El Gobierno otorgará labores de policía al nuevo regulador único

Quiere evitar casos pasados de corrupción y fraude en los mercados y empresas

MARÍA JESÚS PÉREZ

06/03/2012
Actualizado a las 04:38h.

Control estricto para evitar comportamientos irregulares como en tiempos pasados, si bien no remotos. Los casos de fraude o de corrupción deberían quedar, pues, en el olvido . O esa es la principal intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy al otorgar a los inspectores ... del nuevo regulador único facultades propias de la Policía.

Así, el Gobierno otorga al personal de la nueva Comisión Nacional de los Mercados de Competencia labores de auténticos inspectores de policía. Según reza el anteproyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al que ha tenido acceso ABC , «el personal de la Comisión de Competencia, debidamente autorizado por el personal directivo correspondiente, tendrá la condición de agente de la Comisión y podrá realizar cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresas para la debida aplicación de esta Ley».

Este documento explica, punto por punto, las facultades de inspección que tendrá el personal que vigilará tanto a los mercados como a las empresas , y a sus directivos, administradores o miembros. Un marcaje en toda regla a poco que vea indicios de malas prácticas.

En la nueva ley se especifica también que en caso de que el inspector del órgano regulador necesite acceder a cualquier local o terreno de empresas o asociaciones de empresas que tenga en el punto de mira, o quiera acceder al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros de dichas empresas, y si decide precintar los locales, libros o documentos y demás bienes de las mismas en el tiempo que estipule necesario, requerirá del previo consentimiento del afectado o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.

La nueva regulación prevé además que tanto las empresas como las asociaciones bajo estricta vigilancia del regulador están obligadas a someterse a las inspecciones que el órgano competente haya autorizado. Si la empresa o asociación se opusieran a una inspección o existiese el riesgo de que fueran a hacerlo, Competencia debería solicitar una autorización judicial cuando esta implique restricción de derechos fundamentales al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que resolverá en el plazo máximo de 48 horas.

Finalmente, el personal encargado de la inspección tendrá que levantar acta de sus actuaciones, que tendrán naturaleza de documentos públicos, y harán prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos que motiven su formalización.