El Gobierno congela el salario mínimo hasta que haya un acuerdo en el diálogo social

Fuentes del Ministerio de Trabajo insisten en que el objetivo de la prórroga es seguir negociando, dar seguridad jurídica y protección a los trabajadores que están pendientes de este SMI y que podrían quedar en un limbo legal a partir del 31 de diciembre. Pero lo cierto es que el vínculo de la subida al visto bueno de los agentes sociales es nítido. Según establece la prórroga de la vigencia del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, esta se extenderá «durante el periodo necesario para garantizar la continuidad de los trabajos de la mesa de diálogo social en la búsqueda, un año más, de un incremento pactado del salario mínimo interprofesional».

No es la primera vez que se recurre a esta fórmula. Ya el año pasado, por estas mismas fechas y con el Gobierno socialista todavía en funciones, se acordó prorrogar de la vigencia del salario mínimo de 2019 hasta que se alcanzara un acuerdo en el marco del diálogo social que permitiera establecer consensuadamente el de 2020. Finalmente fue a finales de enero cuando patronal y sindicatos llegaron a un acuerdo para establecer una subida del 5,5%, que fijó la retribución mínima en los 950 euros mensuales actuales.

Sin embargo, en esta ocasión, la crisis generada por la pandemia ha generado una negociación mucho más distante entre las partes. Los empresarios se niegan en rotundo a aceptar una subida, posición que ha sido respaldada por los ministros del ala socialista del gobierno e incluso por el presidente Pedro Sánchez .

Son los miembros morados del Ejecutivo quienes siguen apostando por este alza. Así, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, rechazó la semana pasada la postura del ala socialista al apostillar que sería «muy preocupante que las empresas no pudieran asumir una subida de apenas nueve euros al mes», lo que equivale a un alza del 0,9%, el porcentaje que propone la parte de Unidas Podemos del Ejecutivo, en línea a la subida aplicada a funcionarios y pensiones. Aunque las pretensiones de la ministra Díaz, en un principio, pasaban por subir el salario mínimo hasta alrededor de los 1.000 euros.

Durante la presentación del primer informe de rendición de cuentas del Gobierno , el presidente ha vuelto a posicionarse del lado de los empresarios e, incluso, ha remarcado que el sector privado es el que está haciendo «el esfuerzo para poder sobrevivir» por la pandemia. «Hay que recordar que nuestro país va a caer dos dígitos del PIB como consecuencia del confinamiento y la emergencia sanitaria. Somos un 10% más pobres que hace un año y hay que focalizar todos los esfuerzos en salvar vidas, empresas, empleos y reincorporar a los más de 700.000 personas que están en expediente de regulación temporal de empleo y los que están en desempleo al mercado de trabajo», ha dicho Sánchez.

El presidente ha vuelto a reivindicar el camino avanzado en esta materia, «que ha sido mucho» pues desde 2018 se ha aumentado casi el 30%, y ha dado las gracias a los agentes sociales por los acuerdos alcanzados. Igualmente ha recordado su compromiso con que el salario mínimo alcance 60% del salario medio en España al final de la legislatura. Aunque parece que de momento habrá que esperar debido a «la problemática situación que atraviesa el país por la pandemia».

Más allá del salario mínimo, la derogación de la reforma laboral es otro de los compromisos pendientes más relevantes del Gobierno, tal y como se desprende del informe de rendición de cuentas. Según se detalla en el documento, el Ejecutivo no ha iniciado los trámites para limitar la subcontratación o para acabar con la modificación unilateral de las condiciones de contratos por parte de las empresas. Tampoco se han comenzado los trámites para la derogación de la ultraactividad limitada de los convenios colectivos, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los de ámbito superior o los descuelgues por causas económica.

Lo mismo ocurre con el compromiso que adquirió el Gobierno de reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones en caso de uso fraudulento y de integrar a las empleadas del hogar dentro del régimen general.