Joan Carles Ollé: «Hay que mejorar la protección de los consumidores, la parte más débil»

—Ustedes han sido espectadores privilegiados. ¿Cómo se ha sentido la crisis inmobiliaria en el sector?

—Desde el notariado tenemos la sensación de que el sistema de acceso a la propiedad y el mercado hipotecario ha funcionado razonablemente bien. Tanto la ley hipotecaria como la de propiedad horizontal de 1960 han permitido el acceso a la propiedad de la mayoría de los ciudadanos españoles. Hay un 80% de propietarios en España, muy por encima de la media de los países de nuestro entorno. Pero la crisis ha puesto de manifiesto determinadas disfunciones que deben corregirse. En cuanto a la caída de la compraventa de la vivienda, las políticas fiscales que tiene que implementar el Gobierno son muy importantes. Quizá las medidas aplicadas en los últimos años, como la subida del IVA y la supresión de las desgravaciones fiscales para la compra de vivienda, no han ayudado.

—¿Y qué puede apuntar el Consejo General del Notariado?

—Con las jornadas que estamos celebrando pretendemos realizar un estudio a fondo y una revisión de todo el derecho privado español. Concretamente, en Benidorm vamos a estudiar todos los ámbitos del derecho patrimonial, la contratación que hace referencia al acceso a la vivienda. Tenemos que decir que el sistema español de seguridad jurídica es bueno. Todo ciudadano que ha comprado su vivienda con una escritura pública, ante notario, no ha tenido ningún problema en ese sentido. Pero creemos que hay que hacer mejoras, como una mayor regulación en cuanto a la protección de los consumidores, que en definitiva es la parte contratante más débil.

—¿Cuáles son, en concreto, esos aspectos mejorables?

—La seguridad jurídica es fundamental. Debería mejorarse en la fase previa al otorgamiento de la escritura, en el momento de los tratos preliminares entre los particulares, mediante una mayor intervención del notario. En esas situaciones se produce una cierta indefensión del ciudadano, porque se puede dar la posibilidad de que ese documento privado lo haya redactado el operador económico o su asesoría jurídica. Otro aspecto que se puede estudiar es el arrendamiento de viviendas, que en nuestro país está infrautilizado. En muchas ocasiones, se debe a que el arrendador considera que no tiene suficiente protección jurídica. Algunos estudiosos han propuesto el llamado desahucio notarial, que se llevaría a cabo mediante una pequeña modificación legal, para que ante el impago del arrendatario se pudiese proceder al desalojo por el propio notario. Esto podría tener un efecto importantísimo para dinamizar el mercado del arrendamiento. En la medida en que hay una parte contratante más débil, el notario debe asesorar más a esa parte y darle más información para reequilibrar el contrato.

—¿Cree que la dación en pago sería una solución?

—La crisis también ha puesto de manifiesto que existen disfunciones en los procesos de ejecución hipotecaria. Nosotros pensamos que la dación en pago obligatoria con carácter retroactivo, aparte de que podría plantear problemas de solvencia en el sistema financiero, es una solución drástica, que conduce a la pérdida de la vivienda, cuando podrían explorarse otras soluciones. Hay que realizar una reforma de la ley de enjuiciamiento civil, que está obsoleta. El ciudadano entre ejecución y ejecución tiene muy pocas posibilidades de defenderse. Además, los intereses de demora deberían reducirse. Podrían ayudar mucho también el procedimiento extrajudicial de ejecución y la regulación de la tasación.

—¿Sería necesaria la aprobación de la ley de jurisdicción voluntaria para despejar los juzgados?

—En general, pensamos que el notariado está en condiciones de asumir la posición de solución alternativa de conflictos frente a la vía judicial. El sistema español tiene un problema de medios, de que está realmente colapsado. Nuestra función es evitar el conflicto; no hay mejor justicia que la preventiva. Creemos que esta ley sería muy importante para descolapsar los juzgados.

—¿Pueden aplicar una rebaja en las cancelaciones de hipotecas, como denuncia la OCU?

—El informe que presentó la OCU sobre este tema carecía de rigor. Sobre esta materia existe una ley imprecisa y el Gobierno, con un decreto, aclarará las dudas jurídicas.