El Gobierno aprueba un plan de choque para abaratar la factura de la luz en un 30% hasta final de año

El objetivo, según se fija en la normativa, es amortiguar en el recibo de los consumidores domésticos «la excepcional subida de cotizaciones internacionales del gas natural» hasta el próximo 31 de marzo de 2022, fecha en la que se espera que el precio de esta materia prima comience a bajar.

«La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que incide de manera sistémica en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española», aseguró la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ribera precisó que con las medidas actuales la rebaja hasta final de año será de un 22%, pero si se incluyen las rebajas fiscales aprobadas en junio, la reducción en el recibo llegará al 30% hasta final de año al tocar los tres componentes de la factura: formación de precios en las subastas, cargos e impuestos.

Fuentes del ministerio de Transición Ecológica explican en detalle que el Gobierno limitará al 4,4% la subida del 28% prevista para la revisión trimestral de octubre de la tarifa de gas para el consumidor doméstico. Con esta fórmula se pretende restringir hasta el próximo 31 de marzo de 2022 el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural. El Gobierno destaca en el decreto que el precio de la electricidad, que afecta a autónomos, familias, industrias y a la economía, está íntimamente ligado con la evolución de la cotización del gas natural en los mercados internacionales.

Asimismo, el Gobierno minorará hasta el próximo 31 de marzo de 2022 el exceso de retribución de las eléctricas por los precios internacionales del gas, los conocidos como 'beneficios caídos del cielo' . Para ello, se aplicará una fórmula similar a la empleada para minorar el dividendo de carbono de las centrales no emisoras, ahora en tramitación en el Congreso. Sin embargo, aquí se limita el efecto de esta medida y solo se tendrán en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh. En caso de que sí se sobrepase este límite, las empresas deberán ingresar los beneficios a mes vencido en las cuentas que creará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Con esta fórmula de aplicacion inmediata, el sistema eléctrico recuperará en beneficio de los consumidores unos 2.600 millones de euros hasta abril de 2022, según cálculos de Transición Energética.

Por otro lado, el Gobierno destinará 900 millones adicionales del importe recaudado en las subastas de CO2 a rebajar los cargos del sistema y a cubrir los costes del sistema eléctrico desde los 1.100 millones presupuestados para 2021 hasta los 2.000 millones durante el ejercicio, según fuentes del Ministerio de Transición Energética.

En el ámbito impositivo, la reforma amplía la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica un trimestre , hasta final de año. El Ejecutivo confía en que los productores, en tanto que sujetos obligados de dicho tributo, «podrán volver a ofertar precios más competitivos que redunden favorablemente en los consumidores». Tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a TVE el lunes, el impuesto especial sobre la electricidad se reducirá desde el 5% hasta el 0,5%.

Además, el Gobierno aprobará mecanismos de mercado que «fomenten la contratación a plazo de energía eléctrica mientras el grado de competencia y liquidez en los mercados a plazo así lo precise». Serán subastas de energía a largo plazo que estarán sujetas a condiciones específicas. Y la generación vinculada a estas subastas de contratos de compra de energía a largo plazo corresponderá a un máximo del 25% del valor de energía anual generada más bajo de los últimos 10 años de las instalaciones inframarginales gestionables y no emisoras que no perciban retribución específica y que no hayan resultado adjudicatarias en las subastas de desarrollo de energías renovables.

Con esta fórmula de vocación permanente, el departamento dirigido por Ribera aprobará un calendario con una primera subasta que tendrá lugar antes de que acabe el año. Así, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.

Con estas subastas, el Gobierno quiere contar con otra referencia a la hora de establecer el precio de la electricidad. Según el decreto, las subastas garantizan la competencia entre los actores compradores de la energía en base subastada. El Ejecutivo establece además una serie de condiciones para ser comprador en estas subastas.

Al mismo tiempo, la norma asegura que con estas pujas, que serán supervisadas por la CNMC se garantiza el principio de rentabilidad razonable (como manifestación del principio de seguridad jurídica) de los agentes ofertantes de la energía mediante el establecimiento de un precio de reserva que se determinará a través de una metodología.

El Ejecutivo también modificará la figura del consumidor vulnerable para los hogares que cuentan actualmente con el bono social. Para empezar, la comercializadora tendrá que requerir, 15 días antes de que venza el plazo establecido en el proceso de suspensión del suministro, el pago al consumidor si este no lo hubiera hecho. Con el denominado suministro mínimo vital se amplía la prohibición de corte del servicio eléctrico a los consumidores vulnerables durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes , aunque este se limitará a 3kW. Durante este periodo las comercializadoras no podrán cortar su suministro.

Ante la previsible batalla legal q ue planteará el sector energético por la aprobación de estas medidas, el Gobierno defiende que su decreto es «constitucionalmente lícito» por la situación de urgencia que vive el mercado de la electricidad, que vivió en agosto el mes más caro de la historia y supera actualmente los 150 euros por megavatio hora.

Por otro lado, se modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden . Con este fin, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3, tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada. También se fijará un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.