Montero se alinea con Calviño y retrasa seis meses la posible subida del SMI

Un aplazamiento concreto y un mensaje cada vez más nítido que, sin embargo, no logró amainar las intenciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de batallar por una subida de, al menos, el 0,9%, como recibirán funcionarios y pensionistas. «Sería muy preocupante que los empresarios no pudieran asumir un alza de 9 euros al mes», había dicho el lunes. Horas después de la comparecencia de Montoro, Díaz fue preguntada al respecto tras un acto en Baleares y respondió con cierta ironía que, de las palabras de la ministra portavoz, se quedaba con que «ya nadie habla de congelar el SMI» .

Según había dicho Montero en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, el Gobierno sigue con su compromiso de subir el salario mínimo para que suponga el 60% del salario medio al final de la legislatura , tal y como establece la Carta Social Europea.

Díaz obvió, no obstante, que Montero también había recordado la importancia de la «prudencia» en un «momento económico tan grave como el que vivimos, sobre todo en determinados sectores». «Será el diálogo social quien conduzca esta decisión», dijo Díaz. Sin embargo, en la mesa de negociación las posturas están muy distantes.

Fuentes empresariales consultadas por este diario aseguran que no hay margen para negociar en esta cuestión porque no ven factible una subida del salario mínimo con la situación económica «dramática» que vive el país actualmente y en la que son muchos los empresarios que están al límite.

También ha crecido el malestar entre los sindicatos, que se sienten «traicionados» por el apoyo del ala socialista del Gobierno a las tesis de la patronal e insisten en que la subida del salario mínimo interprofesional debería llegar, como mínimo, a los 1.000 euros mensuales . De hecho, fuentes de las negociaciones aseguran que, de confirmarse que el indicador se mantiene el año próximo en 950 euros mensuales en los que está fijado actualmente, las relaciones con el Ejecutivo de Sánchez se tambalearán inevitablemente.

Los representantes sindicales sostienen que esta congelación no puede producirse porque el salario mínimo afecta sobre todo a los asalariados del campo y a los menos cualificados de los servicios, «que son los peor tratados por la crisis generada por la pandemia». Justo lo contrario que defiende la patronal, que entiende que subir ahora esta referencia daría la puntilla a pymes y autónomos de los sectores más afectados por el Covid-19.

En esta pugna, el mundo empresarial ha encontrado en Calviño a su mejor interlocutora dentro del Gobierno. La vicepresidenta ya se mostró en línea con las tesis defendidas por la CEOE el pasado lunes cuando recordó, como ayer hizo Montero, que en los últimos dos años el Gobierno ha subido un 30% el salario mínimo.

«Ahora toca actuar con inteligencia política y prudencia para acompañar el momento tan grave que vive el tejido productivo», dijo la portavoz. «Hay que perseguir que no se destruya empleo» y acompañar «a las empresas en este difícil transito» para poder «sortear el semestre que viene en las mejores condiciones posibles».