El Gobierno estudia elevar a rango de ley la norma que protege al taxi de Uber y Cabify

Según ha podido saber ABC, el Ministerio de Fomento estudia distintas fórmulas para limitar el impacto de esta sentencia. La más viable pasaría por la aprobación de un real decreto-ley que introduzca modificaciones a la norma actual y permita «blindar» la relación de una VTC por cada treinta taxis si el Supremo tumba la reglamentación. Fomento ganaría así «tiempo» y dilataría el procedimiento judicial que arranca hoy. Hay que tener en cuenta que, si bien el teórico r eal decreto-ley sería de aplicación inmediata, tendría que ser aprobado posteriormente en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días.

El trámite no sería sencillo, teniendo en cuenta los apoyos que posee actualmente el Ejecutivo en la Cámara Baja. A ello habría que sumar el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) , el organismo que denunció el reglamento actual. Pese a ello, Fomento está estudiando redactar de inmediato esta nueva ley, y así lo ha comunicado a varios actores implicados en el procedimiento judicial. Según las fuentes consultadas, la normativa podría aprobarse incluso en el próximo Consejo de Ministros.

Lo cierto es que el Alto Tribunal podría incluso resolver el caso mañana, aunque todo indica que necesitará algo más de tiempo. Por el momento, hoy comenzará una vista pública en la que comparecerán las partes implicadas en el procedimiento. Entre ellas se encuentran la CNMC , el sector del taxi, la Generalitat, la Comunidad de Madrid, Uber y Cabify o la patronal de estas empresas, Unauto.

El caso estalló cuando Competencia interpuso un recurso contencioso-administrativo hace ya casi dos años contra el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), aprobado a finales de 2015. El supervisor consideró que esta norma imponía «restricciones innecesarias y discriminatorias» que «obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional». En concreto, la CNMC se refería a que el decreto resucitaba la limitación de 30 taxis por cada vehículo de Uber o Cabify , una relación que había sido suprimida en 2009 con la aplicación de la Ley Omnibus.

Se da la paradoja de que las limitaciones recogidas en el ROTT no se producen en la práctica. Y es gracias al Tribunal Supremo. Muchas personas solicitaron estas autorizaciones entre 2009 y 2015. Pero las comunidades primero, y los tribunales después, las rechazaron. Muchos de estos procedimientos llegaron hasta el TS, que ha empezado a fallar en los últimos meses a favor de los solicitantes. Por ejemplo, en noviembre publicó una sentencia por la que se otorgaron 80 licencias de este tipo.

Como consecuencia, el número de autorizaciones de Uber o Cabify ha crecido con fuerza, mientras que las del taxi se han mantenido estáticas. Según las cifras del Ministerio de Fomento, a comienzos de mes la cifra de concesiones de carácter nacional superaba las 7.000, por unas 64.000 del taxi. La relación, a nivel nacional, se establece por tanto por debajo de diez a una.

Se trata de una situación que ha sido denunciada por el gremio en numerosas ocasiones. De hecho, los taxistas han protagonizado distintas movilizaciones en las que han denunciado el crecimiento de las VTC. El mes pasado, Uber aterrizó en Barcelona.

Todo apunta que esta situación de inseguridad finalizará con la sentencia del Supremo , que avalará el 1:30 o liberalizará el sector. Las sentencias que ha dictado en este ámbito podrían hacer prever que se inclinará por lo primero, pero el propio TS ha señalado que estos fallos no tienen por qué condicionar el veredicto que realice en los próximos días.

Ante la proximidad del caso, desde el sector del taxi se ha advertido del impacto económico que supondría abrir por completo el mercado. Fedetaxi , la asociación más representativa del gremio, ha apuntado que la apertura del mercado tendrá un coste de 8.000 millones de euros. La organización sostiene que estas pérdidas están causadas por la caída en el precio de cada licencia de taxi, que pasaría de valer 104.000 euros a 0 tras una hipotética liberalización. Una situación que también se produciría con las VTC, tasadas en unos 60.000 euros.

Es por ello que no existe un consenso dentro de este último colectivo sobre la decisión que debe adoptar el Tribunal Supremo. Compañías como Uber sí abogan por la liberalización, pero no Unauto ni Cabify, que ha adquirido en los últimos años un gran número de licencias para fomentar su expansión. La nueva norma del Gobierno supondría la enésima vuelta de tuerca a esta situación.