Una vuelta de tuerca para apuntalar la recuperación del mercado laboral

Hay un cierto consenso entre los organismos internacionales, y además desde hace años, sobre lo que tiene que hacer España aún para mejorar la eficiencia de su mercado laboral. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), asegura en su último informe sobre España que «la tasa de desempleo disminuye progresivamente gracias al mayor crecimiento económico pero sigue situándose en niveles muy elevados, sobre todo entre los jóvenes y los desempleados de larga duración. Además, hay una elevada proporción de desempleados de larga duración que corre el riesgo de perder habilidades, lo que puede llevar a la desafección y alienación, La pobreza también ha aumentado, debido a la falta de empleo de calidad que proporcione suficientes horas de trabajo remunerado y unos ingresos adecuados».

En materia de soluciones, la OCDE propone «aumentar la eficiencia de los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, la creación de una representación cada vez mayor de los colectivos empresariales cuando se autorice la prórroga de los convenios colectivos y reducir las contribuciones empresariales a la seguridad social para los trabajadores de salarios bajos con contratos indefinidos».

En relación con este último aspecto, Rajoy explicó en el mismo acto, la clausura de la Asamblea anual del Instituto de Empresa Familiar (IEF), que «el Gobierno no tiene intención de rebajar las cotizaciones sociales porque tenemos un grave problema con la sostenibilidad del sistema de pensiones que algún día habrá que afrontar y, de hecho, se ha creado una comisión de expertos que está estudiando este tema aunque, desde luego, será necesario el apoyo de otros partidos políticos ya que el PPno tiene votos suficientes para sacar adelante en solitario una reforma del sistema».

Pese a la negativa de Rajoy a hacer cambio alguno en las cotizaciones sociales que pagan los empresrios por los trabajadores, la OCDE cree que «la estructura impositiva sigue estando orientada hacia los ingresos laborales, lo que penaliza el crecimiento y el empleo. Como medida temporal para impulsar el empleo indefinido, entre febrero de 2015 y agosto de 2016 se redujeron temporalmente las contribuciones a la Seguridad Social para las empresas, al eximir durante dos años los primeros 500 euros del salario de los trabajadores con arreglo a nuevos contratos indefinidos. Sin embargo, para respaldar aún más la creación de empleo, el Gobierno debería otorgar un carácter indefinido a este recorte de las contribuciones a la Seguridad Social para las empresas, además de restringirlo a los trabajadores de baja cualificación. Esto tendría unos efectos positivos más duraderos sobre el empleo de los trabajadores con menor cualificación, que es donde existe una mayor necesidad de estimular la demanda de empleo. Dicha reducción de las contribuciones a la Seguridad Social para las empresas deberá considerarse en el contexto de una reforma tributaria de mayor alcance para mejorar la estructura impositiva, que actualmente está orientada hacia los ingresos laborales y penaliza el crecimiento y el empleo».

Uno de los aspectos que destaca también la OCDE es la calidad del empleo. Según esta organización, «en 2013 los trabajadores españoles eran los que más probabilidades tenían de perder su empleo en la OCDE, principalmente como resultado de la pérdida de empleo de aquellos con contratos temporales. Además, la duración esperada del desempleo también era muy elevada para los estándares de la OCDE. Es probable que la situación haya mejorado desde entonces, teniendo en cuenta la recuperación del mercado laboral y el descenso de las cifras de desempleo. No obstante, aún una cuarta parte del conjunto de los empleados tiene empleos temporales, lo cual representa la mayor proporción de la OCDE después de Polonia, según datos de Eurostat. Asimismo, España también muestra la tasa más baja en la transición de trabajadores de empleos temporales a indefinidos. De media los ingresos son también comparativamente bajos, lo cual refleja la baja formación media de los trabajadores y la escasa productividad media de las empresas».

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional asegura en su último informe que la reforma laboral del 2012 ha contribuido a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo en España, aunque aún persisten «importantes rigideces, incluyendo la dualidad del mercado, por lo que los contratos indefinidos tendrían que ser más necesarios para los empresarios». Es por eso que esta institución multilateral plantea la necesidad de simplificar «el menú» de contratos a disposición del empresario al mismo tiempo que se reduce de forma efectiva la brecha de protección a los distintos tipos de empleo. «Hay que introducir un contrato único de duración indefinida cuya indemnización por despido se incremente gradualmente a lo largo del tiempo y que podría coexistir con otros contratos que darían respuesta a las necesidades específicas y costes de formación de sectores con elevada temporalidad como el turismo o la agricultura».

Desde la Comisión Europea, este mismo jueves, en el marco de las previsiones macroeconómicas, se mostraba más pesimista que el Gobierno en sus expectativas de paro, ya que prevé que el empleo crezca de manera «fuerte» aunque a un ritmo más moderado, y que la tasa de paro caiga al 17,6% este año y al 15,9% el que viene, frente al 16,6 % que espera el Gobierno para 2017. Aunque en esta ocasión no hubo recomendaciones específicas, que se publicarán dentro de unos días, tradicionalmente Bruselas está a favor también de acabar con la dualidad del mercado laboral español.

Miguel Ángel Malo, profesor de la Universidad de Salamanca, explica que «en España la segmentación del mercado de trabajo tomó ya hace años la forma de contraos temporales, concretamente a partir de la reforma de 1984, que fue cuando se rompió el principio de causalidad y facilitó el uso de este tipo de contratos. Se concibió como flexibilidad de entrada, en el sentido de fomento del empleo, pero en realidad se trató y se trata de una flexibilidad de salida, sobre todo por la brecha de los costes de los despidos, con 12 días de salario por año trabajado en el caso de los temporales y 20 días en los despidos procedentes en los contratos indefinidos y 45 días en los improcedentes».