Los peritos independientes ratifican que Plus Ultra estaba en causa de disolución antes de la pandemia

Durante el encuentro, que ha durado alrededor de dos horas y media, se han tratado los detalles más controvertidos del rescate. Principalmente si la aerolínea estaba o no en crisis ya antes de la pandemia (requisito indispensable para recibir las ayudas), así como la legitimidad del cómputo del préstamo participativo como patrimonio neto de la empresa, según ha informado Ep. En definitiva, los puntos oscuros encontrados por los peritos independientes a lo largo de la investigación y que la representación de la SEPI rechaza, como es también el caso de si uno de los aviones que usaba la compañía se vendió o se trataba realmente de un arrendamiento.

El informe pericial encargado por la jueza Collazos también ponía en duda el cumplimiento del plan de viabilidad de Plus Ultra para los próximos años, parte fundamental para recibir los 53 millones del fondo de la SEPI. En concreto, el informe elaborado por los expertos del despacho Martín Molina, ponía en tela de juicio este cumplimiento porque la compañía «proyecta un importante incremento de la cifra de ingresos, al multiplicar por 2,15 la cifra informada de ingresos del ejercicio 2019 en paralelo a la proyección de importantes reducciones en sus principales costes informados».

Por su parte, los peritos de la SEPI, Deloitte y Daiwa , los que avalaron que la empresa no estaba en causa de disolución en 2019 durante el proceso de petición de la compañía al fondo para empresas estratégicas, han mantenido que la empresa cumplía todas las condiciones para recibir el apoyo financiero. Ambas partes han respondido a todas las preguntas de la magistrada Esperanza Collazos, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox .

En todo caso, los resultados de la vista judicial este martes han dejado buen sabor de boca a la compañía, que asegura que las conclusiones del peritaje independiente son «cuestiones subjetivas» por lo que «no hay elementos que demuestren que no se cumpliera por parte de la aerolínea con los requisitos de elegibilidad que exige la normativa para otorgar las ayudas a la solvencia a empresas estratégicas».

La investigación, originada en la petición de la juez Esperanza Collazos , frenó temporalmente en julio la llegada del segundo tramo del rescate a la aerolínea. La ayuda fue desbloqueada semanas más tarde por el juez sustituto del tribunal madrileño, que dio luz verde a la entrada de los 34 millones del préstamo participativo a la compañía -ya había recibido 19- tras considerar que la llegada del dinero ponía en serio riesgo la solvencia de la compañía, lo que podría concluir en «un perjuicio a los pasajeros que han pagado su billete por anticipado».