La bonificación del Gobierno eleva el riesgo de colapso de Cercanías

Porque las Cercanías llevan meses soportando una gran presión durante las horas puntas del día. Distintas fuentes del sector ferroviario explican que el servicio está «cogido con pinzas» y temen que se desborde cuando pase a ser gratis y la demanda se incremente aún más. Según los cálculos del Gobierno, la gratuidad de estos servicios beneficiará a 75 millones de viajes y tendrá un impacto económico de entre 200 y 250 millones de euros. La cifra, no obstante, no está cuantificada completamente, precisamente porque el Ejecutivo reconoce que habrá un incremento de pasajeros que puede modificar esta factura.

Desde el sindicato de maquinistas Semaf recuerdan en declaraciones a este periódico que «ya ha habido ejemplos de servicios en los que se han producido aglomeraciones después de pasar a ser gratuitos». Además, advierten de que se está extendiendo la percepción de que Cercanías es «cuanto menos mejorable» y esta medida puede empeorar todavía más la imagen que tienen los ciudadanos. «Hay que dimensionarlo a la demanda que existe actualmente», destacan. Los maquinistas recuerdan que en varios núcleos urbanos todavía no se han recuperado las frecuencias que había antes de la pandemia.

La Generalitat es todavía más crítica con la iniciativa. El vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, calificó el mismo martes de «populista e irresponsable» la medida, que en su opinión pone en riesgo el transporte público y «no soluciona los principales problemas» de estas líneas.

«Lo que esperan los usuarios de Rodalies-Renfe es que funcione, no que sea gratis», explicó en su cuenta de Twitter Puigneró. Lo cierto es que la Generalitat reclama desde hace meses con vehemencia al Estado que complete la transferencia de las competencias de Rodalies para que sea el Govern el que gestione completamente este servicio público.

Pero no solo preocupa la ocupación de los trenes, sino también la venta de los bonos. Fuentes de la compañía pública reconocen a este periódico que tendrán que reforzar la operativa del sistema de venta. Y prometen asimismo que se monitorizará la demanda y se pondrán en marcha «medidas complementarias» si se percibe un incremento muy pronunciado de los viajeros.

¿En qué consistirán estas medidas? Desde Renfe no lo aclaran. El abanico de opciones no es muy amplio, ya que el operador no recibirá próximamente nuevos trenes para Cercanías y Media Distancia. Aún así, la empresa pública asegura que la demanda está todavía un 20% por debajo de los niveles precrisis, lo que ofrece cierto «margen de maniobra». La compañía pública destaca que en los últimos años ha invertido 5.000 millones de euros en renovar la flota de estos servicios, que son «de vital importancia» para la compañía.

«Se van a inducir unos viajes que antes no se hacían. Va a haber gente que se verá invitada al transporte público y puede que haya aglomeraciones», explica el presidente el secretario general de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), Jesús Herrero.

En su opinión, la medida es «positiva» y además de beneficiar a millones de usuarios permitirá «impulsar una transición del vehículo privado al transporte público, que será cada vez más necesario si se pretende llevar a cabo de forma efectiva una transición ecológica». Con este mismo argumento defienden desde Renfe -que es asociada de ATUC- la iniciativa: «Se va a facilitar el uso de un medio de transporte más ecológico y menos contaminante».

Los abonos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y Avant ya quedaron subvencionados al 50% tras la aprobación del segundo paquete de medidas extraordinarias contra la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania, anunciado a finales de junio. Un porcentaje que se mantendrá en el caso de los Avant, que son servicios de Media Distancia que transcurren en alta velocidad.