La UE publicará antes de fin de año solo una versión editada del informe de Deloitte sobre el Popular

La decisión de König de hacer público solo parcialemente ese informe , que dio tres valoraciones del Popular –dos negativas de 8.200 y 2.000 millones de euros y una positiva de 1.300 millones–, responde a la respuesta del panel de apelación de la propia JUR ante la demanda de varios inversores que perdieron su dinero en la resolución del Popular. Las partes que se omitirán aún no están decididas.

En este sentido, König continúa defendiendo su decisión original de no publicar ese informe sin cortapisas, esgrimiendo de nuevo que hacerlo público podría comprometer información comercial estratégica de la entidad y poner en riesgo la estabilidad del sistema, algo esto último a lo que los diputados españoles no dan ninguna credibilidad. De hecho, diputados de todos los partidos políticos muestran su discrepancia con que la JUR haya rechazado, por segunda vez, entregar ese informe al Congreso.

«La JUR respetó el reglamento del Mecanismo Único de Resolución (MUR) al publicar inmediatamente después de la decisión una versión reducida de la misma resumiendo sus principales elementos. Después, publicamos una versión editada de la decisión de resolución», ha dicho König. En cambio, los parlamentario han reprochado duramente la falta de transparencia en torno a ese documento. «La falta de transparencia no es la mejor manera de contribuir ni a la estabilidad financiera, ni al interés público, ni a la buena marcha de la economía ni al presitigio de la propia JUR. Solo le está dando la razón a quienes piensan que se está ocultando algo», ha dicho el diputado del PP Carlos Floriano. «Debemos conocer ese informe, y debe conocerlo al sociedad española», ha exigido en la misma línea Pedro Saura, del PSOE.

Lo que König ha venido a decir en la comisión de investigación de la crisis bancaria en España es que la resolución y venta exprés del Popular era inevitable y, además, la mejor solución. La presidenta de la JUR ha recordado que el Popular era inviable el 6 de junio porque no tenía liquidez para abrir sus oficinas debido a la fuga de depósitos sufrida antes. Es la versión oficial de las autoridades tanto europeas como españolas, pese a que expertos financieros e inspectores han apuntado a que el Popular arrastraba problemas pasados debido a su exposición al negocio del ladrillo.

«No había medidas alternativas disponibles que pudieran haber evitado la inviabilidad en tiempo razonable», ha insistido. En este sentido, König ha explicado que si la Junta no hubiese intervenido como lo hizo, el Popular hubiera perdido la licencia bancaria y no podría haber mantenido su actividad ni atender sus compromisos, y que dejar entrar el banco en concurso de acreedores hubiese contagiado al resto del sector y a la economía.

La máxima responsable de la JUR ha informado además al respecto de que Deloitte está actualmente elaborando otro informe comparando el coste de la resolución con el de una hipotética liquidación vía concurso. En caso de que el concurso resultase más barato, las autoridades tendría que compensar a acconistas y bonistas por la direferencia. « No creo que vaya a ser así », ha avanzado König. Y es que esos informes suelen concluir que el concurso conllevaría costes para el Estado y los depositantes, mientras que la resolución se hizo con cargo exclusivamente a los inversores. «Sería ilusorio pensar que la resolución puede eliminar el coste que es inherente a la inviabilidad de un banco», ha dicho.

Al respecto, König ha defendido como completamente legal, transparente y ajustado a la normativa de resolución la venta al Santander y el precio de transmisión (un euro). La presidenta de la JUR ha explicado que se contactó a cinco entidades financieras y que finalmente solo el Santander presentó una oferta, por un euro, que según König «se consideró acorde con los términos comerciales que eran apropiados a la luz de la valoración realizada por el valorador independiente y dadas las circunstancias del caso». König ha insistido además en la necesidad de distinguir la valoración hecha por Deloitte del precio de compra.