Las telecos chocan con Calviño por la próxima subasta del 5G

El borrador ofrece varias novedades respecto a lo ocurrido en julio de 2018 con la banda de 3,6-3,8 GHz: entre las más destacadas, se eleva de forma relevante el precio de salida hasta los 1.170 millones de euros frente a los 100 millones de la anterior convocatoria. Lo que justifican desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en «el reducido espectro disponible en esta banda de frecuencias», «el límite fijado en la cantidad de frecuencias a utilizar por el mismo operador» y «la realidad actual del mercado de las telecomunicaciones en España». También resulta novedoso que, en esta ocasión, se opte por un pago único «como requisito indispensable» para quienes se hagan con alguno de los ocho bloques de frecuencias que se subastarán (cuatro concesiones en las bandas 703-733 MHz y 758-788 MHz , así como 3 concesiones en la de 738 - 753 MHz y otra más de 2x10 MHz).

Un cambio que, se asegura en el documento presentado a consulta pública, ofrece más «ventajas» a los adjudicatarios frente a diferir el pago durante los 20 años de la concesión y, para ello, apelan al «entorno actual de bajos tipos de interés y del acceso a la financiación» .

Otra de las modificaciones es la ampliación de las condiciones de cobertura: en cinco de los ocho bloques a subastar (todos menos la concesión de 2x10 MHz) se exige proporcionar cobertura «a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes» en los siguientes tres años. De manera que el 5G alcance al 50% de estas poblaciones el primer año de la concesión; el 75% el segundo; y el 100% en el tercero. Así, esto incluye a todas las capitales de provincia y de comunidades autónomas, además de a infraestructuras como autovías o estaciones de tren. En el caso de la concesión de 2x10 MHz, a los beneficiarios se les exigirá que en tres años den cobertura desde esta banda a todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes, alcanzando el 25% el primer año de concesión , el 60% en el siguiente, y hasta completar todo el territorio nacional en el tercer ejercicio.

Las fuentes consultadas sitúan las principales discrepancias, a falta de análisis más profundos, en el precio de salida de la subasta, que se considera elevado (1.170 millones de euros) y que sitúan en la línea de países vecinos como Francia (2.800 millones captados en la última subasta) u Holanda (1.232 millones captados), así como en el hecho de que en esta ocasión se opte por el pago único frente a la posibilidad de un primer pago y de posteriores anualidades, que se ofrecían a los operadores en 2018.

Para Fernando Castelló Sirvent , profesor de ESIC y director de Castelló Consulting , este tipo de subastas realizan «una asignación eficiente» de los recursos; aunque advierte contra «una rentabilidad baja» en alguna de las rondas, si acuden pocos participantes. En este sentido, cree que el recurso a un precio de partida elevado en este tipo de pujas puede estar relacionado con evitar este riesgo. Al respecto, Castelló advierte contra las consecuencias de una competencia menor para el desarrollo del sector.

Tampoco entusiasman, según las fuentes consultadas, las obligaciones de cobertura , que ven más elevadas que en la anterior subasta y recuerdan el difícil contexto económico actual. En menor medida, el acceso mayorista (permitir el uso de la red a operadores más pequeños), esta limitado a cuatro años, según el borrador.