El Gobierno planea elevar la deuda en hasta 10.000 millones para ayudar a empresas

Este margen obedece a que la Dirección General del Tesoro redujo a principios de año las previsiones de emisión de deuda que contenían las cuentas, debido a que la recaudación fue mayor de lo estimado en el cierre de 2020. Como fuere, el Tesoro ya preveía emitir 100.000 millones en deuda neta, en lo que haría que en 2021 se cerrase con un pasivo del 117% del PIB.

Estas fuentes señalan que el paquete de medidas aún debe terminar de afinarse pero que se aprobará en Consejo de Ministros a partir del próximo martes, según se termine de definir antes o después por parte de la vicepresidencia tercera de Asuntos Económicos.

El margen que dejan las cuentas para aumentar más la deuda abre la puerta a incentivos en forma de ayudas directas, recapitalizaciones y medidas que suponen gasto presupuestario en el actual ejercicio. Algo que no ocurre con la otra medida que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tenía sobre la mesa: las reestructuraciones de deuda de los préstamos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Ejecutivo desplegó el año pasado 114.000 millones de euros en avales de préstamos del ICO, de forma que el Estado cubría entre el 70 y el 80% del crédito. El periodo de carencia se amplió hasta 2022, por lo que no sería entonces que el Gobierno se anotaría el impacto fiscal de estas medidas en forma de más déficit y deuda. Las empresas, además, tendrían que esperar al año que viene para sentir este alivio en su tesorería.

Una solución que presenta varios escollos ante la oposición de las entidades financieras y por la problemática de no contemplar a aquellas compañías que no se acogieron a estos créditos. A ello se le suma que desde el Gobierno ha calado la idea de que hay que actuar ya ante la amenaza de que el turismo no se recupere con brío para el verano, ya que de lo contrario puede desencadenarse una oleada de quiebras empresariales de consecuencias imprevisibles.

Sin ir más lejos, la propia portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dentro de este paquete de medidas «podría caber la posibilidad de algún tipo de medida fiscal» . El objetivo será « mejorar » la solvencia de las empresas mediante algún tipo de «saneamiento de su situación financiera», desde la recapitalización de las compañías hasta las quitas en los avales. Un paquete de ayudas que llegará «muy pronto», en palabras de la ministra.

La última medida que Hacienda aprobó para reducir el impacto de la crisis del Covid fue la aprobación de nuevos aplazamientos de deudas tributarias de hasta 30.000 euros por parte de empresas que facturen menos de seis millones, con seis meses de moratoria de los que los tres primeros no tienen intereses de demora. Ahora, el Ministerio estudia nuevos incentivos para las compañías en problemas.

Las miradas se centran en si la recuperación cogerá vuelo en la segunda mitad del año, en un momento en el que el arranque de año ha sido negativo ante la virulencia de la tercera ola y las restricciones aprobadas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) actualizó ayer su previsión de PIB en tiempo real que, ante los datos de afiliación, arroja ya un -1,3% en el primer trimestre , con un 20,8% de la información estadística disponible. Ello supone perder parte de lo recuperado en el cuarto y el tercer trimestre del año pasado, en lo que supone un nuevo golpe a los balances de las empresas y, en concreto, la hostelería y el turismo, sectores que siguen en su mayor parte en ERTE y con la posibilidad de una Semana Santa positiva para el turismo cada vez más lejos. Todo ello, con una campaña de vacunación que sigue esperando a que lleguen más dosis para coger vuelo hacia la meta del Ejecutivo de inmunizar a un 70% de la población para verano.

La comparativa internacional tampoco ayuda al evaluar el paquete de medidas que se han puesto a disposición por parte del Gobierno. El último boletín económico del Banco Central Europeo (BCE) recogía que España es el país de la Eurozona que menos gastó en estímulos fiscales para hacer frente a la crisis: el 1,3% del PIB. Una cifra considerablemente por debajo de sus pares europeos, que supone cerca de un tercio de lo aprobado de media en los países de la moneda común (un 4%), con Alemania superando el 4,5%, Francia cerca del 3% e Italia con un estímulo del entorno del 5,5%.

El Ejecutivo, sin embargo, señala que el estudio del BCE no toma en cuenta esfuerzos presupuestarios como los ERTE y las prestaciones por cese de actividad, con un coste de unos 40.800 millones de euros. Pero más allá del escudo social y lo que permitan destinar los fondos europeos, desde el Ejecutivo se observa que, ahora sí, tras la intensidad de la tercera ola y a un año de que comenzara el primer confinamiento, las empresas necesitan un salvavidas urgente.