La regulación de Competencia podría obligar a las «telecos» a rediseñar sus planes de despliegue

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha establecido que Telefónica debe alquilar su red de fibra al resto de operadores a un precio regulado en todo el país salvo en aquellas ciudades en las que ya operen tres «telecos» con una cuota de al menos el 20% de la población cada una. Los municipios que actualmente superan ese umbral son 34, frente a los nueve que cumplían esos requisitos hace casi un año, cuando el organismo regulador y supervisor lanzó su primer borrador de la norma.

La postura del primer operador de telecomunicaciones del país no ha cambiado de una versión a otra del texto legal . «Telefónica manifiesta su profunda preocupación por la mencionada regulación en la medida en que la misma va a tener como consecuencia el posible freno de la inversión en nuestro país», dijo la pasada semana tras conocerse el detalle final de la regulación. Ya en diciembre del año pasado, tras publicarse el borrador, la «teleco» anunció que ralentizaba su ritmo de tendido de esa infraestructura un 35%, de 5,5 a 3,6 millones de hogares adicionales pasados con fibra en 2015 . Y lo cierto es que está cumpliendo esa amenaza: a cierre de septiembre había llevado su red hasta un total de 13,4 millones de viviendas, 3,1 millones más que en 2014 (10,3 millones) . Los trabajos de Telefónica suponen unos 10.000 puestos de trabajo indirectos a través de subcontratas. Quizá por eso UGT reaccionó en contra de los planteamientos del organismo presidido por José María Marín Quemada

La compañía cree que al forzarla a abrir su red se desincentiva la inversión del resto de «telecos», que podrían esperar a que Telefónica instalase su fibra en las ciudades en las que no tienen aún presencia para luego alquilársela, ahorrándose así ese despliegue. Ahora bien, esto va a depender del precio de alquiler que finalmente fije la CNMC, que por ahora sólo dice que debe permitir a Vodafone, Orange y el resto de operadores replicar las ofertas comerciales de Movistar. Si es lo suficientemente elevado, Telefónica podrá sacarle partido, pero si es bajo le impedirá tener una oferta diferencial y rentabilizar su inversión millonaria en esa red, y por tanto no verá sentido a seguir desplegando.

Ayer mismo varias asociaciones de consumidores e internautas criticaron en un comunicado conjunto que la propuesta de la CNMC fomente, a su juicio, un «modelo de competencia parasitaria». Sin embargo, tanto Vodafone como Orange, que han gastado miles de millones de euros en la compra de Ono y Jazztel precisamente para dar un salto en el mercado de banda ancha fija, han negado a lo largo del último año que quieran llegar a los clientes a costa de la fibra de Telefónica y han seguido adelante con sus propios planes.

En concreto, Vodafone, mediante su acuerdo de instalación conjunta con Orange, empezó el pasado mes de abril a desplegar por sus propios medios . Actualmente, y según los datos que presentó al cierre de su tercer trimestre, llega a 194.200 unidades inmobiliarias en Asturias, a 51.700 en Extremadura, más de 30.700 en Galicia y ahora comenzará a desplegar también en el País Vasco. Orange, por su parte, revisó recientemente al alza sus objetivos de despliegue, que pasan por llegar a 14 millones de hogares en 2020 , frente a los más de 5 actuales; la semana pasada, tras el anuncio de la CNMC, los ratificó.

En todo caso, y según fuentes del sector, lo lógico es que ambas compañías, aunque mantengan la velocidad de sus despligues, revisen las ubicaciones donde tenían previsto instalar su propia tecnología, ya que en ciudades donde ya está Telefónica podrán acceder a la red de esta bajo ese régimen de oferta mayorista y cabría esperar que primen municipios todavía sin red.

Sin embargo, si como augura Telefónica se produce un frenazo en la inversión, el resultado sería el de una España de nuevo a dos velocidades en cuanto a la conexión a internet . Por un lado, esos 34 municipios liberalizados contarían con una cobertura de fibra total y a altísima velocidad, mientras que en el resto del territorio el despliegue se ralentizaría y muchas localidades, sobre todo los pequeños y rurales, ya de por si menos apetecibles para las «telecos» por la menor rentabilidad esperada, se quedarían rezagadas.

El ritmo de despliegue registrado hasta la fecha ha permitido a España situarse a la cabeza de la Unión Europea en esta infraestructura. En concreto, nuestro país cuenta ya con más de 15 millones de hogares con posibilidad de engancharse a la fibra óptica, mientras que Francia, segundo país más avanzado en esta materia, no llega a los cinco (ver gráfico). Además, España es el primer país en número de suscriptores con casi dos millones de hogares conectados, por delante de Suecia, que roza el millones y medio, y Francia, que apenas supera el millón de clientes.