Gobierno y agentes sociales blindan los ERTE hasta el 28 de febrero

El nuevo acuerdo incluye además una prórroga automática de un mes de los ERTE actuales, hasta noviembre, fecha tras la cual se pondrá en marcha un nuevo esquema, al que las empresas deberán solicitar de nuevo su adhesión, ya con nuevas condiciones, entre las que destaca la obligatoriedad de la formación para los empleados con el objetivo de abrir las puertas del mercado laboral para aquellos que están teniendo más dificultades para retornar a la actividad tras el impacto de la pandemia.

Otra de las claves del acuerdo está en el denominado «contador a cero» , que se amplía un año, por lo que el tiempo consumido de desempleo, desde septiembre de 2020 no computará cuando se produzca un despido por cualquier causa después del 1 de enero de 2023. Se mantiene, por tanto, la obligación de mantenimiento del empleo, la prohibición de horas extras para los trabajadores en ERTE, así como nuevas contratas y subcontratas y también la prohibición de reparto de dividendos para las empresas que tienen a los trabajadores bajo esta fórmula de protección del trabajo.

En cuanto a la prestación extraordinaria para las personas con contratos fijos discontinuos, se garantiza el contador a cero para este colectivo, que antes no estaba garantizando. Y, también, se mantiene la cuantía de la prestación por desempleo en el 70% de la base reguladora durante toda la vigencia del acuerdo.

El pacto llega tras un fin de semana de intensas negociaciones, que se extendieron también a lo largo de este lunes. La obligatoriedad de la formación que reclamaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para mantener las exoneraciones ligadas a los ERTE ha sido la china que ha estado retrasando el acuerdo en esta negociación. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya apuntaba este lunes por la mañana que se había puesto sobre la mesa la posibilidad de que esta condición se impusiera solo a las empresas de más de diez trabajadores para esquivar la gran preocupación de los agentes sociales, creando «un esquema no basado en el voluntarismo y muy apegado a la realidad de las empresas. Es decir, que podamos desplegarlo con eficacia», dijo Díaz.

Y es que el pequeño tamaño de las empresas españolas es precisamente uno de los grandes problemas a la hora de exigir una formación obligatoria. «No podemos ser policías», se quejaban estos días atrás una fuente empresarial. Los sindicatos tampoco vieron con buenos ojos la propuesta de Seguridad Social, pues dudaban de la capacidad de construir una estrategia coherente para reciclar a los trabajadores en un par de semanas.

Finalmente, el acuerdo incluye que las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 80% de exoneración si dan formación a los trabajadores en ERTE y un 40% en caso de no hacerlo. Para las empresas de menor tamaño, de hasta diez empleados, la exoneración será del 80% si imparten cursos de formación y del 50% si no lo hacen. Actualmente, más de 250.000 trabajadores siguen acogidos a un ERTE.

La propuesta del Gobierno consiste en que es que, para poder acogerse a las exenciones en sus cuotas, las empresas que tienen entre 10 y 49 empleados dediquen un mínimo de 30 horas a acciones formativas. Para las que tienen 50 o más empleados ese requisito se elevaría hasta las 40 horas. Para ello habría que aumentar el crédito que se contempla en la ley del sistema de formación profesional para el empleo, que se nutre de las aportaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social.

El acuerdo ha sido ya refrendado por los órganos de dirección de los sindicatos y ha recibido el visto bueno del comité ejecutivo de la CEOE por lo que este martes recibirá la luz verde del Consejo de Ministros, en su última reunión ordinaria de septiembre.