PP y PSOE descargan los errores de la crisis en el Banco de España y piden reformar los supervisores

La propuesta de mejora en la que coinciden ambos partidos es en la de configurar un nuevo modelo supervisor en la que el Banco de España asuma la supervisión de todas las entidades financieras, de seguros y gestoras y sociedades de inversión, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vele por las normas de conducta, incluida la buena comercialización de productos. Este modelo, conocido como “twin peaks” y supondría la desaparición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp), no es el que PP y Ciudadanos pactaron en la pasada legislatura, que era la de dar más independencia a la Dgsfp .

Como fuere, el resto de partidos ­­(Podemos, Ciudadanos, PNV y ERC) no son tan claros al respecto en sus conclusiones, que a partir de ahora todos los grupos parlamentarios pondrán en común para elaborar un documento de conclusiones finales conjunto. En lo que sí coinciden todos es en la necesidad de reforzar los organismos supervisores y su independencia (se llega a plantear que no haya puestos cruzados en los órganos de dirección del Banco de España, la CNMV, el ICAC y el FROB) , en la creación de una autoridad macroprudencial que avise a tiempo de futuras crisis y en la constitución de una autoridad de defensa del consumidor financiero.

El primer error que el PSOE atribuye al Banco de España, y casi el único admitido por sus responsables a lo largo de la comisión , es el de fallar en la detección temprana de la crisis. «Cometió muchos errores de previsión sobre la evolución económica y la llegada de la crisis y, sobre todo, de la segunda recesión, así como el impacto que esta tendría», señalan los socialistas en su informe de conclusiones, justificando en todo caso que ese fue un desliz común en todos los organismos nacionales e internacionales. Pero añade que el supervisor bancario, que en el periodo que investiga la comisión estuvo dirigido primero por Jaime Caruana y después por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, «falló estrepitosamente a la hora de frenar la burbuja de crédito» , criticándole por ejemplo que no fuese más proactivo en el uso de su capacidad de persuasión moral y de sanción ejemplarizante para meter a los bancos y cajas en vereda.

El Partido Popular, por su parte, considera que algunas responsabilidades de supervisión resultado inefectivas, «dilatándose decisiones por tomar o permitiendo operaciones corporativas que daban como resultados nuevos grupos no lo suficientemente robustos». Con esto los populares se refieren claramente al periodo del gobernador Fernández Ordóñez, al que siempre se ha criticado su tardanza en actuar a tiempo en las cajas y de promover unas fusiones frías, como la de Bankia, que resultaron un fracaso. Además, coincide en que pudo hacer mucho más para limitar la concentración de la banca en el ladrillo, hacer un uso exhaustivo de la ley de disciplina e intervención y endurecer la política de provisiones, entre otras cosas.

El PSOE hace cierta autocrítica sobre el papel del Ejecutivo socialista en la época de Fernández Ordóñez y admite que todas las medidas adoptadas entre 2008 y 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, «pese a ser consideradas inicialmente una buena solución para reestructurar de forma suave el sistema financiero, tal y como aconsejaba el Banco de España, acabaron por revelarse insuficientes, en la medida en que retrasaron los inevitables ajustes y aumentaron los importes de recapitalización que fueron necesarios». «Además, fue un error no abordar desde un primer momento la modificación del esquema jurídico y del sistema de gobernanza de las cajas de ahorros» , añade el PSOE, que asume así que actuó tarde en las cajas, tanto para despolitizarlas como para sanearlas y recapitalizarlas.

Eso sí, los socialistas justifican que si no actuaron antes fue porque entonces no era necesario, y cuando lo era no había margen presupuestario para rescatar al sector. Por otro lado, se escudan en que el Ejecutivo actuó siempre conforme a «las indicaciones que llegaban del Banco de España». Además, el PSOE sitúa el origen de la crisis en las condiciones de política económica y monetaria desplegadas desde 1996 y desde la creación del euro, señalando como uno de los factores desencadenantes de la burbuja inmobiliaria la ley del suelo de 1998, aprobada por el Gobierno de José María Aznar.

El PP, en cambio, niega la mayor y dice que no hay indicadores que digan que esa ley favoreció la crisis. Más aún, relata que hasta 2003, un año antes de la llegada de Zapatero a La Moncloa, se hicieron reformas para mantener los equilibrios macro y se tomaron medidas para contener la burbuja inmobiliaria y limitar el déficit exterior. «En 2003 no había burbuja, ni exceso de endeudamiento exterior, aunque sí había evidencias sólidas de la sobrevaloración del precio de la vivienda» , dicen los populares, que añaden que «estos problemas, como se ha demostrado, se agravaron y se hicieron insostenibles a partir del año 2003», apuntando al Gobierno de Zapatero, al que acusan de improvisar en sus medidas y reformas.

Los socialistas, por su parte, acusan al ministro de Economía, Luis de Guindos, de causar el pánico al desvelar, de cara a la aprobación de los decretos de saneamiento de la banca española en 2011, que las entidades del país necesitaban reforzar sus provisiones en 50.000 millones, a los que luego se sumaron otros 36.000 millones. Sin embargo, los populares consideran que ese reconocimiento de la situación del sector y la aplicación posterior del programa de rescate fue un éxito y que esto se ha traducido en «una recuperación impresionante». «El mérito se debe en gran medida al gran compromiso y la gran capacidad administrativa del Gobierno de España y de sus instituciones», dice el PP, que describe como «relativamente limitado» el tamaño de las ayudas públicas inyectadas al sector, 41.300 millones de euros .

En lo que sí parecen de acuerdo el PP y el PSOE así como el resto de partidos es en que la debacle del sistema financiero es culpa principalmente de las actuaciones de sus gestores, y señalan también la politización de las cajas. Además, coinciden en reclamar mejoras en la unión bancaria eurpea, como la creación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) común, y en el sistema de resolución de entidades en apuros como el que se usó con el Popular, así como mayor transparencia de la Junta Única de Resolución (JUR) en estos casos.