El BOE publica la declaración como zona tensionada de San Sebastián, La Coruña y 21 municipios de Navarra

Los 21 municipios de Navarra que han sido declarados zonas tensionadas son Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. En País Vasco, Galdakao (Distrito 2) y San Sebastián, y La Coruña en Galicia.

La declaración de zona tensionada es un mecanismo recogido en la Ley por el Derecho a la Vivienda que permite la contención de los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos en los años anteriores hayan sido desproporcionados. Así, establece un índice de precios de referencia para los precios de los alquileres de la vivienda, que se fundamenta en los datos tributarios de los alquileres declarados en la zona, y sobre el que todos aquellos grandes tenedores de vivienda están obligados a fijar los precios de sus contratos. El mecanismo crea la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.

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Además, establece una serie de bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos y limita la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento al tener que estar ajustados al precio del contrato anterior. Desde el Ministerio de Vivienda han destacado que, a día de hoy, son más de 8,28 millones de personas las que viven en zonas de mercado tensionado en España. Además, han apuntado que Santiago de Compostela se sumará pronto a esa declaración y también lo harán Asturias y más municipios de País Vasco.

Desde el Departamento encabezado por Isabel Rodríguez han recalcado que la aplicación de las zonas tensionadas favorece a los inquilinos, pero también a los pequeños propietarios, que ponen sus propiedades en alquiler respetando el índice de referencia. Así, han recordado que los propietarios pueden deducir hasta el 90% de lo que ingresen por esos alquileres si bajan los alquileres un 5%. De esta manera, si se aplica una rebaja del 5% a un alquiler de 700 euros, el inquilino pagaría 420 euros menos al año de forma inmediata, y el propietario, gracias a la reducción fiscal, obtendría un beneficio anual equivalente al importe rebajado, a pesar de haber reducido el precio del alquiler.

«Usamos la política fiscal para penalizar a quienes especulan y para fomentar las conductas que favorecen al interés general», han subrayado desde Vivienda, que lamentan el rechazo y el boicot de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) a la aplicación de la ley. En esta línea, desde el Ministerio han reivindicado que la Ley de Vivienda «funciona» y ha logrado reducir los precios del alquiler en los municipios declarados zonas tensionadas en Cataluña a la vez se han creado 11.807 nuevos contratos de alquiler en esta comunidad.

«Lo que nos pide la ciudadanía es que actuemos; pide que el mercado de la vivienda opere con la ley de la razón, de la justicia social, no la ley de la selva; pide evitar que fondos buitres y que fondos también especuladores hagan y deshagan a su antojo. Lo que nos pide es que blindemos el parque público de vivienda; que construyamos más y mejor vivienda pública; que actuemos y regulemos el mercado; y que demos más y mejores ayudas para garantizar el acceso», han reivindicado. Esta resolución surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el BOE