Ron y Saracho confrontan en el Congreso sus versiones de la debacle del Popular
Un inspector del Banco de España y la auditora comparecen también esta semana en la comisión
El caso Popular promete despertar de su letargo a la comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados. Las explicaciones por la debacle del que fue sexto banco del país arrancan esta semana en el Parlamento con la comparecencia pública, por primera vez desde que fue resuelto hace un año, de sus dos últimos presidentes: Ángel Ron, señalado por sus doce años de gestión, y Emilio Saracho, que dirigió el grupo durante los últimos 108 días de vida de la entidad en los que no logró atajar la crisis de liquidez que precipitó su caída.
La comisión ha citado a Ron el próximo jueves por la mañana y a Saracho ese mismo día, pero en sesión de tarde, de forma que evitarán la foto juntos. El careo solo se dará en los titulares de prensa. Lo previsible es que Ron defienda que el banco era solvente y atribuya la quiebra a la fuga de depósitos que sufrió en los seis meses antes de ser intervenido y, por tanto, a la gestión de Saracho de esa crisis de liquidez.
La dureza con que Ron se refiera a esa gestión de Saracho podría determinar el tono del discurso de este último. El banquero, que solo se ha pronunciado públicamente a través de un artículo escrito por él mismo en prensa, únicamente se ha referido hasta ahora a las dificultades de afrontar esa crisis de liquidez por las carencias del nuevo esquema de resolución europeo. Eso sí, en ese artículo apuntaba también a los problemas de morosidad que el Popular arrastraba desde hace años y que ya habían alertado al supervisor en 2012.
Déficit de capital
Ese año, la consultora Oliver Wyman, al cifrar el rescate del sistema financiero español, detectó en el Popular un déficit de capital de 3.200 millones que cubrió con una ampliación de capital. El ya exgobernador del Banco de España Luis María Linde admitió en abril ante el Congreso que quizá fue un error no nacionalizarlo en ese momento, aseguró que desde entonces estaba bajo seguimiento continuo del supervisor y desveló que en 2016, ante sus debilidades, el BCE presionó al banco para que volviese a ampliar capital. Y lo hizo, por tercera vez en cinco años, con otros 2.500 millones.
Por eso Ron esgrimirá que los supervisores sabían lo que sucedía en el Popular. Más aún, este encargó a KPMG y EY informes que respaldasen sus criterios contables. En este sentido será clave la comparecencia, dos días antes, en la misma comisión, de uno de los inspectores del Banco de España responsables de la inspección del Popular, Ignacio Pardo. La Asociación de Inspectores del organismo denunció en su día en el Parlamento que sus informes sobre los problemas del banco fueron silenciados por sus conclusiones.
La versión de Ron es que la caída del Popular se produce básicamente por la salida descontrolada de liquidez , apuntando así a su sucesor. Saracho se defenderá recordando que el nuevo mecanismo de resolución europeo no cuenta aún con una figura de prestamista de último recurso, lo que impidió al banco conseguir liquidez de urgencia suficiente. De esta forma señalará a las instituciones europeas, que de hecho ultiman ya un cortafuegos de liquidez.
Pero algún diputado podría reprochar además a Saracho que sus manifestaciones públicas asegurando que el futuro del Popular dependía de su venta o una nueva ampliación contribuyeron a su derrumbe en Bolsa.
Saracho escribió que cuando llegó al Popular se encontró con problemas estructurales de mayor gravedad a los conocidos. En abril de 2017, dos meses antes de la resolución, revisó las cuentas de 2016 firmadas por Ron al aflorar nuevos ajustes que elevaron las pérdidas de 3.485 a 3.611 millones. Luego, el Santander, tras tomar las riendas, publicó unos «números rojos» para todo 2017 de 13.560 millones.
Las cuentas de 2016
¿Cómo puede un banco arrojar de repente tales pérdidas? La CNMV, que revisó si parte de esas pérdidas de 2017 eran achacables a ejercicios anteriores, ha enviado un informe a la Audiencia Nacional , que investiga la gestión de la entidad, en el que da cuenta de «datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes» en las cuentas de 2016.
Sobre ello podrá arrojar luz el día 18 el presidente del Santander España y del Popular, Rodrigo Echenique, que solo responderá por las cuentas de 2017, que son las de un banco en resolución y no en funcionamiento. Un argumento este último al que también podría aferrarse Pwc, que auditó las cuentas del Popular durante tres décadas sin anotar ninguna salvedad, y cuyo presidente, Gonzalo Sánchez, dará su versión este miércoles.
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