El FMI pide al Gobierno aplazar las subidas de IVA e impuestos verdes para no perjudicar a las rentas bajas

«Medidas que tengan un efecto desproporcionado sobre las rentas bajas para elevar la recaudación de IVA o subir los impuestos medioambientales, deberían esperar hasta que la recuperación sea firme y venga acompañada de gasto focalizado en proteger a los más vulnerables», señala la institución dirigida por Kristalina Georgieva .

Precisamente, el FMI hizo su última visita a nuestro país para intercambiar información con las autoridades el 29 de septiembre, cuando PSOE y Podemos aún negociaban un borrador de presupuestos con medidas sobre la mesa como la subida del IVA a la Sanidad y la Educación privadas, un alza fiscal que no se descartó en el plan presupuestario y que, finalmente, se quedó fuera del proyecto de Presupuestos que sí incluyó el incremento al diésel y el incremento del IVA a las bebidas azucaradas del 10% al 21%.

En sus recomendaciones generales, curiosamente, el FMI sí ve con buenos ojos esta clase de medidas, pero este no es el momento debido a la crisis . En su opinión, habrá que empezar a aprobar ajustes con vistas a recomponer la deteriorada situación de las arcas públicas a partir de 2022. Otras medidas, como la subida de IRPF a las rentas altas, sí son bien recibidas por el organismo para 2021

A lo largo de un detallado informe de 94 páginas , la institución también critica la subida para 2021 de las nóminas de funcionarios y pensionistas del 0,9%, que supondrá un gasto de más de 3.000 millones de euros el próximo año. «Compromisos para elevar de forma permanente determinados gastos, por ejemplo, a través de los gastos en retribuciones o pensiones, deben ser evitados dado el elevado déficit fiscal estructural y las presiones a largo plazo sobre el gasto en la población más mayor», concluye.

El FMI mantiene sus previsiones de que la economía caerá un 12,8% este año y repuntará un 7,2% el que viene y un 4,5% en 2022 y asume que el déficit público y la deuda se dispararán. El organismo prevé, eso sí, que los fondos europeos no tendrán el fuerte impacto que sí tiene en cuenta el Gobierno, que estima un crecimiento del 9,8% el año que viene, 1,6 puntos más que el FMI que también incluye este efecto.

Ante este margen fiscal acotado frente al que la institución insiste en que es el momento de gastar para ayudar a la actividad –por ejemplo, recomienda ampliar los ERTE más allá del 31 de enero –, buena parte de las recomendaciones del FMI apuntan al mercado laboral. El FMI recomienda aprobar el contrato único, con indemnizaciones por despido crecientes, además de la mochila austríaca –una especie de hucha en la que el trabajador guarda aportaciones de la empresa que se puede llevar si se cambia de compañía y que podrá usar en su jubilación y despido–.

Porque la crisis, apunta el FMI, perjudicará sobre todo a los trabajadores temporales, por lo que reclama medidas para reducir la eventualidad en España –la mayor de la UE– que perjudica sobremanera a los jóvenes . En este sentido, si bien recomienda asegurar la coordinación del Ingreso Mínimo Vital con las rentas autonómicas, propone añadirle otra medida: un complemento salarial que ayude a los empleados con salarios bajos, similar a la medida que Ciudadanos lleva años proponiendo.

Junto a ello, en un documento aparte, la institución realiza una evaluación de la reforma laboral de 2012 y de la subida del salario mínimo de 2017. El Fondo llega a la conclusión que la reforma ayudó a reducir la desigualdad gracias a la creación de empleo que contribuyó a impulsar, además de reducir notablemente el riesgo de pobreza, aunque elevó la probabilidad de trabajadores en riesgo de estar en esta situación y de tener un trabajo parcial. Por ello, la valoración que hace el FMI de la medida es positiva frente a la situación que hubiera vivido España de no haber aprobado esta reforma.

Asimismo, evalúa el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 8% en 2017, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que cuenta con datos pormenorizados y desgrageados que le permiten hacer un perfilado de a quién perjudicó este alza. Según el organismo, el alza elevó la probabilidad de perder el trabajo, sobre todo, en trabajadores que estuvieran ganándolo y que tuvieran más de 37 años, con una antigüedad de entre nueve meses y seis años, además de los jóvenes de comunidades con salarios más bajos como Canarias o Extremadura.

«Los hallazgos empíricos muestran que los asalariados mínimos mayores de 37 años y con una antigüedad de al menos nueve meses, pero menos de seis años, tenían 17 puntos porcentuales más de probabilidad de perder sus trabajos debido al aumento del salario mínimo que los trabajadores que ganan un poco más del salario mínimo que no se vieron afectados», recoge. Para los menores de 38 años de comunidades con salarios medios bajos, «la probabilidad de perder el empleo era casi 16 puntos porcentuales más alta que para los trabajadores de otras regiones».