El FMI resta dos puntos al crecimiento español de 2021 y 2022 y entierra el sueño de una recuperación rápida

Según la nueva jefa de la misión del FMI para España, Dora Iakova , este fuerte debilitamiento de las expectativas de crecimiento para España a corto y medio plazo tienen relación directa con el impacto de los precios energéticos , que no sólo estarían tensionando los mercados mayoristas de la electricidad, sino que a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por aligerar su incidencia sobre el recibo de la luz a golpe de rebajas fiscales estaría conteniendo el consumo de los hogares y afectando por esa vía al crecimiento.

La eventual aceleración de la recuperación de la economía española en los próximos meses dependerá según el FMI de forma crucial de la evolución de la pandemia, pero también de la capacidad del Gobierno para alentar el consumo privado y para conseguir una absorción más rápida de los fondos europeos . Las cuentas realizadas a principios de año por el Ministerio de Economía de Nadia Calviño descontaban que su aplicación aportaría dos puntos al crecimiento solo en 2021, el escenario que maneja el FMI es que esa aportación se repartirá entre 2021 y 2022.

En el capítulo de incertidumbres, y más allá de la evolución del virus, el Fondo señala dos elementos fundamentales: la inflación y los desequilibrios fiscales. Respecto a la inflación, el FMI señala de forma explícita que "es importante que las negociaciones salariales continúen internalizando la naturaleza transitoria de los motores actuales de la inflación y eviten un círculo vicioso de mayores salarios que conduzcan a una inflación mayor "; y en relación a los desequilibrios fiscales insta al Ejecutivo a trazar una hoja de ruta de consolidación fiscal que debería arrancar en 2023 para apuntalar la credibilidad del país frente a los inversores.

Credibilidad y sostenibilidad es también lo que echa en falta el Fondo Monetario Internacional en la reforma de pensiones de José Luis Escrivá. El organismo, con un dilatado histórico de advertencias a España sobre la falta de sostenibilidad del sistema público de pensiones, entiende que la reforma aprobada por el Gobierno " ha priorizado la aceptabilidad social y la suficiencia ", pero mantiene la inquietud respecto a su sostenibilidad "en caso de que no se implementen medidas adicionales". Y entre esas medidas adicionales el FMI plantea uno de sus clásicos que le ha reportado la enemiga de buena parte del arco parlamentario: la necesidad de que los españoles prolonguen su vida laboral .

El organismo no cita de forma explícita en su informe la elevación de la edad legal de jubilación, que va camino de llegar a los 67 años en 2027 según la actual legislación vigente en España, pero sí da a entender que considera insuficientes las medidas de estímulo aprobadas en la primera fase de la reforma para conseguir que los trabajadores prolonguen su vida laboral de manera voluntaria. El FMI también pone sobre la mesa la posibilidad de elevar el tope salarial al que se aplican las bases máximas de cotización como cauce para obtener más ingresos. Para la jefa de la misión del organismo para España estas medidas no deben tomarse como una simple recomendación sino como una necesidad si se quiere que la reforma de las pensiones traslade el mensaje de credibilidad y sostenibilidad que le exigen, entre otros, la Comisión Europea.

Las estimaciones de los economistas del Fondo apuntan que la reforma de las pensiones ideada por Escrivá no sólo no mejora la sostenibilidad del sistema público de pensiones sino que añadirá 3,5 puntos de PIB de gasto al sistema de aquí a 2050 respecto al escenario anterior a la misma.

El informe anual del FMI sobre la orientación de la política económica de España también entra en otras reformas estructurales que han levantado polvareda en el debate doméstico, como la reforma laboral o la de la vivienda. Respecto a la reforma laboral, y a la espera del resultado definitivo que se espera para las próximas horas, el Fondo destaca que su coincidencia con el diagnóstico de situación compartido por Gobierno y agentes sociales, pero sus dudas sobre las medidas que se puedan adoptar. En este sentido, advierte de que la reforma debe atacar la excesiva temporalidad del mercado de trabajo y el problema del paro juvenil y de larga duración, sí, pero también debería preservar la flexibilidad de la negociación colectiva e incentivar la contratación indefinida, por la vía, dice, de reducir sus costes para las empresas. Algo que ni se ha planteado por parte del Gobierno ni hay expectativa que se plantee.

En relación a la reforma del mercado de la vivienda, el informe valora la intención de potenciar el parque público de vivienda alquiler, las medidas orientadas a la población vulnerable e incluso las mayores cargas fiscales a las viviendas vacías, pero cuestiona los límites legales a los precios del alquiler en zonas tensionadas que en su opinión "pueden introducir ineficiencias y restringir la disponibilidad de inmuebles para futuros arrendatarios". En este sentido, deja un comentario crítico en torno a la necesidad de evaluar el potencial impacto de las medidas de política económica antes de adoptarlas.