La crisis impulsa una nueva era del euro

Desde entonces, la crisis de la zona euro euro no ha remitido, sino que se ha agudizado, además el efecto contagio y la debacle bancaria en algunos países como España han propiciado la planificación de nuevos proyectos que suponen un paso adelante hacia el «más Europa». La urgencia es de tal calado que el Consejo Europeo de esta semana y las próximas decisiones que se tomen en el seno europeo supondrán una refundación de la UE tal y como la concemos ahora.

Las medidas, resumidas en la hoja de ruta de la cumbre presentada por el presidente del Consejo Europeo, suponen el nacimiento de una nueva Europa desde el punto de vista ecónomico, y en consecuencia, legislativo. La segunda fase del euro, que revisa los cimientos de la organización comunitaria desde que en 1957 se creara la Comunidad Económica Europea en el Tratado de Roma de 1957, ya está aquí.

El futuro proyecto contempla la implantación de una unión bancaria (a la que ya se ha negado Reino Unido) con un supervisor europeo , que podría ser el Banco Central Europeo (BCE) en última instancia, aunque actualmente está encargado de ello en cierta manera la Autoridad Bancaria Europea (EBA). La vigilancia se establecería a dos niveles, uno europeo, con responsabilidad última, y otro en el ámbito nacional, que asimismo dependerían en última instancia de la autoridad común y del fondo de rescate permanente (MEDE).

La idea de una unión financiera ha tomado peso tras la cumbre europea en la que se ha acordado la recapitalización directa de los bancos desde el fondo de rescate. Europa ha condicionado el préstamo a una mayor vigilancia de las entidades y a una profunda reestructuración bancaria.

Por otro lado, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy aboga por el establecimiento de un si stema de garantía de depósitos que también estaría supervisado a nivel europeo para evitar así la fuga de capitales de un país a otro.

En materia fiscal, la hoja de ruta que sale de la cumbre de Bruselas establece el camino hacia una unión fiscal, que podría derivar en que desde Bruselas se intervengan los Presupuestos de un país y se tomen decisiones sobre las cuentas nacionales y las políticas fiscales de cada estado miembro.

Europa también tendrá poder para bloquear la emisión de deuda soberana cuando su déficit no cumpla con los objetivos y cuando considere que el estado en cuestión no cumple con las medidas de ajuste necesarias. Así, un país que quiera sacar al mercado más bonos soberanos de los acordados en la UE, tendrá que justificar su decisión y recibir autorización de los demás socios. De momento, se ha fijado un calendario de compra de deuda de países con problemas. Gracias a la presión de España e Italia, el resto de países han accedido a que el fondo de rescate acuda al mercado de bonos soberanos para relajar los mercados y facilitar la financiación de los periféricos.

A pesar de negativa de la canciller Merkel, en el nuevo documento que sentará las bases de una nueva unión económica se abre la puerta a la implantación de los eurobonos a medio plazo. Para ello, se crearía un Tesoro común que controlaría la emisión de bonos soberanos de forma conjunta de todos los países miembros de la eurozona.

Para coordinar el sector financiero, la estabilidad fiscal y los demás elementos del sistema ecónomico, se crearía un «superministerio de Finanzas» que tendría supremacia sobre los países miembros. Además, para hacer realidad todas estas reformas en el seno de la Unión Europea habría que realizar cambios en los tratados y así otorgar la legitimación democrática a los nuevos poderes compartidos.

El nacimiento de la nueva era del euro llevará consigo, evidentemente, una cesión de soberanía de los países miembros a favor de Europa. La mayor supervisión, la introducción de vetos y las órdenes vinculantes de Bruselas aumentarán el poder de Bruselas en detrimiento del de los Gobierno nacionales.

El primer ejemplo de la pérdida de soberanía lo ofreció el comisario Almunia en el Foro ABC de esta semana. El vicepresidente de la Comisión Europea daba por hecho que las recomendaciones europeas a España , que incluían una subida del IVA y un retraso de la edad de jubilación, son de obligado cumplimiento para el Ejecutivo español.