El plan antifraude encuentra 52.453 empleos sumergidos, un 14,5% más que en 2011

Según la ministra, la afloración de situaciones de fraude se ha incrementado en un 29,6% en el caso de las empresas y en más de un 47% en el caso de trabajadores individuales.

Báñez ha explicado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó en el primer semestre del año un total de 143.714 inspecciones en el área de empleo. El importe total de expedientes liquidatorios de cantidades no declaradas se elevó entre enero y junio a más de 643 millones de euros, seis millones más que en el mismo periodo de 2011, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Empleo.

Báñez cuantificó en 13.444 las inspecciones realizadas en materia de prestaciones por desempleo, que permitieron detectar 4.260 infracciones de empresarios que daban empleo a trabajadores que cobraban el paro (+29,6%) y 6.263 casos de personas que trabajaban y cobraban indebidamente una prestación por desempleo (+47%). En el caso de empresas ficticias constituidas con ánimo de defraudar, los resultados son "aún más llamativos", según Empleo, que ha destacado que las 12.882 inspecciones realizadas —más del doble que en 2011— han permitido detectar 992 casos de fraude frente a los 185 en el mismo período del año anterior (+536%).

La titular de Empleo ha defendido asimismo que la lucha contra el fraude es una "prioridad para el Gobierno", tanto en el ámbito de Hacienda como en el de la Seguridad Social. "En tiempos de crisis es cuando tenemos que buscar más el compromiso y la solidaridad de todos los ciudadanos con las administraciones públicas y el sistema de Seguridad Social y de prestaciones", ha insistido.

Para conseguirlo, el Ejecutivo ha trabajado en tres ámbitos: ha reorganizado el departamento de Inspección y ha incrementado en 69 personas el número de inspectores y en otras 59 el de subinspectores dedicados a la investigación del fraude en el empleo, ha "aumentado" la colaboración y coordinación entre los ministerios de Empleo, Interior y Hacienda; y ha dado "más instrumentos a la inspección" con los cambios legales en el Código Penal y el proyecto de ley de Lucha contra el Fraude ya tramitados.

El objetivo de estas medidas es, según Báñez, luchar contra los tres efectos del fraude en el empleo. Y es que la economía sumergida y el empleo irregular "merman" los derechos de los trabajadores, perjudican a las empresas, que "compiten en desigualdad" entre las que "pagan sus obligaciones y cumplen con las administraciones públicas y las que no lo hacen"; y "ponen en riesgo el sistema de Seguridad Social, porque hay cotizaciones que no afloran", ha resaltado. Azpiroz, por su parte, ha recordado también los datos de lucha contra el fraude fiscal cosechados hasta la fecha, con 6.415 millones de euros hasta julio, un 15% más que en el mismo periodo del año pasado (850 millones). "Ha sido un éxito en la gestión del Gobierno", ha zanjado el diputado.