La hoja de ruta de Hacienda: más impuestos verdes, a empresas, fortunas y tabaco

Año nuevo, viejos objetivos: a largo plazo la meta es acercar la recaudación tributaria de España (35,4% del PIB) a la de la UE (41,7%), con la que hay 60.000 millones de diferencia. Todo ello, eso sí, en el peor momento para subir impuestos: en plena crisis económica, por lo que Hacienda trata de equilibrar los mayores ingresos con un ciclo débil.

Sobre la mesa está revisar las deducciones en el Impuesto de Sociedades, la línea prioritaria en el campo de estudio de los expertos y que supondrá en 2021 una merma de recaudación de 3.872 millones de euros. Montero lamentó que hay deducciones «obsoletas» en una entrevista reciente con Europa Press. Precisamente, uno de los puntos que pactó con Podemos para las cuentas de 2019 y que postergó ante la crisis económica fue la introducción de un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas. Sin embargo, desde Hacienda señalan que esperan a que se constituya el grupo de expertos y a que lance sus recomendaciones. Pese a todo, y como cualquier medida, la reforma fiscal será un pacto político entre las dos almas del Gobierno de coalición y Podemos batallará para fijar este tipo mínimo. Montero también ve con buenos ojos crear nuevas deducciones medioambientales o que fomenten la digitalización. Y la formación morada también quiere bajar el tipo nominal a las pymes del 25% al 23%.

Otra de las áreas que Hacienda lleva tiempo pendiente de revisar es la fiscalidad del tabaco. Hace casi un año, Montero reconoció una propuesta del Ministerio de Sanidad «en la que se plantea el aumento de impuestos al tabaco». El propio Salvador Illa lamentó que los precios del tabaco estén entre los «más bajos» de Europa , antes de que la pandemia se lo llevara todo por delante. El plan sigue ahí y la propia ministra ha admitido a Ep que habrá que abordar el diferencial de precios con la UE. Hacienda también ha abierto la puerta a seguir las recomendaciones de Sanidad en cuanto al impuesto al alcohol. El FMI ya ha reclamado en alguna ocasión elevar los impuestos especiales. España recauda 882 millones por el impuesto sobre el alcohol, 355 por la cerveza y 6.971 por el de labores de tabaco. Sus ingresos por todos estos conceptos, eso sí, están en línea con la UE, un 0,7% del PIB.

Hacienda quiere continuar la senda para elevar el peso de la fiscalidad verde. Antes de la pandemia puso en información pública dos impuestos, a los billetes de avión y otro a los plásticos desechables. Finalmente, solo el segundo ha sobrevivido ante el desplome de los viajes y las aerolíneas y será la Comisión Europea la que recaude el primer tributo, como parte de los recursos propios que construirá para el nuevo Marco Financiero Plurianual. A ello se le unirá el año que viene el impuesto a los residuos, que ingresará, según las previsiones, 850 millones de euros al año. El propio PSOE llevó en 2018 en su programa económico un impuesto sobre los óxidos nitrosos y sobre las emisiones de los vehículos de motor. A ello se le suma la intención de continuar acercando la tributación de diésel y gasolina. Desde Transición Ecológica están por la labor, aunque Podemos recela de impuestos como la subida al diésel, que recae sobre las rentas más bajas.

La gran reforma pendiente, no obstante, será la de la financiación autonómica: una batalla política con consecuencias temibles. Las elecciones catalanas de febrero marcarán hacia dónde irá buena parte de la misma. Pero más allá, Montero defiende una armonización de los impuestos de Sucesiones y Patrimonio con horquillas de tipos entre comunidades. Ello dejaría margen a las regiones pero evitaría que Madrid bonificara al 100% el Impuesto de Patrimonio. Precisamente, el informe del comité de sabios para la reforma del sistema autonómico de 2017 defendía una cierta armonización en Sucesiones, pero también recomendaba que las comunidades eliminaran Patrimonio si así lo deseaban. Aquí vendrá otro pulso entre comunidades, después de que Montero acusara a Madrid de «dumping fiscal», a lo que se suma el deseo de ERC de eliminar la capacidad de la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso de bonificar Patrimonio. De fondo, Podemos pretende elevar la presión fiscal a las grandes fortunas.

Como fuere, España es el único país que tiene Impuesto de Patrimonio en la UE y en 2014 el grupo de expertos para la reforma fiscal comandado por el catedrático Manuel Lagares pidió sustituirlo por un tributo a la riqueza inmobiliaria como hizo Francia. La OCDE y el FMI recomiendan reforzar Sucesiones y la comisión Lagares en 2014 proponía ampliar el número de contribuyentes que pagan el tributo pero reducir los tipos.

Por último, otra reforma pendiente de Hacienda es endurecer el régimen de módulos en el que están casi 400.000 autónomos. Hacienda planeaba vigilar las facturas falsas e ir limitando un régimen pensado para autónomos y micropymes con una facturación reducida, pero ha ido prorrogando los actuales límites de facturación de 150.000 euros. Tras haber permitido que los empleados golpeados por la crisis y que lo desearan salieran del régimen sin penalización en 2020, ahora parece que se avanzará en la reforma para que declaren según sus ingresos.