El Gobierno prohíbe a los ayuntamientos pedir créditos a largo plazo hasta 2012

Y. GÓMEZ | MADRID
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El real decreto publicado ayer en el BOE para poner en marcha las medidas anunciadas por el Gobierno con las que lograr un recorte extra del déficit de 15.250 millones de euros entre este año y el próximo, incluye algunas sorpresas.

La principal novedad afecta a los ayuntamientos, que verán limitadas sus posibilidades de endeudamiento hasta 2012. «Las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones...», apunta el decreto.

En cuanto a los créditos a corto plazo, para cubrir situaciones transitorias, la norma especifica que las operaciones deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que se trata de una medida de control sobre los gastos de las entidades locales y recuerdan que la ley de estabilidad presupuestaria dota al Ejecutivo de instrumentos para controlar el endeudamiento autonómico, ya que es el Ministerio de Economía quien tiene que autorizar las nuevas operaciones.

El decreto que entra hoy en vigor fija también a los consistorios las pautas de cómo invertir el dinero que se ahorrarán con el recorte de los salarios de los funcionarios. En este sentido, la norma señala que estos excedentes se deben dedicar, por este orden de preferencia, a sanear el remanente de tesorería; a disminuir el endeudamiento a largo plazo y, por último, a financiar inversiones.

Y es que, aunque las entidades locales no son las administraciones más endeudadas -al cierre de 2009 eran responsables del 6% del total del endeudamiento público, los préstamos a largo plazo de estas entidades se dispararon un 13,2% el año pasado, según datos del Banco de España.

Otra de las sorpresas que incluye el decreto es el recorte del 5% en los aranceles de notarios y registradores. Aunque esta medida no tiene incidencia directa en el déficit, el Ejecutivo atribuye esta decisión al «carácter de funcionarios públicos de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles». Se trataría, por tanto, de exigir a estos colectivos de empleados públicos un sacrificio similar al recorte de sueldos de los funcionarios.

Los aranceles actuales datan de 1989, pero han sido modificados a la baja hasta en 33 ocasiones, aunque normalmente con objetivos diferentes como controlar la inflación o facilitar el cambio de hipoteca.

La medida dejará no obstante sin cambios a los honorarios fijos referidos a los documentos sin cuantía de estos profesionales, como son, por ejemplo, los testamentos, que ya se cobran a precios incluso inferiores a los de coste. La norma detalla además los datos informativos que deben figurar en sus minutas.

Ante esta medida, el Colegio de Registradores señaló que «no puede expresar su satisfacción» por la rebaja, ya que se une a una reducción del 50% en sus ingresos por la crisis económica. No obstante, apuntan que son «conscientes de que su condición de funcionarios públicos les exige sumarse a las medidas de recortes implantadas por el Ejecutivo». Los notarios, por su parte, prefirieron guardar silencio.