El FROB defiende la resolución del Popular pero insiste en pedir mejoras en la fórmula

«Logró gestionar la situación de inviabilidad del banco español protegiendo la estabilidad del sistema financiero, evitando impacto alguno en los depósitos, ofreciendo completa continuidad operativa a todos los clientes y evitando el uso de recursos públicos», ha explicado durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la crisis de las cajas de ahorros, pero sin aportar mayores novedades. Eso sí, Ponce ha informado de que la Junta enviará por escrito a la Cámara baja una versión no confidencial del informe de valoración del Popular hecho por Deloitte , tal y como exigían los diputados, que se encontraron con la negativa de König, lo que llevó al Parlamento a reprobarla públicamente.

¿Por qué el anuncio de la resolución no incluía la valoración positiva de 1.300 millones de euros que ese informe daba al Popular, y solo se publicaron las negativas de 2.000 y 8.200 millones? «Porque no era realista», ha zanjado Ponce. Lo que sí ha defendido el compareciente es que no ha habido ningún trato de favor al Santander, ni un plan previo para adjudicar el Popular y adjudicarlo a esta entidad ni una agenda paralela de contactos. «No había más intereses que los técnicos», ha insistido el presidente de la agencia de resolución nacional. También ha negado que las deficiencias internas y de funcionamiento de la JUR detectadas por el Tribunal de Cuentas europeo hayan tenido impacto en el caso concreto del Popular.

Ahora bien, y de cara al futuro, Ponce ha reconocido que la caída del Popular ha desvelado problemas a corregir como la gestión de la liquidez en un caso de resolución. Además, el FROB ha apostado por usar más la intervención temprana de las entidades en apuros, lo que implica que las autoridades puedan echar a sus gestores e imponer medidas de recuperación para reconducir la situación del banco y evitar su rescate, y a agilizar la legislación del concurso de acreedores para facilitar la liquidación de bancos. El alto cargo también ha defendido la independencia de las autoridades de resolución nacional, en este caso el FROB, frente a los bancos centrales, y que estén bien dotadas de personal.

El máximo representante del fondo de rescate español ha aprovechado además su comparecencia ante la Cámara baja para actualizar la cifra de las ayudas públicas al sector financiero recuperadas tras la venta de un 7% de Bankia. En concreto, y tras esa operación, el Estado ha recuperado un total de 8.568 millones de euros, el 14,5% de los 59.056 millones inyectados al sistema tanto en forma de capital (56.545 millones) como de garantías a los compradores (2.511) de las cajas nacionalizadas.

En este sentido, Ponce ha recordado que la cifra final de recuperación de ayudas dependerá, fundamentalmente, del precio final de privatización del resto de Bankia en manos del FROB. «haremos un seguimiento continuado del mercado y volveremos a vender en cuanto haya una ventana», ha avanzado. Ahora bien, Ponce ha asegurado que el plazo fijado para la privatización total, diciembre de 2019, es flexible y se puede volver a ampliar su las condiciones de mercado, esto es, el precio, así lo exige. «No se hará una venta forzosa», ha dicho.

El retorno de las ayudas dependerá también del resultado con que se liquide la Sareb y del coste final de las mencionadas garantías concedidas, que actualmente se cifran en esos 2.511 millones. «El rescate fue la mejor de las opciones y probablemente, la única de las alternativas admisibles» , ha dicho, recordando que España ha usado en rescatar a sus bancos menos del 6% del PIB nacional, frente al 20% inyectado en otros como Grecia, Irlanda y Chipre. Ahora bien, es el país de los grandes de la Eurozona que más ayudas ha usado.