El fiscal no rebaja la petición de pena a Blesa ni a Rato pese a devolver el dinero de las «tarjetas black»

En su brillante alegato, el fiscal Alejandro Luzón ha lamentado la «actitud primitiva, casi depredadora» de los banqueros que usaron las Visas B. Según Luzón, las actas de los consejos aludían a unas Visas creadas para gastos de representación, un «eufemismo» para no reconocer que eran un salario, pues ello era ilegal en las cajas de ahorro.

«Los miembros del consejo no pueden esgrimir que la caja no les dijo nada. La caja son ellos. ¿Quién podía si no decirles que estaba mal? ¿Un simple empleado?», ha reflexionado Luzón.

El escrito de acusación distingue entre la responsabilidad, mayor, de los miembros del consejo de administración, y la de cargos directivos. La Fiscalía concluye que los gestores eran conscientes de la ilegalidad del sistema de tarjetas y tenían voluntad de ocultarlo. Luzón recordó que las Visas se ocultaron a los órganos de gobierno de la entidad, no se recogían en los informes sobre retribuciones y no se declaraban a Hacienda porque, según él, los acusados sabían que esas tarjetas violaban la ley de cajas y los estatutos de la entidad. Considera que esas Visas se usaban de forma consciente para saltarse la normativa sobre retribución. Así,ha calificado algunas de esas conductas de «próximas al pillaje o la rapiña».

A lo largo de este proceso el fiscal ha aplicado el atenuante de haber devuelto el dinero y reparar el daño a José Manuel Fernández Norniella, para quien pide tres años de cárcel; Luis Blasco, Ricardo Romero de Tejada, Ramón Espinar, Alberto Recarte, Jesús Pedroche e Ignacio de Navasqües, con 2,5 años; Matías Amat, Beltrán Gutiérrez y José María Buenaventura, que se enfrentan a dos años; Arturo Fernández, Javier López Madrid y Virgilio Zapatero, para quienes pide 1,5 años; y Luis Gabarda, Miguel Corsini, Juan Iranzo y Jorge Rábago, con un año.

Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector general de la entidad, al que se considera uno de los gestores de las tarjetas y el que más gastó con su Visa, más de 575.000 euros, también vio inicialmente reducida la petición. Sin embargo, Luzón elevó su solicitud para este de dos a dos años y medio de prisión.

A la hora de fijar sus peticiones de prisión y multa y aplicar los atenuantes el Ministerio Público ha tenido en cuenta la cantidad gastada por cada uno, que devolviesen el dinero de forma efectiva y no mediante una consigna, cierto reconocimiento del posible delito y la responsabilidad de cada acusado en la caja. «No todos han tenido el mismo comportamiento», ha dicho.

La Fiscalía no rebajó su petición ni para Blesa, que cargó 436.688 euros, ni para Rato, que cargó 99.000 euros, a quienes considera responsables del esquema ilegal. ¿Por qué? En lugar de devolver el dinero, lo consignaron para evitar embargos, ha argumentado Luzón.

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