupuestos, la sentencia de Gürtel y la moción de censura que Pedro Sánchez presentó contra Mariano Rajoy ese mismo mes.

En su filme, Moreno desvela en hora y media la historia kafkiana de Agapito, cuya familia emigró a Madrid en la posguerra. Un hombre que se hizo a sí mismo partiendo a los 14 años como botones en un banco. «La voracidad de Hacienda me ha devuelto a mis orígenes, la pobreza», reflexiona.

A los 30 años y habiendo llegado a apoderado del banco, adquirió una empresa que explotaba áridos en Aranjuez, cuya contabilidad llevaba por las tardes. Abandonó el empleo seguro y apostó por sacarla adelante con gran sacrificio. Era una época en la que escaseaba el capital y no había certezas sobre el futuro. Implicó a su familia y consiguió sobrevivir hasta la década de 1980 con casi un centenar de trabajadores.

Pero Agapito llegó a la conclusión de que la entrada de España en el Mercado Común atraería a grandes grupos extranjeros, que la competencia se haría más dura y decide, en 1989, vender su gravera a una multinacional. La operación le generó 25,2 millones de euros con un beneficio de 12,6 millones. El importe es percibido en dos plazos (1989 y 1990). Es esta operación la que llama la atención de Hacienda que, seis años después de la venta, le abre un expediente y le acusa de simulación de contrato.

Con la ayuda de expertos, 'Hechos Probados' documenta los privilegios que la Agencia Tributaria tiene sobre los ciudadanos y las artimañas que emplea para alcanzar sus fines. Hay dos términos clave: la ejecutividad y los incentivos. El primero tiene que ver con los engranajes jurídicos del sistema, el segundo es el lubricante que hace que éstos acaben triturando a individuos y familias.

El principio de ejecutividad consiste en que la Administración, por sí sola y sin acudir a la Justicia, puede proceder contra un contribuyente embargando sus bienes o imponiendo sanciones. El experto Javier Gómez Taboada explica que este principio se asienta en la presunción de validez de los actos de la Administración que a su vez se sostiene en otros dos supuestos favorables al Estado, la presunción de veracidad de los actos de los poderes públicos (mientras que un ciudadano debe probar los suyos) y la de legalidad de los mismos. «La presunción de validez tal como está configurada hoy en España es la clave de bóveda sobre la que rige la gran desigualdad entre el ciudadano y la administración tributaria», explica Gómez Taboada.

«El problema que plantea la Hacienda Pública, y por eso es difícil que los ciudadanos luchen contra ella, es que tiene todo tipo de garantías y privilegios», dice José María Martín Delgado. «Está el interés de demora y las sanciones». Además, el contribuyente tiene que empeñar sus recursos si quiere demostrar que tiene razón. «Si quieres reclamar, el principio 'Solve et Repete' significa que tienes que afianzar o pagar y después ya veremos qué pasa».

Después, hay un diseño institucional desequilibrado. La Administración ofrece hasta cinco instancias para recurrir, pero todas dependen de ella misma. Hay que recorrerlas antes de llegar a un juez independiente que actúe en nombre de un poder distinto del Estado, el Judicial. En el intertanto, la deuda es firme y hay que pagarla bajo amenaza de embargo.

Pero, además, el Estado se ha ocupado de lubricar este engranaje mediante incentivos económicos que benefician a los inspectores. Estos cobran un salario variable en función de la deuda que afloran sus inspecciones. El mecanismo de reparto es una 'caja negra' que la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) pidió a comienzos de 2022 que se transparentara. El asunto llegó a la jurisdicción contencioso-administrativa y finalmente una sentencia reciente del Juzgado Central Nº 4 de Madrid obliga a la Agencia Tributaria a que explique cómo se aplica este «complemento de productividad».

Esto produce, según los expertos, la pérdida de objetividad en la actuación de la Administración. «Imagínese un juez que cobre según las sentencias que dicta», se pregunta ante las cámaras Joaquín Huelin, magistrado experto en materia tributaria.

Otra disfunción es el manejo de los plazos. La deuda original reclamada a Agapito ascendía a 11,8 millones, pero cuando se abre el expediente –seis años después– los intereses ya ascienden a 7,85 millones de euros y, además, se le aplica una multa del 70% de la cuota, otros 8,25 millones. Total: 27,9 millones de euros.

«Es la práctica habitual», cuenta Agapito, «aparecen dos días antes de que venza el ejercicio más antiguo. Así el acta va incrementada en los intereses de demora de esos cuatro y pico años. En lugar de ser eficaces e inspeccionarte en el mismo ejercicio, esperan«.

Otra situación irregular a ojos del espectador resulta de descubrir que aun cuando un juez declare que no existía infracción y que se debe restituir el dinero al contribuyente, los inspectores no deben devolver sus 'complementos de productividad'.

«Es un dato objetivo. Cuanta más deuda haces que tengan los contribuyentes, con razón o sin ella, más vas a cobrar por retribución variable«, admite Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. »Cabe la posibilidad de que eso induzca una mayor agresividad de la inspección de Hacienda«.

El caso de Agapito es un manual de estratagemas de la inspección tributaria. «El documental me ha cambiado», dice Alejo Moreno. «Mi método de trabajo es empezar sin guión y si lo que descubro me cambia, mejor, significa que algo he aprendido. Al empezar yo creía que era un socialdemócrata, pero ahora siento recelo hacia la figura del Estado«.

«Una de las cosas que he aprendido es que los impuestos no son una cuestión económica, son un tema de democracia y de libertades. Y si ves que la forma en que funciona la Agencia Tributaria no está bien, piensas que quizá el resto del país tampoco funciona bien».

«El documental no quiere ser un mero rapapolvo a la Agencia. Pretende calar más profundo, ser una advertencia muy seria acerca de una deriva autoritaria peligrosa. Porque cuando es el Estado quien pervierte sus propias reglas de juego y le hace la del trilero al ciudadano, torciendo para ello el sentido de las leyes y las instituciones en beneficio de una superestructura cuya razón de ser está completamente desvirtuada, abona el terreno para la desobediencia civil (en el mejor de los casos) o para que fructifiquen oportunistas a la conquista del poder (en el peor de ellos)«.

'Hechos probados' fue estrenado en octubre de 2021 en la Seminci de Valladolid. Aunque ninguna plataforma ni cadena de televisión ha querido difundirlo, el documental ha tenido gran repercusión en el mundo jurídico. Moreno decidió colgarlo en su web (documentalhechosprobados.com) y diferentes personas han patrocinado su difusión. La plataforma inmobiliaria Idealista de Jesús Encinar lo ha considerado tan relevante que ha llegado a un acuerdo con el director para ofrecerlo gratuitamente en su web hasta el 31 de agosto próximo.

¿Por qué ha tenido tanto éxito en el mundo del Derecho? «Todos hemos sido testigos de estas situaciones, que se han agravado desde la crisis financiera de 2008«, comenta Gómez Taboada. »El documental de Alejo llegó en el momento preciso«.

«No creo que haya una mano negra o una conspiración para que las cosas hayan llegado a este extremo», añade Gómez Taboada. «Se han acumulado prerrogativas legales a favor de Hacienda enfundadas en la bandera de la lucha contra el fraude que lo aguanta todo y en que el Estado actúa en nombre del interés general. Nadie esperaba este resultado final, como el caso de Agapito, donde se tritura a personas y familias, pero el caso es que este resultado se produce».

A Alejo Moreno le interesa que no se pierda la dimensión humana que recoge el documental.

—¿Harías el mismo trabajo con Shakira que ha decidido enfrentarse a Hacienda?

—Agapito se jugó su existencia contra la Agencia Tributaria. Si Shakira pierde frente a Hacienda, seguirá teniendo éxitos y triunfos, seguirá siendo Shakira, pero Agapito no.