El Gobierno rechaza pagar a Abertis los 1.494 millones que reclama por la AP-7

El Ejecutivo emite ahora este informe, dos años después de que la compañía se lo solicitara, y cuando el contencioso lleva también desde entonces en los juzgados.

En concreto, el pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una sentencia favorable a Abertis, cuya ejecución quedó no obstante pendiente de la resolución que, a su vez, emita el Tribunal Supremo, de la que está actualmente pendiente.

El informe aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario de este lunes señala la «disminución de tráfico que registró toda la red de autopistas, incluida la AP-7 , durante la crisis económica » y concluye interprentando que «interpreta que el convenio firmado con la empresa no ampara eventuales compensaciones por disminuciones de tráfico de la autopista, salvo las que se viesen estrictamente generadas por los desdoblamientos (de la NII) y que excedan el montante máximo de las inversiones efectuadas en aplicación del convenio».

El contencioso tiene su origen en 2006, cuando Abertis alcanzó un acuerdo con Fomento, ratificado mediante Real Decreto en Consejo de Ministros, por el que la compañía se comprometió a realizar ampliaciones y mejoras en la AP-7 y a aplicar descuentos en los peajes, a cambio de que el Estado asumiera el riesgo del tráfico de la autopista si el volumen de usuarios no alcanzaba ciertos niveles.

No obstante, en 2011 el Ministerio comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo, especialmente sobre las compensaciones por tráfico, al comenzar a considerar que no formaban parte del saldo del convenio.

Abertis planteó entonces un recurso contra esta consideración de Fomento, que este Departamento rechazó en junio de 2015, lo que llevó a la empresa a recurrir en septiembre de ese año al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En paralelo, en 2015 el grupo de concesiones también elevó el contencioso al Tribunal Supremo . La compañía tomó esta decisión después de que remitiera un escrito al Consejo de Ministros para pedir que «ejerciera su potestad de interpretación de contrato de la AP-7 en relación con la compensación de los tráficos», y el Consejo de Ministros lo desestimara por «silencio administrativo».

En la actualidad, tras la sentencia favorable que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió el pasado mes de marzo, el proceso está pendiente de la resolución del Supremo , que tendrá ahora que valorar el informe aprobado este lunes por el Consejo de Ministros, con la consiguiente ralentización del proceso.