Los inspectores de Hacienda piden la dimisión de María Jesús Montero por la «gravedad» del cupo catalán

Ante esta situación que se puede generar si se pone en marcha el cupo catalán, y más aún si se extiende a todas las comunidades autónomas, la organización ha pedido la dimisión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero por hacer caso omiso a los avisos que los inspectores llevan poniendo encima de la mesa desde hace más de un año, sin respuesta ni consulta por parte del Ministerio a este colectivo clave en la Agencia Tributaria. «No han querido escuchar a los técnicos, a los que saben», insisten.

Los inspectores han desplegado todo un abanico de consecuencias si se traspasan los impuestos a las comunidades para que los gestionen. «Ni siquiera los ciudadanos catalanes tienen por qué verse beneficiados de estos recursos», apunta José María Peláez, portavoz de IHE. «¿Quién les garantiza que es dinero va a tener mejores hospitales e infraestructuras y que todo les va a ir a la perfección por tener ese sistema de financiación?», se ha preguntado.

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El despliegue de este acuerdo de cupo implicaría consecuencias negativas para el día a día de ciudadanos y de empresas. Por ejemplo, con el traspaso del IRPF a Cataluña, porque «se producirán retrasos en la devolución de la Renta», indican en la organización, al no estar preparado el sistema ni engrasado como para hacerlo de un día para otro. «Esto no va de trasladar un mueble de un sitio a otro», han alertado.

Los inspectores insisten en que una aplicación real del acuerdo «tardaría años». «La realidad del acuerdo es que se dieron cuenta de que esto es imposible y perjudicaría a los ciudadanos», apuntan. Pero advierten de que «si se empieza a andar un camino, ya no tiene vuelta atrás aunque esto sea un desastre», apunta Ana de la Herrán, presidenta de la IHE.

La realidad del acuerdo es que se dieron cuenta de que esto es imposible. Y tanto el contenido de la nota harían el ridículo y los ciudadanos se verían perjudicados. Una cosa es el deseo político y otra la realidad. Se han dado cuenta. El final del camino lo saben. Durará más, y una vez que se inicie el camino, no hay vuelta a tras aunque sea un desastre.

Estas advertencias se extienden a todo tipo de aspectos prácticos, como «problemas de inspección», la gestión de los impuestos por las múltiples aplicaciones informáticas que hay que realizar, así como en aspectos como el trato fiscal de las criptomonedas o la vigilancia y gestión de los grandes patrimonios. Todo un reguero de impactos que, según denuncia IHE, Hacienda no ha tenido en cuenta para poner en marcha este acuerdo.

Los inspectores recuerdan que la Agencia Tributaria gestiona eficazmente el sistema, por su amplio reconocimiento nacional e internacional. Y ejercer funciones importantes para la ciudadanía como la gestión de otras prestaciones como deducciones en el IRPF cobradas por adelantado para las madres trabajadores, las vinculadas a familias numerosas, la gestión del ingreso mínimo vital o la bonificación del gasóleo para profesionales, entre otras muchas actuaciones.