El Congreso aprueba el decreto para contener las subidas de la luz

El lado más controvertido de la normativa, la reducción del número de horas en las que las instalaciones tienen derecho a recibir las primas, ha ocupado la mayor parte del debate previo a la votación. Ante la dificultad de paralizar el decreto, las organizaciones fotovoltaicas esperaban que, al menos, las agrupaciones parlamentarias optaran por tramitarlo como proyecto de ley, lo que habría permitido introducir enmiendas en el texto. Una propuesta que ha sido rechazada por un estrecho margen de nueve diputados, ya que, en este punto, el grupo popular ha votado a favor.

Miguel Sebastián ha defendido que las nuevas medidas «evitarán subidas desmesuradas de la tarifa eléctrica». Ante las acusaciones del sector de las renovables de que la regulación afectará a las plantas ya instaladas, el ministro de Industria rehusó que el recorte con que el Ejecutivo pretende ahorrarse 2.200 millones de euros durante los próximos tres años vaya a tener efectos retroactivos. Se tratará, apostilló, de un recorte «temporal, razonable, proporcionado, necesario» que «garantizará el futuro del sistema».

Las principales asociaciones del sector, ASIF, APPA y AEF, han denunciado que la reducción de las retribuciones obstaculizará el acceso al crédito de los promotores de las plantas, una situación que el Gobierno, según Sebastián, ya ha contemplado. «Somos conscientes de que la medida puede exigir en algunos casos inyecciones de liquidez a proyectos, y desde el Gobierno queremos facilitarlo y evitar dificultades coyunturales de liquidez». Con este fin, Industria confía en recuperar el diálogo roto desde el pasado verano con el sector y garantizarse el respaldo de la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros).

Al margen del pleno, el ministro de Industria aseguró desafiante en los pasillos del Congreso que las compañías eléctricas que presentaron los recursos contra el decreto del carbón, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa, «saben lo que va a pasar» si no retiran sus apelaciones ante el Tribunal de Luxemburgo antes del plazo concedido por el Ejecutivo, según recogió Ep. «Les dimos un plazo y esperamos que lo cumplan», recalcó Sebastián. El frente del tribunal europeo es el único que se mantiene abierto, después de que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo levantaran las medidas cautelares contra el desarrollo del decreto que incentiva la quema de carbón nacional.

El Congreso de los Diputados ha dado su visto bueno al decreto ley con medidas urgentes, entre ellas el recorte de las primas a las fotovoltaicas y la imposición de peajes a las eléctricas, que el Ministerio de Industria aprobó a finales del mes pasado para reducir el déficit del sistema eléctrico. Finalmente, la convalidación de la norma ha contado con el voto favorable del PNV y el grupo socialista y la abstención de CiU y el PP.

El lado más controvertido de la normativa, la reducción del número de horas en las que las instalaciones tienen derecho a recibir las primas, ha ocupado la mayor parte del debate previo a la votación. Ante la dificultad de paralizar el decreto, las organizaciones fotovoltaicas esperaban que, al menos, las agrupaciones parlamentarias optaran por tramitarlo como proyecto de ley, lo que habría permitido introducir enmiendas en el texto. Una propuesta que ha sido rechazada por un estrecho margen de nueve diputados, ya que, en este punto, el grupo popular ha votado a favor.

Miguel Sebastián ha defendido que las nuevas medidas «evitarán subidas desmesuradas de la tarifa eléctrica». Ante las acusaciones del sector de las renovables de que la regulación afectará a las plantas ya instaladas, el ministro de Industria rehusó que el recorte con que el Ejecutivo pretende ahorrarse 2.200 millones de euros durante los próximos tres años vaya a tener efectos retroactivos. Se tratará, apostilló, de un recorte «temporal, razonable, proporcionado, necesario» que «garantizará el futuro del sistema».

Las principales asociaciones del sector, ASIF, APPA y AEF, han denunciado que la reducción de las retribuciones obstaculizará el acceso al crédito de los promotores de las plantas, una situación que el Gobierno, según Sebastián, ya ha contemplado. «Somos conscientes de que la medida puede exigir en algunos casos inyecciones de liquidez a proyectos, y desde el Gobierno queremos facilitarlo y evitar dificultades coyunturales de liquidez». Con este fin, Industria confía en recuperar el diálogo roto desde el pasado verano con el sector y garantizarse el respaldo de la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros).

Al margen del pleno, el ministro de Industria aseguró desafiante en los pasillos del Congreso que las compañías eléctricas que presentaron los recursos contra el decreto del carbón, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa, «saben lo que va a pasar» si no retiran sus apelaciones ante el Tribunal de Luxemburgo antes del plazo concedido por el Ejecutivo, según recogió Ep. «Les dimos un plazo y esperamos que lo cumplan», recalcó Sebastián. El frente del tribunal europeo es el único que se mantiene abierto, después de que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo levantaran las medidas cautelares contra el desarrollo del decreto que incentiva la quema de carbón nacional.