Popular, cuando el enemigo está en casa... margen de maniobra... cero

Pues bien. Para prisas, y más que prisas, las que se dieron la mitad de los consejeros de Banco Popular para iniciar el proceso de sustitución de su entonces presidente, Ángel Ron, sin explicaciones ni peticiones de opinión a la otra mitad de la «mesa». El caso es que esa mitad autónoma e independiente se salió finalmente con la suya, porque esa otra mitad ignorada, ante el vergonzoso espectáculo que se estaba dando de cara al accionista y al inversor -en definitiva, a la opinión pública- claudicó y aceptó, muy a su pesar y sin saber que aún nada estaba ni escrito, ni firmado, ni mucho menos cerrado.

Bien es verdad que los hechos se forjaron mucho meses atrás. Cuando algunos consejeros del Popular, descontentos con los planes del presidente Ron -por cierto, refrendados por la mayoría, y por ellos mismos-, decidían hacer la «guerra» por su cuenta. O fusión o a por el presidente. Pues eso, a por el presidente. No hubo más opción. Estrategia de hechos consumados. Hasta llegar al día de autos. El del consejo extraordinario del 1 de diciembre de 2016 donde se decidía el relevo en la presidencia del banco, sin un candidato sucesor consensuado. Y sin conocer aún los términos de su fichaje. Pero había que evitar que los riesgos de no transmitir información clara al mercado acabara con la suspensión de una acción que no dejaba de hundirse.

El propio Ron daba la solución y decidía dar un paso atrás, ante tanta presión externa y ante tanto complot interno, y así se lo hizo saber al presidente de la CNMV , Sebastián Albella, la noche previa que evitaría además la temida suspensión en Bolsa: abrir en la entidad desde ese mismo día un proceso ordenado de sustitución en la presidencia. Finalmente, se pudo publicar un hecho relevante con el visto bueno del candidato a la sucesión, Emilio Saracho, aún con muchos flecos que resolver en su contrato, por lo que no había dado aún el sí, pero sí sus condiciones que puso en conocimiento de José Ramón Estévez, presidente de la Comisión de Retribuciones, y de Reyes Calderón, consejera coordinadora. Sabía que el banco no aguantaría su negativa.

Así las cosas, la tensión y la frustración rodeaba la celebración del consejo del día siguiente. De un lado, los que habían propiciado el acoso y derribo de Ron. De otro, los ignorados en todo el proceso. Estévez arrancó su intervención trasladando las peticiones del oyente: contrato a cuatro años, renovable anualmente, con una retribución fija de 1,5 millones de euros, aportación a un sistema de previsión de 500.000 euros, y una prima de fichaje de 4 millones, más otros conceptos por valor de 30.000 euros. Servida la información, comenzaban los reproches lógicos por aquellos que se sentían al margen de la decisión. Para que constara en acta, a la que, por cierto, ha tenido acceso ABC. El consejero independiente Jorge Oroviogoicoechea abría el turno de opiniones con la pregunta de si la prima de fichaje sería pagadera en cualquier caso, pasara a trabajar o no para el banco, a lo que Estévez le responde afirmativamente. Para José María Arias es entendible la necesidad de esa prima, dado que su nombramiento debe ser sometido a la junta de accionistas y «va a dejar de trabajar para su empresa actual y se le paga en cualquier caso aunque su nombramiento no sea aprobado». El consejero delegado Pedro Larena estaba de acuerdo: «no es una cuantía inhabitual en este nivel directivo y este sector y es probable que esté renunciando a bonos devengados en su actual profesión».

Saracho demandaba además tener derecho a un año de retribución fija que, dado que tiene el carácter de blindaje, también queda fuera de la vigente política de retribuciones y que habrá de adecuarse. El consejero José Francisco Mateu, representante de la sindicatura de accionistas del banco, opina que lo que se propone es acorde con la práctica del sector financiero anglosajón, expresando sus reservas sobre la cuantía de la prima de enganche en cuanto a que sea igual para el caso de que se le contrate o que no.

Tras varios tiras y aflojas entre los consejeros sobre las condiciones de los emulentos del contrato, Oroviogoicoechea quiso dejar constancia en acta los motivos de su perplejidad, manifestaciones refrendadas por el resto de los «obviados» (Roberto Higuera, Mateu, Vicente Pérez, Ana María Molins y Francisco Aparicio). Afirma que el día 11 de noviembre recibió la primera comunicación de la apertura meses atrás de un proceso de sucesión del presidente sin que tuviera previo conocimiento, sin que se hubiera recabado su opinión y por unas razones que desconoce. Recuerda que el 23 de noviembre hubo una reunión informal informativa para conocer el punto de vista del resto de los consejeros y saber que un considerable grupo de independientes y un dominical también habían sido apartados del proceso y manifestaron su disconformidad al mismo, su malestar y pidieron que se recomenzara todo de nuevo, «cosa que no se hizo».

En una reunión de la Comisión de Nombramientos del 28 de noviembre, junto al resto de independientes y dominicales, se les relató por su presidenta Reyes Calderón el proceso seguido hasta la fecha y se les informó de la contración de unos head hunters y de una terna de candidatos (Emilio Saracho, Manuel Pizarro y Antonio González-Adalid) para proponer en el proceso de sucesión. Destacaba Oroviogoicoechea que a él y a otros consejeros excluidos se les dio un solo día para recabar la información de los candidatos. Relata además que durante una sesión extremadamente larga recibieron numerosas comunicaciones de reguladores y autoridades, con cierta presión, ya que se les instaba a ser generosos a la hora de seleccionar al candidato final. Decisión final: 7 votos para Saracho; 5 para Pizarro; 1 para González-Adalid. Adjudicado. El elegido, dijo, hizo todo lo que pudo... Sí, para venderlo, aunque diga que no.