«Los gobiernos han eludido su responsabilidad con el euro»

—¿Y España, que aún no ha salido del primer bache?

—El camino sigue siendo mantener la disciplina fiscal y asentar la confianza en el mercado financiero, para que éste halle condiciones para prestar cuando la recuperación se vuelva dinámica; y así evitar que el estado, que ya tiene bastantes cargas, tenga que asumir más en sustitución. Y luego impulsar las reformas en el lado de la oferta. Éstas son las tres claves que, pese a una ralentización, permitirán tener antes crecimiento del empleo.

—¿Dónde está España de la tabla reformista?

—Es claro que las economías que mejor están capeando la crisis son las que, desde el principio y de golpe, no arrastradas por los mercados, reformaron y no perdieron competitividad, mantuvieron su disciplina fiscal y flexibilizaron su mercado de trabajo. Países que llevan un retraso deberían acelerar las decisiones.

—¿En concreto?

—Recapitalizar el sistema financiero y concluir reformas laborales pendientes.

—Alemania ha salido de la crisis con su «made in Germany», no bajando sueldos. ¿Si un español cobra menos competirá mejor?

—La competitividad tiene muchas vías. Una, el precio; otra, la calidad y la innovación. Es cierto que algunas economías del euro han perdido competitividad con sus precios, lo que en igualdad de condiciones perjudica. Cuanto se viaja se comprueba que muchos artículos son más baratos en Alemania.

—¿El euro ha encarecido al sur?

—No, fue el famoso redondeo, comprobado estadísticamente, que no se vigiló. Y el euro ha sido tal éxito para algunos países, y los ha protegido tanto de las presiones de los mercados de capitales, que se han olvidado de introducir políticas domésticas complementarias, como mercados más flexibles y una fiscalidad disciplinada. Cuando se está limitando la capacidad de la oferta para crecer y al tiempo se deja crecer la demanda, los precios suben. Esa pérdida de competitividad ha afectado sólo a unos países del euro.

—¿Financiar a bancos y estados no son decisiones políticas del BCE que los gobiernos prefieren evitarse?

—Al BCE debe juzgárselo por su mandato y éste es el mantenimiento de la estabilidad de precios; ningún banco ha sido más escrupuloso. Pero los momentos críticos hay que ser no-convencional y por eso se ha proporcionado liquidez y comprado activos; a veces los bancos centrales desarrollan su política monetaria comprando y vendiendo activos públicos para mantener la estabilidad de precios.

—¿No es socializar la deuda y crear eurobonos sin mandato? ¿O les empujan los gobiernos?

—Si ha sido necesario adquirir puntualmente títulos públicos, a fin de reparar los canales de transmisión de la política monetaria, eso es lo que nuestro mandato exige y lo hemos hecho desde una total independencia. Tener que normalizar alguno de los mercados fundamentales, como el de deuda pública, no implica una misión quasi-fiscal sino responsabilidad con la política monetaria.

—¿Hasta cuando durarán las medidas no-convencionales?

—Pusimos en marcha un programa, lo detuvimos un tiempo, lo volvimos a activar y decidiremos el futuro que tiene, pero desde luego que no iniciamos este programa, ni por volumen, ni cobertura, como respuesta a la demanda política. Esta es la institución más rabiosamente independiente del mundo. Pero si los políticos hubieran cumplido su responsabilidad no habríamos tenido que ser tan no-convencionales.

—¿Qué responsabilidad ha fallado?

—El euro se crea sobre tres patas: la monetaria, la que ha funcionado de verdad y lo vemos en el valor externo del euro, que es estable, y en su valor interno, con los precios. Pero había una pata fiscal, y el Pacto de Estabilidad no ha funcionado; y no por los periféricos, los primeros en incumplirlo fueron las principales economías, Francia y Alemania. Tampoco ha funcionado la tercera pata de flexibilización del mercado, pues una unión monetaria funciona si no se ponen trabas a la libre circulación y al comercio. Nadie se ha preocupado de la pérdida de competitividad de algunos ni ha habido presión recíproca por mantener la disciplina fiscal. Los gobiernos han eludido su responsabilidad. No tendríamos una crisis de deuda soberana si no nos hubiéramos enfrentado a la crisis con niveles de deuda pública tan altos.

—La unanimidad en el BCE es cuestionada por las dimisiones alemanas, que ven al banco compensar por la inacción política.

—Esta institución no es unánime y discute de manera vibrante todo, pero hay un espíritu de consenso y una sabiduría en el colectivo que nos da fuerza. La compra de bonos, como destacó el presidente, se aprobó por abrumadora mayoría.

—¿Se extralimitan como creen los alemanes?

—Es obvio que lo que hacemos está dentro de nuestro estatuto y capacidad. Y eso no ha sido puesto en tela de juicio. Nuestra compra de bonos no crea liquidez pues se esteriliza cada semana y ha sido necesaria para normalizar las vías de transmisión monetaria.

—¿Entienden los alemanes de otro modo el estatuto?

—Alemania es una de las democracias más vivas y en ella hay puntos de vista distintos, todos compatibles con el compromiso de este país con el euro.

—Su ministro de Economía ha hundido bolsas y euro con mencionar un reajuste griego.

—Son tantos los retos —cambiar la gobernanza, introducir una pata de supervisión macroprudencial, programas de ajuste en tres economías— que la intensidad es comprensible; pero sería deseable evitar la reverberación y los mal entendidos. Creo que todos los gobiernos están siendo responsables, aunque no es fácil y la tarea del rediseño del gobierno de la UE es un salto cualitativo.

—Las medidas anticrisis no han impresionado a los mercados ¿lo hará ese salto cualitativo?

—El mapa y la hoja de ruta son claros, lo que hace falta es acelerar ese camino y eso requiere un liderazgo muy fuerte. Y con ello una renovación del compromiso político con el euro, por el que pasa el futuro de Europa en un mundo global. Y recordar a todos que ésa es nuestra vocación y que, por ello, el euro no tiene marcha atrás.

—¿Qué espera de la gobernanza?

—Los cambios son difíciles, y más de la magnitud de un Pacto Euro Plus, que es un Pacto de Estabilidad reforzado con más automatismo y plazos más cortos; o el mecanismo de supervisión recíproca de políticas, hasta ahora exclusivamente nacionales; pero ello no nos puede llevar a la inacción. Hay que recordar a las autoridades que tienen un compromiso con edificar esta nueva gobernanza, como anunciaron solemnemente el 21 de julio. Y a la mayor celeridad, porque los mercados conocen esta tendencia de las autoridades a tomarse más tiempo del necesario y aprietan. En tanto un banco central no puede inhibirse de hacer política monetaria porque los mercados no funcionen, tiene la obligación de usar sus herramientas. El parlamento europeo está muy satisfecho de ello.

—También Roma estaba satisfecha con la intervención del BCE para colocar su deuda.

—Un gobierno no puede confiar en el BCE más que en el frente atribuido, que es la estabilidad de precios. E insistimos en que ellos tienen la obligación de poner su casa en orden y dar al euro una gobernanza, ahora ausente, que transmita a los mercados confianza en que, en el futuro, no veremos indisciplinas fiscales no corregidas; o pérdidas de competitividad que ponen en riesgo a la eurozona.

—El enfado popular apunta a dejar caer bancos en vez de estados...

—Los bancos, como los mercados, son un chivo expiatorio. Pero está claro que han contribuído a lo que vemos, han financiado las hipotecas subprime, han prestado excesivamente allí donde ha habido una burbuja inmobiliaria. Pero si uno se atiene sólo al principio de que pague el que lo hizo mal, puede toparse con resultados inaceptables.

—¿Por ejemplo?

—Una crisis sistémica con un paro masivo y una pérdida general de nivel de vida. Puede ser peligroso seguir un principio sin atender a las consecuencias. La caída de un banco de importancia sistémica genera una desconfianza que afecta al conjunto y significa que no habrá dinero para inversiones o adquisición de vivienda, para financiar la educación superior o la salud y eso es una quiebra de la sociedad. Es más razonable que no se permita que las entidades funcionen sin responsabilidad; que sean reconvertidas y no dejar que caigan, o que el supervisor las fuerce a ser absorbidas por otras, y que, por supuesto, los dueños sufran las consecuencias de sus decisiones. Pero evitando el contagio del sistema financiero.

—¿Y ante la fragilidad de algunas entidades españolas?

—Es necesario supervisarlas de cerca y exigir que se recapitalicen y que no se involucren en negocios que puedan suponer un desajuste de plazos; y, al tiempo, tener un buen sistema de resolución “ex post” de entidades.

—El liquidacionismo fue popular en los años 30.

—Tanto que EE.UU. dejó caer la mitad de su sistema financiero, llevando las tasas de paro a niveles que aún están en la memoria. Disolver una gran entidad, con patas en varios países, sujetas a legislaciones diferentes, es muy difícil para el sistema y aún lo está estudiando el Comité de Estabilidad Financiera. Mejorar la supervisión, cerrar lo que no funciona, que los propietarios soporten sus errores, pero preservar la estabilidad, es mejor que repetir el error que llevó a la prolongación de la crisis de los años 30.

—¿Cómo centralizar el control presupuestario si las economías tienen ciclos de ajuste muy propios?

—Si Europa tiene que hacer frente a las crisis necesita dotarse de mecanismos que puedan, también, exigir el uso de fondos públicos, que sólo los parlamentos autorizan. Si queremos que sea flexible y realmente disuasorio frente a la especulación, sólo será desde una centralización fiscal. Esto está a la base de los problemas políticos con que chocamos.

—¿Qué requeriría?

—Desde un mínimo, que sería una oficina de deuda pública unificada, capaz de bloquear emisiones que no cumplan los requisitos del conjunto; hasta hay quien quisiera parte de los presupuestos asignados a tareas europeas. Entre ambos, podemos tener al ministro de Hacienda del euro, propuesto por Trichet, y creo que vamos en esa dirección. Lo que enseña la crisis es que no son posibles políticas fiscales plenamente autónomas si hay una unión monetaria.

—Cuando España se ufanaba de sus cuentas hace 6 años, Vd recordaba la pérdida de competitividad ¿qué habría resuelto?

—España tenía la misma agenda que ahora; pero el contexto habría sido más favorable entonces: la disciplina fiscal, que en España tiene un componente regional muy importante y sólo al final se empieza a abordar seriamente; el mercado de trabajo, en el que se han hecho reformas como quien corta salami, cuando la experiencia dice que es mejor hacerlas ya y de una vez. Estar por delante de los acontecimientos con las reformas es siempre mejor que arrastrado por la necesidad, como decía Franklyn.

—Trichet sigue pidiendo reformas estructurales ¿qué es urgente para un nuevo gobierno?

—Liberalización de mercados muy importantes como el laboral, el de la energía, que en España sigue siendo muy cara, o la distribución comercial. Hay que ayudar a liberar las fuerzas de la innovación, gente atada por normativas laborales rígidas, o de vivienda, que lastran el mercado de alquiler; esto redunda en pérdidas de competitividad. Una vez en marcha veremos dinámicas muy diferente.

—¿Los solapamientos autonómicos son un problema presupuestario añadido?

—Las autonomías tienen muchas competencias de gasto y muy poca corresponsabilidad fiscal, lo que es un incentivo a gastar de forma excesiva y a cobrar pocos impuestos. Pero no pueden contar con que al final el estado se hará cargo de la factura, como ha sucedido hasta el 2010, en que el estado se ha apretado el cinturón para financiar el deslizamiento autonómico y cumplir con el déficit del conjunto. La enmienda recién aprobada por la mayoría es de las noticias más positivas y el salto será cualitativo para las finanzas españolas; siempre que la ley orgánica que la regule sea escrupulosa en detalles y excepciones.