Caja Castilla-La Mancha dio cientos de hipotecas para casas ilegales en Toledo

Chozas de Canales, un pequeño municipio de La Sagra, es el paradigma del estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2003, el promotor ya había levantado más de cien unifamiliares, pese a que no contaba con permisos. Un año después, el ayuntamiento aprobó el PAU pese a la ausencia de los informes correspondientes de la Junta de Castilla-La Mancha. Ni siquiera tenía el suministro de agua garantizado.

El entonces alcalde, el socialista Antonio Antúnez, tuvo que abstenerse en la votación porque había trabajado para el constructor. Julián Agudo, portavoz del PP, denunció las decisiones tomadas en ese pleno.

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para Antúnez y 19 de inhabilitación para el actual alcalde, Ignacio Pitaluga, que en su día votó a favor del PAU como concejal. Los acusa de prevaricación y falsificación de documentos, gracias a los que el promotor consiguió inscribir las casas y venderlas. En total, unas 1.400 viviendas, aunque los tribunales solo han actuado contra las 340 del PAU Z9 porque nadie ha denunciado el resto de urbanizaciones. El municipio duplicó su tamaño en los años del boom inmobiliario.

Entre Antúnez y Pitaluga gobernó Julián Agudo, pero con la guerra del urbanismo como telón de fondo, una tránsfuga permitió al PSOE «legalizar» el PAU y recuperar la alcaldía. En las municipales de 2011 los socialistas ganaron por mayoría absoluta. El ahora líder de la oposición advierte que si el ayuntamiento legaliza las obras «se arruinará, porque tendrá que rehacer calles y desagües defectuosos , además de cambiar normas de ordenación del territorio que no son de su competencia».

Las casas, de unos 200 metros cuadrados, están construidas en parcelas de 150 metros, 100 menos del mínimo permitido en esa zona. Esto tampoco lo vio CCM.

El actual regidor, Ignacio Pitaluga, se exculpa de su apoyo a la construcción del PAU ilegal «porque entonces mi área no era el urbanismo», declara a este diario. En cuanto al futuro, el alcalde apuesta por «legalizar las casas, reclamar al promotor para que se encargue de los desperfectos y pedir ayuda al gobierno autonómico para que los vecinos sigan en sus casas».

El promotor, Felipe Barbarroja, que vendió los chalets a unos 100.000 euros de media, se ha declarado insolvente en otros procedimientos judiciales. Siguió recibiendo financiación de CCM incluso meses después de la intervención por parte del Banco de España, en 2009. Desde la entidad Liberbank, a la que actualmente pertenecen los principales activos de la caja castellanomanchega, insisten en que todo esto ocurrió «antes de nuestra llegada» .