La CEOE no apoyará la subida de salario mínimo de Yolanda Díaz: «No es diálogo social, es chantaje»

La patronal no apoyará la subida del 4% para el salario mínimo interprofesional que propone Yolanda Díaz, y no lo hará porque el Ejecutivo ha rechazado dos de las líneas rojas que puso la organización que dirige Antonio Garamendi: indexar los contratos públicos al indicador y un escenario de subidas diferenciado para el campo, con el empleo en caída libre. Este fue el mandato que los órganos de dirección dieron a los negociadores el pasado mes de diciembre y hoy no están cumplidas las exigencias, lo que deja clara la postura de la patronal. «Sin esto no es factible un acuerdo, ni antes, ni después», aseguran fuentes empresariales.

El malestar entre los empresarios ha ido en aumento desde que el pasado lunes los agentes sociales se reunieran con el Ministerio de Trabajo. Tras el encuentro, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, dejó claro a las empresas que la subida del indicador sería mayor si la patronal no se sumaba al pacto. La estrategia a partir de ese momento sería abrir una negociación con los sindicatos, que defienden subidas de hasta el 7%.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, calificaba este martes de «chantaje» el 'modus operandi' del Ejecutivo para lograr el sí de la patronal. «Lo que tiene gracia y sorpresa es que si a esto se le llama diálogo social, pues que le llamen, pero no lo es. Yo creo que lo de ayer se llama amenaza», explicó Garamendi.

El máximo representante de la patronal explicó durante un almuerzo en el Club Siglo XXI que en este momento no se dan las condiciones para que su organización negocie una subida del salario mínimo para 2024 con el Gobierno. «Nuestra posición es clara. No da para más», apuntaba Garamendi, deslizando que si la CEOE no se suma al acuerdo de revalorización del SMI no será por su responsabilidad.

Aunque el líder empresarial no se pronunció expresamente sobre el rechazo a la propuesta que pretende zanjar el Ministerio de Trabajo en la reunión del diálogo social el próximo viernes, fuentes de la negociación confirman ABC que esa negativa está asegurada tras el rechazo del Gobierno a abrir la mano con la indexación de los contratos públicos y bonificaciones para el sector agrario. Si el Gobierno no da marcha atrás, el camino de acuerdo tendrá que explorarlo con los sindicatos.

«No estamos debatiendo la cifra», apuntan las fuentes consultadas asegurando que el problema es de fondo. Para Garamendi la indexación de las revalorizaciones del SMI a las contratas públicas es de «coherencia» y un asunto en el que van de la mano con las organizaciones sindicales.

Evolución del salario mínimo en España

Euros brutos al mes repartidos en 14 pagas

Variación anual en porcentaje (%)

600,0

(5,2%)

2009

624,0

2010

(4,0%)

633,3

2011

(1,5%)

2012

641,4

(1,3%)

2013

641,4

(0%)

2014

645,3

(0,6%)

2015

648,6

(0,5%)

2016

655,2

(1,0%)

2017

707,7

(8,0%)

2018

735,9

(4,0%)

2019

900,0

(22,3%)

2020

(5,5%)

950,0

2021

(1,6%)

965,0

2022

(3,6%)

1.000

(8,0%)

2023

1.080

(4,0%)

2024

1.123

Propuesta del Gobierno

Ministerio de Trabajo / ABC

Evolución del salario mínimo

en España

Euros brutos al mes repartidos en 14 pagas

Variación anual en porcentaje (%)

600,0

(5,2%)

2009

624,0

2010

(4,0%)

633,3

2011

(1,5%)

2012

641,4

(1,3%)

2013

641,4

(0%)

2014

645,3

(0,6%)

2015

648,6

(0,5%)

2016

655,2

(1,0%)

2017

707,7

(8,0%)

2018

735,9

(4,0%)

2019

900,0

(22,3%)

2020

(5,5%)

950,0

2021

(1,6%)

965,0

2022

(3,6%)

1.000

2023

1.080

2024

1.123

Propuesta del Gobierno

Ministerio de Trabajo / ABC

El rechazo de Hacienda a las exigencias de la patronal es clara, dado que obligaría a revisar el precio de estas adjudicaciones, lo que, según las empresas contratistas con la Administración y asociadas a CEOE tendría un coste de unos 700 millones de euros, que es la compensación que debería realizar el Estado a estas compañías, solo por la actualización del determinante salarial de los convenios, tal y como avanzó este diario.

«Solo pedimos actualizar la parte de los contratos referida a los salarios», apuntaba Garamendi este martes tras recordar además que la medida afecta a trabajadores de empresas privadas que prestan servicios de un bajo valor añadido, como puede ser la limpieza, por lo que es a las empresas que tienen en plantilla a estos empleados las afectadas por la no indexación o actualización de las contratas.

Además, el líder empresarial recordó que reclamar un marco específico para el sector agrario no es un capricho de los empleadores si no que es uno de los colectivos más afectados por las reiteradas subidas del salario mínimo. En este terreno las organizaciones empresariales buscaban arrancar bonificaciones en cuota de hasta el 20%.