Los inspectores de Hacienda avisan de que no será fácil que Panamá ofrezca información sobre las sociedades «offshore»

Por ahora, la Agencia Tributaria está analizando ya «en profundidad» la información de los conocidos como «papeles de Panamá» y prevé utilizar todos los instrumentos a su disposición entre ellos las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero.

Sin embargo, el presidente del IHE, José Luis Groba, ha asegurado en declaraciones que «España poco puede hacer sola» y que «es muy difícil desde el Ministerio de Hacienda hacer un requerimiento de información de un contribuyente» a Panamá por participación en una de estas sociedades.

La razón es que, aunque Panamá ya no es el paraíso fiscal opaco que era hace una década , sigue manteniendo prácticas que le convierten de facto en uno de ellos. España y Panamá sellaron un acuerdo de doble imposición en 2011 en el que, entre otras cosas, incluía una cláusula de intercambio de información individualizada y justificada, no automática, masiva ni rutinaria.

Esto quiere decir que España podría requerir información sobre un contribuyente en caso de que ello estuviera justificado. No obstante, en el ámbito del derecho existe lo que se conoce como la 'teoría de los frutos envenenados', que impide obtener información a partir de una prueba ilegal.

En este caso, los conocidos como «papeles de Panamá» se han obtenido, como sucediera con la «lista Falciani» en Suiza, a través de una filtración de la que, según los Inspectores, el país hará uso para argumentar que no puede aportar información a partir de una prueba obtenida por esta vía.

De no haberse firmado el acuerdo de 2011, por el que de hecho Panamá salió de la lista española de paraísos fiscales, la situación ahora sería de «total oscuridad», sin embargo, Groba señala que «previsiblemente el país centroamericano se amparará en la ilegalidad de la prueba obtenida».

Así, el presidente de los Inspectores de Hacienda cree que «España sola puede hacer poco» más allá del avance que han supuesto medidas en la buena dirección como el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero.

A su juicio, hace falta que «todos los países, fundamentalmente en la OCDE, se pongan de acuerdo y lleven a cabo acuerdos multilaterales serios para impedir este tipo de prácticas».

Según señala Groba, la situación urge dado que con las facilidades que aporta internet a la hora de operar en todo el mundo, pequeños y medianos ahorradores que hasta ahora no se planteaban ocultar su dinero en paraísos fiscales han empezado a hacerlo.

«Ya no hay que desplazarse a las Islas Vírgenes para ocultar allí el dinero», asegura el presidente de AHE. En realidad, para crear una sociedad 'offshore' sólo es necesario remitir por correo electrónico a un intermediario financiero de los que ofrecen sus servicios una copia certificada del pasaporte y un documento que especifique el domicilio con una antigüedad máxima de tres meses. «Vale incluso una factura de teléfono», precisa Groba.

Solo con esa gestión cualquier español puede tener una sociedad opaca y operar con total secretismo, enviando a la misma remesas del dinero obtenido legal o ilegalmente.